FundamentosLos magistrados pueden contar con recursos valiosos para preservar nuestro patrimonio electoral.
Muy pocos recuerdan hoy cómo solían ser los procesos electorales en Guatemala antes de 1985. Con una autoridad no independiente que solía transmitir resultados muy lentamente, conteos que se efectuaban sin la presencia de medios u observadores, informes electorales de los departamentos que procedían de telegramas de dudoso origen, juntas electorales integradas por obligación, papelería electoral trasladada por el Ejército y bolsas que contenían papeletas que terminaban en los oscuros sótanos de la Municipalidad o en las bodegas del Congreso. Con la suma de todos estos factores, era frecuente la sensación de que se cometían fraudes en cada evento electoral.
Pero todo ello cambió. Con un marco constitucional diferente que creaba una nueva institución —el Tribunal Supremo Electoral— y el acierto de haber depositado la responsabilidad de manejarlo en una generación de juristas de gran respeto, en pocos años pasamos de elecciones permanentemente cuestionadas a tener un sistema electoral confiable, transparente y participativo. Las piedras angulares de ese nuevo sistema fueron pocas, pero decisivas. La integración temporal, por ciudadanos voluntarios, de las juntas electorales. Un sistema de registro de la voluntad popular basada en papel y en actas, cuyas copias debidamente firmadas por todos quedaban en manos de los distintos fiscales de partidos. Un sistema de transmisión preliminar de resultados que permitía agilizar el conocimiento de los resultados electorales, además de permitir en forma transparente que cualquier persona pudiera corroborar que el resultado que se cargaba en el sistema correspondiera con el que tenía en la copia de su acta. Con esa carta de navegación, sencilla pero práctica, los guatemaltecos tuvimos casi 40 años de paz política.
