El asunto no es menor, porque afecta nada menos que la independencia judicial, que es irrenunciable. Conviene entonces recordar la lógica de la separación de poderes. No se trata de una distribución burocrática de funciones —quién administra, quién legisla, quién juzga—, sino de un mecanismo de contención del poder. La memoria también ayuda. El gobierno de Alberto Fernández retiró los pliegos propuestos por Mauricio Macri para cubrir cargos judiciales, con el argumento de que esos candidatos habían instrumentado la persecución de ex funcionarios kirchneristas y serían premiados con un ascenso; el Senado, en consecuencia, los devolvió al Ejecutivo. Poco después, ya en funciones, la administración de Javier Milei pidió al Senado el retiro de 62 pliegos enviados por la gestión anterior. El patrón se repite, cualquiera sea el signo político. El punto técnico es claro: retirar de manera unilateral un pliego que el Senado ya recibió y al que dio estado parlamentario constituye un ataque a la institucionalidad. El Reglamento de la Cámara Alta no deja margen: "Los proyectos, mensajes o demás asuntos presentados al Senado no pueden ser retirados o girados al archivo, sin anuencia de aquél". El pedido de acuerdo es apenas una parte del proceso; una vez girado, es el Senado —y no el Ejecutivo— quien decide si retira o archiva. La pelota está en el campo de la Cámara Alta. El Gobierno ignoró esa distinción, y el detalle no es decorativo.