Fotografía de archivo, tomada el pasado 1 de mayo, en la que se captó al máximo dirigente de la Central Obrera de Bolivia (COB), Mario Argollo (4-i), durante un acto público por el Día Internacional del Trabajo, en El Alto (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas
La Justicia boliviana está en una ida y vuelta con la situación jurídica de los dirigentes de las protestas sociales que han paralizado el país con bloqueos desde hace casi un mes. La semana pasada, se anularon órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari, Vicente Salazar, quienes habían condicionado su asistencia a una mesa de diálogo a que quedaran sin efecto los mandamientos de captura en su contra.PUBLICIDADSin embargo, pese a que se aceptó esa demanda, ninguno de los dos dirigentes se presentó al espacio convocado el domingo por el vicepresidente Edmand Lara con mediación de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos. El lunes, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Margoth Pérez, afirmó que la decisión judicial que anuló las órdenes de aprehensión no es “definitiva” y que el proceso puede seguir su curso.PUBLICIDADPersonas caminan por una vía cerrada durante una jornada de bloqueos por parte de transportistas en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
