El malestar de los profesores escalará a nivel nacional si no se producen cambios antes del próximo curso. El sindicato CSIF ha anunciado este martes que convocará movilizaciones en toda España a partir de septiembre, con la amenaza de una huelga general, para reclamar la mejora de las condiciones de los docentes y en protesta por la "parálisis" de las administraciones. Bajo el lema 'En defensa de la escuela pública', el presidente del sector nacional de Educación del sindicato, Mario Gutiérrez, ha instado al resto de organizaciones del país a unirse a estas protestas, que, según ha explicado en rueda de prensa, estallan tras el "abandono" que asegura que sufre la educación pública, tanto por parte del Gobierno central como de las comunidades autónomas. "Hacemos un llamamiento al resto de organizaciones sindicales porque este reto nos supera", ha instado Gutiérrez, tras denunciar el "abandono" de la educación pública que, según ha señalado, aboca a los docentes a trabajar a diario sin los recursos materiales y humanos suficientes como para "seguir ofreciendo una educación de calidad". El anuncio se produce en medio del conflicto abierto en Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, donde los profesores llevan días saliendo a la calle pidiendo una mejora de sus condiciones laborales, y después de que CCOO y UGT anunciasen una huelga indefinida en la Comunidad de Madrid, también a partir de septiembre. Con esta convocatoria, CSIF dice querer "dar una visión de conjunto de este malestar" que se está expresando en varias regiones del país. Una inquietud que surge de un "conjunto de problemas" que, según el sindicato, la escuela pública arrastra desde hace años. El sindicato habla de "falta de inversión real", ratios excesivas en las aulas, un gasto "desigual" por alumno entre comunidades autónomas, alta interinidad del profesorado, "exceso" de burocracia y un "escaso reconocimiento" de la figura del docente y retribución insuficiente. "A esta situación hay que sumar que la inestabilidad política y la falta de apoyo de Gobierno está congelando la tramitación del proyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario", subraya CSIF, en referencia a la norma que reduce las ratios y el horario lectivo de los profesores, que aterrizó en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de abril. Según el sindicato, esa "parálisis" está provocando el bloqueo de otras iniciativas, como más recursos para la atención de la diversidad del alumnado y de aquellos que necesitan apoyo específico, como los alumnos con discapacidad. La organización asegura que el número de alumnos con necesidades de apoyo educativo se ha triplicado desde 2011, suponen ya un 17% de los centros públicos y el 15% del total en el sistema no universitario. Además, CSIF señala que el número de alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se ha multiplicado por seis en los últimos 14 años, pasando de los 19.023 alumnos en el curso 2011-2012, a los 107.999 registrados en 2024-2025. Un aumento para el cual, según el sindicato, hace falta una dotación de especialistas (pedagogos, terapeutas, expertos en audición y lenguaje y orientadores) "muy superior al actual", pues actualmente identifican una "brecha" entre el alumnado que lo necesita y los recursos asignados. "Es el déficit más grave y menos visible del sistema", insiste CSIF, que pide que el futuro Estatuto Docente fija ratios máximas de atención especializada."Descontrol" de fondosDenuncian también un "descontrol" de fondos europeos que, a su juicio, no se han destinado a transformar el sistema educativo y a mejorar las condiciones del profesorado, sino sobre todo a la digitalización de centros, formación de profesores, competencias digitales y programas de inclusión educativa. "En este sentido, proponemos la creación de un Plan Nacional de Equiparación Retributivo Docente que incluya un fondo nacional de equiparación que reduzca las diferencias salariales entre docentes en las comunidades autónomas".Ante este escenario, el sindicato reclama medidas "urgentes" para la educación pública, como el incremento progresivo hasta el 7% del PIB en educación y un gasto mínimo por alumno de 7.421 euros. También exigen una disminución "efectiva" de ratios, la reducción de la interinidad de los docentes al 8% mediante convocatorias anuales de oposiciones (ahora ronda el 30%) y una homogeneización de "competencias básicas" en todas las comunidades autónomas, así como una prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado. "El sindicato CSIF ha iniciado una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, así como con el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española", informan.El Gobierno se escuda en las competencias autonómicasPoco después de anunciarse las movilizaciones, la ministra de Educación se ha escudado en las competencias de las comunidades, a quien les traslada la responsabilidad de este malestar. Preguntada sobre el tema en la rueda posterior al Consejo de Ministros, Milagros Tolón ha recordado que los gobiernos autonómicos son los que gestionan los fondos transferidos por el Estado para educación."La gestión de la Educación la llevan las Comunidades Autónomas y encima de la mesa hay proyectos como el de la bajada de las ratios en las aulas y de la jornada docente, que compartimos con el Consejo Escolar del Estado y con toda la comunidad educativa", ha zanjado, antes de recordar que este miércoles se reunirá con los consejeros del ramo en el marco de la Conferencia Sectorial que hay convocada en la sede del ministerio.