Poco después de que comenzaran a conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia —que dieron la victoria al candidato de derechas Abelardo de la Espriella, con el 43% de los votos, frente al 40,9% obtenido por Iván Cepeda, el aspirante oficialista—, el presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó que no aceptaba los resultados del preconteo electoral. "Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista (dueños de la compañía Thomas Greg & Sons, involucrada en el proceso) porque, debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", ha señalado el inquilino de la Casa de Nariño en un mensaje en redes. Las acusaciones de Petro se dirigen contra la empresa privada Thomas Greg & Sons, que tiene adjudicada por la Registraduría la gestión de la logística electoral. En Colombia, los resultados de la noche electoral proceden de un preconteo preliminar que sirve para ofrecer una fotografía rápida del escrutinio político, aunque carece de validez legal. Los resultados oficiales se conocen posteriormente, una vez finalizado el escrutinio formal del que se encargan comisiones integradas por jueces, notarios y otros funcionarios públicos. Es durante este proceso cuando se revisan una a una las mesas electorales y se analizan las posibles inconsistencias o reclamaciones registradas durante la jornada electoral. Para Petro, el problema radica precisamente en ese preconteo. Insistió en que el conteo difundido durante la jornada electoral "no tiene fuerza vinculante" y denunció la existencia de dos bases de datos distintas: el censo electoral oficial y otra incorporada al software utilizado en el proceso, que, según sostiene, incluye 800.000 personas adicionales. De esta forma, aseguró que los resultados vinculantes que aceptará "son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República". El mandatario latinoamericano ha sostenido, además, que "las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes", por lo que, ha remarcado, "los resultados vinculantes" que "atenderá y aceptará" son "los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República". La Espriella, por su parte, ha criticado abiertamente las declaraciones de Petro y ha pedido a la izquierda "no desconocer la voluntad popular". "Más de diez millones de colombianos confiaron en 'El Tigre' (sus seguidores le identifican como tal) y se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre", aseguró. No se trata de la primera vez que Petro presenta objeciones sobre el proceso citando, en concreto, a los hermanos Gutiérrez, dueños de la empresa Thomas Greg & Sons. Una de las nueve empresas que forman parte de la Unión Temporal Integración Logística Electoral, consorcio que ha prestado asistencia electoral desde 2007 y que recibió la adjudicación de la logística y el soporte tecnológico de las elecciones de 2026. La empresa estuvo involucrada en una de las mayores polémicas del mandato de Petro, marcado por múltiples nombramientos y destituciones en el Ministerio de Exteriores por la adjudicación de la emisión de pasaportes. En 2024, el entonces titular de la cartera Álvaro Leyva fue suspendido de su cargo tras considerar la Fiscalía General que se habría extralimitado en sus funciones al evitar en dos instancias conceder la adjudicación a Thomas Greg & Sons pese a que la empresa cumplía los requisitos. Durante su suspensión asumió el liderazgo de la cartera Luis Gilberto Murillo, hasta que en enero de 2025 lo relevó Laura Sarabia tras una crisis diplomática con Estados Unidos. Poco después, Sarabia anunció la renovación del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para ampliar casi un año más el acuerdo para pasaportes, pero quedó públicamente desautorizada por Presidencia, que optó en cambio por la elaboración de documentos a través de Portugal. Sarabia anunció su dimisión menos de medio año después de asumir el cargo de ministra, a la que sucedió Rosa Villavicencio, la actual jefa de la cartera. Críticas de la oposición La oposición, por su parte, asegura que esto es un intento de sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso en un momento especialmente delicado para el oficialismo. El expresidente Iván Duque acusó directamente a Petro de intentar "desconocer la democracia y la organización electoral" y reclamó una respuesta inmediata de las instituciones colombianas, además de pedir a la comunidad internacional que permanezca "alerta ante esta amenaza". "No podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías; por lo tanto, se requiere la unidad de todos los demócratas de Colombia para rechazar este intento de usurpar el triunfo del pueblo", sostuvo el exmandatario. En términos similares se expresó Alejandro Gaviria, exministro de Educación durante el Gobierno de Petro, quien aseguró que el presidente colombiano "no es un demócrata". En referencia al mensaje publicado por el mandatario en redes sociales, Gaviria afirmó que "un demócrata se reconoce por su disposición a perder, a aceptar las reglas de juego y a conceder con grandeza". Poco después de que comenzaran a conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia —que dieron la victoria al candidato de derechas Abelardo de la Espriella, con el 43% de los votos, frente al 40,9% obtenido por Iván Cepeda, el aspirante oficialista—, el presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó que no aceptaba los resultados del preconteo electoral.