31 de mayo, 2026 - 14h00El Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), puso en marcha una nueva normativa enfocada en la gestión del cambio climático y el acceso a mecanismos innovadores de financiamiento ambiental. Se trata de la Norma Técnica para la Autorización, Registro, Trazabilidad y Transferencia de Resultados de Mitigación (ARTTRM). De acuerdo con la cartera de Estado, la entrada en vigencia de esta nueva normativa es un paso decisivo para la participación de Ecuador en los mercados internacionales de carbono, “mediante un marco soberano, transparente y técnicamente sólido” que le permitirá canalizar inversiones, fortalecer los esfuerzos nacionales de mitigación y contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de sus compromisos climáticos.“La ARTTRM posiciona al Ecuador entre los países de la región que avanzan en la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París, un mecanismo que promueve la cooperación internacional y facilita la movilización de recursos para el desarrollo de iniciativas de mitigación en sectores estratégicos de la economía nacional”, destacó el MAE a través de un comunicado.PublicidadLa normativa establece las condiciones para la generación, autorización y transferencia de resultados de mitigación, habilitando la participación de sectores estratégicos para el desarrollo del país, como energía, procesos industriales, residuos y agricultura. Estos sectores representan importantes oportunidades para atraer inversiones, impulsar el crecimiento sostenible y contribuir al cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), bajo principios de integridad ambiental, transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas.La elaboración de esta normativa contó con el acompañamiento de organismos de cooperación internacional, entre ellos el Banco Mundial (BM), el Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Su apoyo permitió incorporar experiencia especializada en los ámbitos jurídico, técnico y de mecanismos de mercado, fortaleciendo las capacidades institucionales del Estado ecuatoriano para implementar este instrumento, concluyó el MAE. (I)