El Contraalmirante Carlos Sardiello, de las U.S. Naval Forces Southern Command y Cuarta Flota de EE.UU., y el Almirante Juan Carlos Romay, de la Armada Argentina, firmaron una Carta de Intención que, según la información oficial de Estados Unidos, tendría como objetivo principal “fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur; combatir las amenazas de la pesca ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilícitas; mejorar la vigilancia, patrullaje y monitoreo conjunto; y proporcionar equipamiento avanzado, patrullaje, entrenamiento de élite e interoperabilidad durante cinco años”. No está claro si se trata de una transferencia de conocimientos, tecnología y equipamiento o si la flota de Estados Unidos tendrá un rol activo dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina o fuera de ella, y ello debería ser precisado en forma inmediata por la Armada Argentina porque, conforme a ello, esta institución podría estar violando o no el artículo 75° de la Constitución Nacional. Esta Carta de Intención se estaría enmarcando en el Programa para la Protección de Bienes Comunes Globales (Protecting Global Commons Program), y ello lleva a tratar de analizar el alcance de este comunicado porque no hay precisiones públicas sobre el mismo. Hasta el momento, parece una admisión de las incapacidades del gobierno argentino para controlar el Atlántico Sudoccidental y un avance de Estados Unidos en la región.