Miguel Hurtado, el primer denunciante de los abusos sexuales cometidos por miembros del Monasterio de Montserrat, impulsa la creación de la plataforma Reparación Integral Ya. El objetivo es hacer un seguimiento del grado de cumplimiento del acuerdo pactado hace dos meses entre el Gobierno español y la Iglesia católica en cuanto a las indemnizaciones a las víctimas, y para aglutinar los casos donde las instituciones eclesiásticas se niegan a pagar. Hurtado cree que su caso es el primero de otros que se sucederán, donde una institución eclesiástica se declara "insumisa" en el cumplimiento del acuerdo.Publicidad"La Abadía de Montserrat se ha declarado insumisa moral y ha dicho que no cumplirá el acuerdo pactado [con el Estado]", asegura Hurtado en conversación con Público. "Si el papa [León XIV] visita la Abadía, lo que hará es alentar a las instituciones católicas a romper este pacto, por eso es tan grave que vaya a Montserrat", critica. Hurtado presentará la plataforma este martes, a las 12.00 horas, ante la Nunciatura, es decir, a las puertas de la embajada de la Santa Sede en Madrid. Lo hará después de entregar una carta dirigida al pontífice, donde pide suspender la visita a la Abadía de Montserrat y donde vuelve a pedir agendar una visita con las víctimas de los abusos a menores de la Iglesia española, una petición que también se ha vehiculado a través de asociaciones. "Lo que están ensayando en Montserrat es ver si se puede romper el pacto", asegura Hurtado. El pasado enero, el Gobierno español, la Conferència Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) llegaron a un acuerdo con el fin de reparar y reconocer a las víctimas de abusos. Un acuerdo que se cerró definitivamente a finales de marzo y que entró en vigor a mediados de abril.El protocolo establece que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sea el órgano encargado de recibir los casos, mientras que la Unidad de Víctimas del Defensor Pueblo sea la encargada de escuchar a las víctimas, y en último caso, la congregación o institución religiosa donde ocurrieron los hechos, sería quien afrontaría la indemnización. Sin embargo, Hurtado denuncia que el acuerdo es "muy, muy frágil", porque "no hay ninguna obligación legal en el pacto entre el Gobierno español y la Iglesia con el fin de obligar a las instituciones religiosas a pagar las indemnizaciones". PublicidadEn un comunicado enviado este lunes, Hurtado acusa a la Abadía de Montserrat de ser "la primera institución católica en Catalunya y España que se declara insumisa moral, negándose a implementar el acuerdo Iglesia-Estado suscrito por el ministro Bolaños y los presidentes de la CONFER y la CEE en abril de este año". La insumisión moral se produce cuando una institución católica se niega a reparar integralmente a sus víctimas, incluyendo las medidas económicas y simbólicas, excepto en los casos en que tenga la obligación legal de hacerlo, que es cuando hay una sentencia judicial, penal o civil condenatoria. "Se desconoce cuántas instituciones católicas se declararán insumisas morales", continúa el comunicado.Miguel Hurtado pide la aprobación de un plan integral de reparación para las víctimas del Monasterio, que ascienden a 15, según indica la propia web de la plataforma, que incluya indemnizaciones económicas, así como otros actos de reparación simbólicos. También pide el cese inmediato de cualquier obispo o superior religioso que se declare insumiso moral. PublicidadEl papa es la única autoridad con poder jerárquico para obligar a hacer pagar una orden religiosa o diócesis insumisa. "Ni la Conferencia Episcopal Española (CEE) ni la Conferència Española de Religiosos (CONFER) tienen competencia según el código de derecho canónico para forzarlas a asumir su responsabilidad moral", asegura Hurtado.El abogado y psiquiatra ha alertado en su carta entregada a la Nunciatura de que Montserrat, "además de ser la zona cero de la pederastia clerical en Catalunya, es el laboratorio del sector más reaccionario de la Iglesia, por promover la impunidad y la insumisión moral, dinamitando el acuerdo de reparación".Con su visita, considera que el Papa estará "blanqueando" estos delitos y "generando un efecto llamada", incitando a otras diócesis y órdenes religiosas de toda España a declararse insumisas morales.¿Quién audita la implementación del pacto Iglesia-Estado?Según Hurtado, el Gobierno español se niega a hacer una auditoría para listar todas las instituciones católicas que se han descolgado del acuerdo firmado. El movimiento Reparación Integral Ya alerta de que este marco deja en total desamparo a las víctimas si una institución católica decide declararse insumisa moral, dado que las diócesis y órdenes conservan total libertad para decidir si pagan o no. Hurtado asegura que, al denunciar este vacío legal, el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, se limitó a derivar la responsabilidad pidiendo a la víctima que "pida explicaciones a la jerarquía católica española". "Es la sociedad civil quien lo tendrá que monitorizar", concluye Hurtado.Denunciar por la vía civil, una fórmula en litigioHurtado mantiene activa una denuncia por la vía de la reclamación civil a la Abadía de Montserrat y al obispado de Sant Feliu de Llobregat por valor de 150.000 euros. La demanda es novedosa, ya que se ha utilizado poco la vía civil para reclamar una reparación de abusos sexuales. El juicio, que se producirá el próximo mes de julio, podría abrir también un camino para aquellas víctimas a quienes les han prescrito los delitos por la vía penal.En 2019 la misma Abadía reconoció públicamente que el monje Andreu Soler fue un "depredador sexual y pederasta" que abusó de 12 menores durante 30 años de manera impune. Uno de esos menores fue Miguel Hurtado. El Abad de la época, Josep Maria Soler, pidió perdón por los abusos sexuales dos veces diferentes durante la misa conventual. PublicidadSin embargo, en los tribunales, el monasterio defiende ahora la presunción de inocencia de Andreu, razonando que se trata de presuntos delitos, no de hechos probados de conocimiento público. Por otra parte, el informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia identificó el caso de la Abadía de Montserrat como un caso notorio de pederastia clerical en nuestro país debido a la elevada repercusión mediática y del elevado número de víctimas.