“Si alguien se opone, que levante la mano”, dice el presidente de la asociación de padres y madres del alumnado del Colegio Yvonne Blake de Fuenlabrada, Miguel Ángel Sanz. Pero nadie alza el brazo. “Nos encerramos por unanimidad”, sentencia el tesorero de esta agrupación, José Miguel Aguilar. De esta forma comenzó la noche del viernes una protesta colectiva, que ha durado todo el fin de semana, por parte de quienes esperan desde hace 15 años. Las familias no pueden más. En septiembre hará siete años que muchas llevan a sus hijos a un centro educativo público a medio hacer y cuando parecía que empezaban a ver la luz al final del túnel, la empresa adjudicataria del proyecto los ha abandonado de la noche a la mañana. Las obras de la tercera fase están paralizadas desde febrero, así que más de 12 aulas, el laboratorio, la biblioteca, el gimnasio y la pista deportiva, que esperaban ver por fin en septiembre, penden de un hilo. También cuatro espacios de desdoble y de apoyo. De momento, solo ven el esqueleto de un edificio de ladrillo sin revestir, rodeado por una valla metálica. Aseguran que “la Comunidad de Madrid no da plazos ni soluciones alternativas” y solo han visto una única salida: encerrarse dentro del colegio. Así lo han decidido en una asamblea a la que han acudido alrededor de 250 personas.―Abrimos el turno de ruegos y preguntas.―Ruego que nos construyan el colegio.El solar fue cedido a la Comunidad de Madrid por el Ayuntamiento de Fuenlabrada en 2007. “La gestión siempre ha sido un desastre; no solo tardaron demasiado en comenzar la obra, además la hacen por fases”, critican desde el consistorio. Las familias aseguran que el centro podía haberse empezado a construir hace 15 años, pero se comenzó en 2019 y se amplía lentamente a golpe de protestas. En esta los padres están organizados. Mientras unos venden camisetas para sufragar los gastos del encierro, otros pintan pancartas: “Niños hacinados”, “Ayuso no cumple sus promesas”. Ataviados con esterillas, tiendas de campaña y colchones hinchables, toman la escuela; es su forma de protesta ante una situación que afecta a más de dos centenares de menores. Cuando se pone el sol, un padre entra por la puerta con una montaña de cajas de pizza. Están listos para resistir la noche y el día siguiente con cine de verano, juegos de agua y una concentración a ritmo de charanga. “La idea es que todo el barrio se entere de lo que vivimos”, explica Aguilar tras agradecer la ayuda de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. La vicepresidenta de la agrupación, Pilar García, siente que sus hijas aprenden en un colegio atrapado en el tiempo y que ella vive en un bucle continuo. Es la segunda vez que duerme en el centro educativo; ya lo hizo en mayo de 2023, cuando en la escuela solo había un edificio y seis aulas. A raíz de esa protesta, consiguieron avanzar en la segunda fase, ante la amenaza de los barracones. Lograron otro bloque auxiliar destinado ahora para tercero y cuarto de primaria. Pero falta el grueso del proyecto y los obreros han colgado el casco.El centro se ubica en El Vivero, uno de los barrios más nuevos de este municipio del área metropolitana, a 17 kilómetros al suroeste de la capital. Está en continuo crecimiento; muchos de sus habitantes son parejas jóvenes con hijos. “Pero lejos de ampliarse, el colegio encoge”, dice Aguilar. Como cada año hay más alumnos y no se avanza al ritmo adecuado, sobreviven a base de parches. El comedor ha mermado para introducir tres aulas. “Antes comíamos todos juntos, pero ya tenemos que hacer dos turnos y a los que nos toca a las 15.00, nos entra mucha hambre”, comenta una niña. A medianoche, los padres parecen cansados, aunque los más pequeños tienen pilas para rato. “Aquí están, estas son las familias del Yvonne”, grita un corro de alumnas mientras salta a oscuras sobre un colchón hinchable. “El aula de psicomotricidad, donde realizan educación física los más pequeños, seguramente desaparezca y el año que viene será otra clase”, comenta Carolina Núñez, madre de 46 años. Asegura que en alguna ocasión los menores con trastorno del espectro autista fueron trasladados al despacho de la directora. “El espacio que ahora tienen pueden perderlo, ya no quedan más huecos, y en septiembre hay que meter a 80 niños más sin que ninguna promoción se vaya”, advierte. La escuela se construye por fases. En 2019 solo admitió a niños de tres años. Desde entonces, amplió un curso cada septiembre. Ahora los más mayores son los de cuarto de primaria, que en poco más de tres meses estarán en quinto. Con este método, en lugar de finalizar todo el complejo a la vez, se prioriza construir lo básico para poder recepcionar al alumnado y dejar el resto para años académicos posteriores.La clase de religión tiene lugar en un almacén de 10 metros cuadrados, “que otras veces sirvió como biblioteca”, según apunta Aguilar. No hay baños suficientes y los casi 40 niños de primero de primaria tienen que compartir seis inodoros con otros tantos del tercer curso de educación infantil. Para poder acceder al servicio, deben atravesar dos aulas hasta llegar al espacio donde están los retretes, un habitáculo abierto y visible desde las aulas de infantil. “Los niños más mayores reclaman su intimidad, es una cuestión de dignidad e higiene”, expresa Sandra Orcajo, madre de 42 años.Desde la Consejería de Educación trasladan que han iniciado los trámites para resolver el contrato con la empresa adjudicataria por abandono de la obra y que volverán a licitarla “por el procedimiento más rápido posible”. En cualquier caso, aseguran que se harán los ajustes necesarios para garantizar la escolarización de todos los alumnos del centro, “que comenzarán el curso con normalidad”.Pero los padres temen lo peor. Representantes del Ayuntamiento de Fuenlabrada, del PSOE, se reunieron en mayo con el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández. “Se nos informó de que las obras no estarían acabadas en septiembre porque la empresa adjudicataria se encontraba en suspensión de pagos”, comentan. Además de no concretarles soluciones, aseguran que les propusieron “habilitar módulos prefabricados, llevar a los alumnos a otro colegio cercano, acomodar un espacio dentro del edificio inacabado que se está construyendo...”. De momento, con el presente curso a punto de terminar, las familias no saben qué pasará con sus hijos.García se siente abandonada: “Mi niña mayor ha entrado al colegio con obras y puede que se marche al instituto sin verlo terminado”. A su alrededor ya están todos en pijama. Aunque la construcción se paralizó en febrero, las familias aseguran no haber sido informadas de lo que estaba ocurriendo hasta que cerró el periodo de inscripción para el próximo curso. En el barrio solo hay otro centro público, pero no es bilingüe como este y tampoco resulta fácil conseguir plaza. “Hay 1.300 alumnos escolarizados fuera de Vivero y Hospital”, con desplazamientos diarios, informan desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Aguilar lamenta que sus hijas ya se hayan acostumbrado al ruido de las obras. “Han dado clases en pasillos y gimnasia en el comedor”, relata. No se plantea cambiarlas de centro. “Quiero que puedan jugar en el parque del barrio con sus compañeros. No hay derecho a que nos expulsen”, expresa. A las 3.00, el silencio se apodera del pasillo tras alguna regañina de las madres. Conseguirán dormir, pero no por mucho tiempo. “Que empiece la fiesta”, grita a las 7.00 uno de los benjamines del grupo. “Injusticia, manifestación”, van canturreando los niños mientras se desperezan. Un padre decide ir a por churros con chocolate para empezar otra intensa jornada. A media tarde llegan los relevos para otra noche de pernocta hasta el domingo, cuando el colegio se vacía para intentar recuperar el lunes la normalidad en un centro educativo donde lo excepcional se ha vuelto habitual. “Las obras no pueden durar más que la infancia”, sentencian las familias.