La Comisión Europea mantiene una queja histórica respecto a algunos aspectos del régimen del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de España. En sus recomendaciones específicas por país, el Ejecutivo comunitario critica el tipo reducido de IVA en bares, hoteles y restaurantes, un ámbito que beneficia especialmente a los más ricos. Bruselas considera que España debería apoyarse en un aumento de la recaudación por esta vía, dando algo de aire a los impuestos sobre el trabajo. "El aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre el trabajo explica el 90% del incremento de la presión fiscal en España durante la última década, lo que refleja una creciente dependencia de la fiscalidad sobre el empleo", señala. Todo ocurre en un entorno de finanzas muy ajustadas. También este miércoles la Comisión ha señalado que la cláusula de escape que permite no tener en cuenta ciertos gastos en defensa para el cumplimiento de las reglas fiscales ha sido clave para que el desvío acumulado en la senda de gasto público se haya mantenido en el 0,4% del PIB en vez del 0,7%, lo que habría dejado al país una décima por encima de lo permitido por las reglas fiscales. "Los ingresos procedentes de los impuestos sobre el consumo y los impuestos medioambientales se sitúan por debajo de la media de la UE, tanto en porcentaje del PIB como en porcentaje de los ingresos fiscales totales. Los ingresos por impuestos medioambientales ascendieron al 1,6% del PIB en España, frente al 2,1% en la UE. España presenta las mayores disparidades en materia de política del IVA de la UE, como consecuencia de una de las mayores diferencias en los tipos del IVA y de la mayor disparidad en las exenciones del IVA motivadas por la política nacional", explica la Comisión Europea en su informe. "Entre las categorías a las que se aplican tipos preferenciales del IVA, destacan los servicios de restauración y alojamiento por su gran impacto presupuestario, frente a un efecto redistributivo muy limitado", añade el Ejecutivo comunitario. "Un uso más limitado de los tipos preferenciales del IVA contribuiría a simplificar el sistema tributario. A pesar de algunas evaluaciones recientes (en particular de la AIReF), no existe un enfoque sistemático para evaluar la eficacia de los gastos fiscales. La calidad de las finanzas públicas podría beneficiarse de una mejora de la información consolidada y de una evaluación sistemática de todos los gastos fiscales a todos los niveles territoriales", subraya. "Esta es la parte del IVA que más beneficia a las rentas altas", explica una fuente comunitaria. El aumento del impuesto se traduciría, según cálculos de la AiRef, en un aumento de los ingresos fiscales del 0,4% del PIB, unos 7.000 millones de euros según señalan las fuentes. La Comisión no ha incluido el punto del IVA en la sección de recomendaciones formales, aunque en el caso de Italia, muy similar, sí lo ha hecho. En cambio, Bruselas recomienda "reforzar la sostenibilidad fiscal, en particular limitando las exenciones fiscales, al tiempo que se protege el crecimiento y se presta apoyo a los hogares con bajos ingresos". También pide "aumentar la eficiencia del gasto mediante una mejor supervisión de los gastos fiscales y la realización de revisiones del gasto a nivel nacional y regional". La Comisión sabe que el Gobierno tiene muy difícil sacar adelante medidas de este tipo en el Congreso de los Diputados. Lo sabe bien porque la petición de un aumento del impuesto sobre el diésel, que se incluyó en el Plan de Recuperación español, ha quedado totalmente bloqueada para exasperación de Bruselas, que hará un desembolso parcial del sexto pago previsto precisamente por la incapacidad del Gobierno de cumplir con ese compromiso. Otras recomendaciones Además, la Comisión recomienda "reequilibrar el gasto social entre generaciones y mejorar la cobertura y la adecuación de las transferencias sociales y la asistencia social, así como su vinculación con la inserción laboral, reduciendo aún más las desigualdades de ingresos". Es otra crítica histórica del Ejecutivo comunitario, que ya fue reacio a la actual reforma de las pensiones. Bruselas también solicita al Gobierno "intensificar y acelerar" los esfuerzos para "identificar y resolver los obstáculos normativos, así como para reducir la fragmentación normativa entre las distintas regiones". "El nivel de restricción normativa es especialmente elevado en el sector minorista. Esta complejidad administrativa afecta a la creación de empresas debido a los engorrosos procedimientos de concesión de licencias y autorizaciones, lo que genera obstáculos adicionales para la entrada en el mercado y la inversión, y perjudica a los consumidores", explica la Comisión. "A España le convendría una mayor convergencia de las normativas sobre el comercio minorista para mejorar el entorno empresarial y fomentar la competencia, especialmente en la venta al por menor de medicamentos. (...) Las diferencias normativas entre las comunidades autónomas españolas aumentan aún más los costes de cumplimiento y crean barreras para las empresas que operan entre comunidades y desde otros países de la UE, lo que reduce las opciones y aumenta los precios para los consumidores", añade el documento publicado este miércoles, pidiendo profundizar el proyecto de "régimen 20", pues está en marcha por el Gobierno. Justo en estos momentos, la UE se está lanzando a un proyecto de "régimen 28" para facilitar las actividades empresariales en toda la Unión. La Comisión Europea mantiene una queja histórica respecto a algunos aspectos del régimen del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de España. En sus recomendaciones específicas por país, el Ejecutivo comunitario critica el tipo reducido de IVA en bares, hoteles y restaurantes, un ámbito que beneficia especialmente a los más ricos. Bruselas considera que España debería apoyarse en un aumento de la recaudación por esta vía, dando algo de aire a los impuestos sobre el trabajo. "El aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre el trabajo explica el 90% del incremento de la presión fiscal en España durante la última década, lo que refleja una creciente dependencia de la fiscalidad sobre el empleo", señala.