El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, y el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, este jueves en la Audiencia de Badajoz (EFE/ Ballesteros POOL)El secretario general de la Diputación de Badajoz, Enrique Pedrero Balas, ha asegurado este lunes ante la Audiencia Provincial de Badajoz que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que afectó a David Sánchez Pérez-Castejón en 2022 respondió a un procedimiento ajustado a la legalidad y promovido desde los órganos políticos de la institución, al tratarse de decisiones vinculadas a la organización interna de la administración.Pedrero ha comparecido como testigo en el juicio que analiza la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de la Diputación de Badajoz. El proceso judicial se centra en la incorporación de David Sánchez en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios provinciales y en su posterior desempeño como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.PUBLICIDADDurante su declaración, el secretario general ha explicado el funcionamiento habitual de la administración provincial en relación con la creación, modificación o adaptación de puestos de trabajo. Según ha detallado, las decisiones administrativas de este tipo parten siempre de un responsable de área, pero deben sustentarse en una propuesta impulsada por un órgano político, que es el encargado de definir la estructura organizativa de la institución.En este sentido, ha señalado que las modificaciones de las RPT forman parte de la capacidad de autoorganización de la administración pública. De acuerdo con su testimonio, corresponde a los responsables políticos determinar la configuración de los servicios y puestos necesarios para el funcionamiento de la entidad, mientras que los funcionarios ejercen el control jurídico de los expedientes para garantizar que se ajustan a la normativa vigente.PUBLICIDADPedrero ha insistido en que existe una clara diferenciación entre la iniciativa política y la supervisión legal de las decisiones. Aunque las propuestas de reorganización tengan un origen político, ha afirmado que estas quedan sometidas al análisis y fiscalización de los funcionarios competentes, entre ellos la Secretaría General.(Noticia en ampliación)