TRUJILLO, Perú (AP) — En una zona desértica de la provincia peruana de Trujillo, sobre el Pacífico, Gladys Saavedra mira con recelo a los desconocidos que llegan al pequeño mercado donde trabaja junto a un grupo de mujeres que, pese a las pocas ventas, deben pagar 300 dólares mensuales a los extorsionadores.El mercado fue incendiado en junio del año pasado cuando las socias se negaron a ceder a las amenazas. Días después marcharon exigiendo protección a las autoridades. Nada cambió. En agosto de 2024 la casa de Saavedra había sido atacada con explosivos que destrozaron la puerta y partes del techo por otra extorsión. Como precaución su único hijo no fue por algunos días a la universidad y ella entregó su celular a la policía para colaborar con la investigación. Un mes después se lo devolvieron tras no poder descubrir quiénes la extorsionaban.
Saavedra, de 49 años, aseguró que las amenazas provocan que las víctimas —muchas de ellas madres solteras— no salgan por días de sus hogares. “No puedes ni asomar la cabeza por miedo a un balazo”, dijo a The Associated Press. La casa “es una cárcel sin rejas”.El temor a la violencia es la principal preocupación de los peruanos que el próximo 7 de junio elegirán a un nuevo presidente en un balotaje.
