La Comisión Europea ha ofrecido este miércoles su análisis sobre el cumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea por parte de España y el resto de Estados miembros. Y la imagen es clara: el Gobierno está apurando toda la flexibilidad prevista en las reglas, ajustando el margen para los próximos años y encomendándose a un nuevo relajamiento del cumplimiento de las normas a raíz de la crisis energética para no caer en el incumplimiento en los próximos años. Hasta ahora, el Ejecutivo comunitario descuenta una parte del aumento del gasto en defensa gracias, y ya ha anunciado que prevé extenderlo a ciertas medidas energéticas. En todo caso, la Comisión considera que España está “en riesgo de no cumplimiento”. Ya en 2025, la Comisión señala que el gasto neto primario alcanzó una desviación anual del 0,4%, una décima por encima de lo permitido, aunque con la activación de la cláusula de escape (NEC) por defensa solamente se tiene en cuenta el desvío acumulado desde 2024. En 2026 esa desviación anual es del 0,6%, más del doble de la referencia, y en el acumulado de 2024, 2025 y 2026 la desviación acumulada es del 0,7%, una décima más de lo permitido. Es el aumento del gasto en defensa desde 2024, que a efectos del plan fiscal la Comisión cuantifica en un 0,3% del PIB, lo que deja la desviación acumulada en el 0,4%, cumpliendo con las normas fiscales, pero dejando ya poco margen para el futuro. Las nuevas reglas funcionan con una senda de aumento de gasto neto primario, con el objetivo de comprobar cada año que el gasto público se encuentra bajo control. En esa senda hay un desvío máximo permitido a lo largo de los años, que es del 0,6%. El problema para el Gobierno es que ese margen de aumento de gasto se está empezando a agotar. Las proyecciones de la Comisión Europea señalan que el gasto público primario en 2027 se podría situar en el 1,2% del PIB, y tras tener en cuenta la NEC en defensa, se reduciría hasta un 0,7% del PIB, algo que, sin embargo, seguiría representando un incumplimiento con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La buena noticia para Moncloa y el Ministerio de Hacienda es que este mismo miércoles la Comisión Europea ha propuesto una ampliación de la NEC para el gasto en medidas energéticas que se destinen a reducir la dependencia de combustibles fósiles. Bruselas propone una flexibilidad del 0,3% anual y del 0,6% acumulado hasta 2028. Es una petición que ha hecho en repetidas ocasiones el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, aunque para todo tipo de gasto relacionado con la crisis energética, y no únicamente para medidas relacionadas con la transición energética. En todo caso, y si España hace pleno uso de la nueva flexibilidad ofrecida, permitiría al Gobierno cerrar el 2027, según las actuales proyecciones, en un punto muy similar al de este año. En sus recomendaciones específicas por país, Bruselas señala que “teniendo en cuenta la desviación prevista por la Comisión para 2026 con respecto a la trayectoria de gasto neto recomendada”, España debe “garantizar que el gasto neto respete las tasas máximas de crecimiento recomendadas (...), haciendo uso al mismo tiempo de la flexibilidad que ofrece la cláusula de excepción nacional para un mayor gasto en defensa”. Hay dos opciones para corregir la actual dirección de la senda de gasto: recortar gasto o aumentar ingresos. Ninguna de las dos vías es especialmente sencilla para este Gobierno, que ha sido incapaz de cumplir con su compromiso con la Comisión de aumentar los impuestos sobre el diésel, un hito del Plan de Recuperación que se queda sin cumplir porque no hay una mayoría en el Congreso, pero tampoco para ningún potencial futuro Gobierno. El Partido Popular está haciendo promesas de una bajada de impuestos en caso de llegar a Moncloa que la senda de gasto neto no pondría fácil cumplir, aunque un nuevo Gobierno enviaría un nuevo plan fiscal a medio plazo para negociar sus propias condiciones. La Comisión pone sobre la mesa algunas ideas para corregir la tendencia actual. Propone limitar las exenciones fiscales y tratamientos preferenciales, como por ejemplo acabar con el IVA reducido para restauración y hostelería, que tiene un impacto presupuestario calculado del entorno de 7.000 millones de euros y que beneficia fundamentalmente a las rentas más altas. Bruselas también plantea hacer análisis de gasto a nivel nacional y autonómico y este año no hace una recomendación que sí planteó en 2025: un desplazamiento de la carga fiscal desde el trabajo hacia el consumo, el medio ambiente y la propiedad inmobiliaria. La Comisión Europea ha ofrecido este miércoles su análisis sobre el cumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea por parte de España y el resto de Estados miembros. Y la imagen es clara: el Gobierno está apurando toda la flexibilidad prevista en las reglas, ajustando el margen para los próximos años y encomendándose a un nuevo relajamiento del cumplimiento de las normas a raíz de la crisis energética para no caer en el incumplimiento en los próximos años. Hasta ahora, el Ejecutivo comunitario descuenta una parte del aumento del gasto en defensa gracias, y ya ha anunciado que prevé extenderlo a ciertas medidas energéticas. En todo caso, la Comisión considera que España está “en riesgo de no cumplimiento”.