Los acreedores internacionales de España, que le exigen un total de 2.300 millones de euros en condenas impagadas más intereses por la negativa del Gobierno a resarcirles por el 'hachazo' a las renovables de 2013, han dado un paso más para cobrarse parte de esta deuda mediante la subasta de la sede del Instituto Cervantes de Utrecht, en Países Bajos.En este caso. la multinacional Toyota reclama a España 10 millones de euros, una valoración calculada en función de su ubicación en una zona de elevado valor inmobiliario como por sus características arquitectónicas y patrimoniales. Con ello buscar dar cumplimiento al laudo internacional que le dio la razón en su reclamación económica por la minoración de la rentabilidad que esperaba de sus inversiones en parques renovables en España, después de que en 2013 el Gobierno, entonces de Mariano Rajoy, eliminara las primas e introdujera una nueva regulación que se denominó el 'impuesto al sol'.Como hicieron otros muchos inversores -ellos mismos o fondos de inversión a los que vendieron la deuda-, Toyota siguió litigando y hace unas semanas un juzgado de Utrecht autorizó el embargo del Instituto Cervantes en esta ciudad para cobrarse la deuda. Entonces, fuentes jurídicas indicaron que el Instituto Cervantes podría continuar en el inmueble hasta que su nuevo propietario, Toyota, determinará qué hacer con él y ese es justo el último paso que se acaba de dar, porque la compañía ha iniciado los trámites para que pueda ser embargado y, por tanto, cobrarse la deuda.Sus representantes legales han certificado la toma de posesión efectiva del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht personándose allí para formalizar los trámites asociados a la ejecución decretada por los tribunales holandeses.España recurre contra la segunda sede del Instituto CervantesEl Gobierno español tiene recurrida esta decisión del tribunal de Utrech de permitir el embargo, que se produce dentro de la UE, donde la Comisión Europea determinó el año pasado que este tipo de litigios contravenían las normas comunitarias e instó a España a no pagar. Incluso, ha abierto un expediente en contra de Bélgica, otro país europeo cuyos tribunales también han fallado a favor de que los acreedores puedan recuperar parte de la deuda con España mediante el embargo de sus activos allí. En este caso, por el embargo de los pagos anuales de Eurocontrol al gestor de navegación aérea de España, Enaire, que ascienden a 840 millones y de los que España ha consignado el pago 250 millones para poder recurrir esta decisión, que también parte de la reclamación de Toyota en una práctica habitual, la reclamación ante los tribunales de distintos países, para tener más posibilidades de cobrar la deuda. La de Utrecht no es la única sede del Instituto Cervantes que está en el punto de mira de los acreedores de España por el 'hachazo' a las renovables y sobre la que pesa una orden de embargo. Uno de los inmuebles del organismo cultural en Londres se encuentra en esta misma situación desde agosto de 2023, sin que por el momento se haya ejecutado. Estos litigios y los que se dirimen en cortes de Estados Unidos tienen su origen en el recorte con carácter retroactivo de la rentabilidad que preveían los inversores en renovables en España, animados por los incentivos que introdujo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para construir parques eólicos en España. Estas ayudas fueron cuestionadas por la Comisión Europea por suponer ayudas de Estado ilegales y en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy las eliminó con una regulación que se conoce como el "impuesto al sol". Estos cambios legislativos se aplicaron con carácter retroactivo a inversores que vieron reducirse sus expectativas de rentabilidad y que empezaron a litigar contra España para ser indemnizados. Con el actual Gobierno de Pedro Sánchez, se intentó llegar a un acuerdo ofreciendo una rentabilidad que, si bien no era tan buena como la inicial, mejoraba la norma del PP. Algunos inversores se conformaron, pero otros siguieron litigando, por sus propios medios o vendiendo sus casos a fondos de inversión que ahora luchan por recuperar al menos parte de las cantidades que tanto cortes internacionales de arbitraje como tribunales nacionales en Estados Unidos, Reino Unido, Singapur o Australia han ido fallando en su contra.