El Estado de Florida presentó una demanda civil contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, por presuntas prácticas engañosas, falta de controles para menores de edad y por minimizar los riesgos asociados al uso de ChatGPT. La acción judicial, impulsada por el fiscal general James Uthmeier, marca la primera ofensiva legal promovida por un Estado estadounidense contra la empresa creadora del popular chatbot de inteligencia artificial. La presentación fue realizada ante un tribunal estatal y acusa a OpenAI de haber lanzado un producto potencialmente peligroso para niños y adolescentes sin implementar mecanismos adecuados de protección, mientras transmitía a los usuarios y sus familias una falsa sensación de seguridad sobre la herramienta. El desencadenante se produjo tras una investigación por un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida (FSU), donde murieron dos personas. Según la argumentación de la fiscalía, el chatbot de OpenAI proporcionó "asesoramiento significativo al atacante antes de que cometiera estos crímenes atroces", detallando qué tipo de arma y munición utilizar, y si el asalto debía ser a corta distancia.
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