Nunca un verano hizo tanta falta a un Gobierno. El PSOE y Sumar se agarran al calor y la distensión de agosto para bajar las pulsaciones políticas, hacer control de daños y recolocarse de cara a septiembre, cuando empezará de verdad la carrera hacia las elecciones municipales y generales de 2027 (si no se adelantan). Pero, antes de eso, pueden apuntarse algunas victorias parlamentarias. La pregunta es cuántas. En junio, salvo giro drástico, se aprobarán en el Pleno del Congreso de los Diputados las leyes para convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de autoridad y para que los mutualistas de más de 52 años puedan traspasar su cotización a la Seguridad Social. Pocas dudas en cuanto a esas dos.PublicidadSin embargo, hay otras iniciativas de más calado político cuyas negociaciones se están intensificando en los últimos días y que también podrían aprobarse antes del mes de agosto, habida cuenta de que julio suele habilitarse precisamente para dar carpetazo a leyes o decretos rezagados. Son, especialmente, la ley de lobbies y la ley para otorgar la nacionalidad al pueblo saharaui, aunque también avanza la norma para prohibir en España las terapias de conversión sexual.Ley de nacionalidad del pueblo saharauiLa ley que, de salir adelante, reconocerá la nacionalidad del pueblo saharaui es una de esas normas que llevan meses y meses navegando en la tramitación parlamentaria. La registró Sumar en marzo de 2024 y el PSOE la votó en contra en su toma en consideración. La lectura que se hizo —y se hace— con respecto a la posición socialista es el sometimiento de España a la presión que ejerce, desde el otro lado del Estrecho, Marruecos. Pero el PP apoyó la admisión a trámite y, según explican a Público fuentes de Sumar, que se han emplazado con los de Alberto Núñez Feijóo para seguir hablando la próxima semana, no es descartable que puedan mantener ese posicionamiento. Pero tampoco ven al PSOE tan cerrado como meses atrás.Una voz autorizada de los socialistas en la cámara evita descartar que se pueda resolver la cuestión antes de verano, pero no lo ve claro. Las fuentes de Sumar consultadas, en cualquier caso, aseguran que el tono que perciben desde la parte del PSOE del Ejecutivo es más tranquilizador —"con menos agobio"— que en otros momentos de la negociación. Los de Yolanda Díaz se marcan como objetivo convocar la ponencia de la ley en junio y llevarla a Pleno para su votación definitiva el 22 de julio, cuando calculan que se celebrará una sesión extraordinaria. La estrategia de Sumar, el grupo que promueve la ley, pasa por evitar que tenga que ser el PSOE el que tome la iniciativa de convocar la ponencia, toda vez que no es una medida con la que el principal partido del Gobierno se sienta cómodo. El problema es que es un socialista, Joaquín Martínez Salmerón, el presidente de la Comisión de Justicia, donde se está tramitando la norma. Él es quien tiene la potestad de convocar la ponencia. Lo que busca Sumar es convencer al resto de fuerzas políticas para empujar al socio mayoritario del Ejecutivo. Provocar la votación. Los de Díaz creen que, "llegado el momento, el PSOE no se va a oponer".Publicidad¿Qué promueve la ley?La ley permitirá a los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976 solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza en los dos años posteriores a la aplicación de la norma acreditando algunas de las pruebas que contempla el texto legislativo: DNI español de aquel momento, aunque estuviera caducado; certificado para el censo del referéndum de la ONU; certificado de los campos de refugiados de Tinduf; partida de nacimiento; libro de familia u otros. Los familiares de primer grado de consanguineidad tendrán cinco años para hacerlo.Además, la norma incluye una reforma del Código Civil, en concreto de su artículo 22. La modificación consiste en añadir al pueblo saharaui a la lista de grupos de población que solo tiene que demostrar una residencia en España de dos años para obtener la nacionalidad, en lugar de los diez años que tienen que acreditar los saharauis en la actualidad. Así, se igualaría al pueblo saharaui con los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o los sefardíes.La ley de 'lobbies'En el PSOE interesa ahora más que nunca demostrar a la ciudadanía que quiere regular la presión de los grupos de interés o lobbies. Los socialistas aprietan al resto de grupos desde hace meses, pero el escándalo que rodea ahora al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha reactivado el debate de los límites de la influencia en lo público, obliga al Gobierno —en especial, al PSOE— a hacer algún gesto para demostrar que se mueve en aras de la transparencia. Y la ley de lobbies es, dentro de todo, una oportunidad.Fuentes tanto del PSOE como de Sumar reconocen que, si bien en los últimos días parecía que las negociaciones se habían reanimado, ahora mismo todo pende de un hilo. Los de Díaz apuntan directamente a que Junts per Catalunya ha vuelto a bloquear la discusión. Por su parte, el diputado del PSOE José Luis Aceves, que encabeza la negociación por la parte socialista, prefiere no dar detalles porque la negociación está "en los flecos". Un paso en falso podría dar al traste con ella. PublicidadPreguntadas por este medio acerca de si, efectivamente, es su formación la que entorpece la negociación, fuentes de Junts per Catalunya son drásticas. "Quien ha bloqueado la legislatura es el PSOE con sus incumplimientos" y pretendiendo aparentar "que puede gobernar con una mayoría absoluta que, evidentemente, no tiene", zanjan. No dan tampoco más detalles. Las socialistas son las únicas fuentes consultadas que ven posible que la ley pueda culminar con éxito antes del parón veraniego.¿Qué promueve la ley?La principal medida que incluye la norma es la creación de un registro de grupos de interés en la cámara. Además, de salir aprobada la ley, se generará una huella legislativa para que queden por escrito —y sean fácilmente consultables— las presiones que los distintos lobbistas hayan podido ejercer durante la elaboración de una norma. El texto legislativo incluye, además, sanciones para los grupos de interés que traten de ejercer influencia sin haberse inscrito en la lista o que, a pesar de haberlo hecho, no informen debidamente.Ley para penalizar las terapias de conversión sexualEsta es una ley que el Congreso admitió a trámite en junio de 2025. Hace prácticamente un año. Fue el PSOE quien la llevó a la Cámara Baja. En estos momentos, se encuentra en la fase final de las conversaciones entre los grupos e incluso hay fecha ya para que se celebre la ponencia, el 17 de junio. Fuentes conocedoras de la negociación confirman a Público que es muy posible que la norma vaya a Pleno en la última sesión del período de sesiones ordinario, es decir, entre el 23 y el 25 de junio.La diputada Bel Pozueta, de EH Bildu, destaca el buen clima que ha reinado en la comisión hasta estas últimas semanas. Pero, con el estallido del escándalo de Zapatero, reconoce que "han empezado a aparecer algunos peros". Esta es una norma que solo podrá salir adelante si es con los votos de lo que un día fue el bloque de investidura, que ya no tiene nada de bloque. Pero la actitud hostil que ha desplegado el PNV tras las últimas noticias sobre la presunta corrupción del Gobierno y su entorno —además de la ya habitual piedra en el zapato de Junts— colocan en cuarentena también esta iniciativa. "Hay que esperar", desliza la abertzale.¿Qué promueve la ley?La ley añade un artículo en el Código Penal, el 173.bis, para castigar con pena de cárcel las terapias de conversión. En concreto, de aprobarse la norma, se penalizará con prisión de seis meses a dos años a quien "aplique o paractique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión" para "modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral".Además, puntualiza que esos actos de conversión que si se aprueba la norma serían penalizados incluyen los "psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza". Por otra parte, los socialistas también añaden en su propuesta que cuando la víctima sea una persona menor de edad, la pena que se aplique será "la mitad superior", es decir, más cerca de los dos años, que de los seis meses. También será así cuando las acciones de la terapia de conversión sean violentas o se hayan llevado a cabo mediante intimidación o engaño, cuando se haya abusado de una situación de superioridad, cuando la persona perpetre el delito forme parte de una entidad dedicada a esa actividad o cuando se haya lucrado por ello.Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG habían registrado anteriormente una ley más ambiciosa que incluía la reparación de las víctimas e incluso indemnizaciones. Sin embargo, votaron a favor de la del PSOE comprometiéndose a luchar por su ampliación en su paso por comisión. El 17 de junio se podrá comprobar si lo han conseguido.Dos leyes en la pista de salidaMucho más claro tienen su futuro otras dos normas. Siempre, eso sí, que el clima adverso desatado por el contexto judicial no fulmine incluso los pocos reductos de seguridad que mantiene el Gobierno con el resto de fuerzas políticas. La primera de ellas es la reforma que convertirá a los funcionarios de prisiones en agentes de autoridad, que saldrá adelante gracias a un acuerdo entre el PSOE, el PP y el PNV. Un trío incómodo.Quien ha negociado por parte del PSOE es el diputado David Serrada, que destaca dos aspectos de la ley. El primero es el evidente: la norma otorga una protección penal reforzada a los funcionarios de prisiones. En otras palabras, las agresiones contra ellos se castigarán como atentado contra la autoridad. Además, se introduce la "presunción de veracidad", es decir, que sus informes tendrían más valor probatorio. Es un tratamiento como el que se le da a la Policía. Este es un extremo que ha llevado a ERC y EH Bildu a votar en contra del dictamen de la comisión y desmarcarse por completo de la norma.PublicidadPero, además, la ley también incluye dotar de un estatus con más garantías para las personas que trabajen en las prisiones y no sean funcionarios. Por ejemplo, los cocineros. Serrada recuerda precisamente el caso de una cocinera, Núria López, que fue asesinada en la cárcel de Mas Enric (Tarragona) en 2024.Es una iniciativa que se votará en Pleno el 10 de junio, igual que otra de las leyes que, previsiblemente, aprobará la Cámara Baja antes de verano: la norma que creará una "pasarela" —así se ha dado en llamar— para los profesionales que durante años han cotizado en mutualidades privadas (sobre todo, abogados, arquitectos, procuradores o médicos) puedan traspasar esa cotización a la Seguridad Social e incrementar su pensión.En otro orden de cosas, recuerdan fuentes socialistas, el Pleno del Congreso también deberá convalidar antes de verano el decreto que emanó del Consejo de Ministros el pasado 26 de mayo para "acontecimiento de excepcional interés público" una serie de eventos culturales y deportivos como el 30º aniversario del Teatro Real o programas contra el cáncer.