Miles de personas llenan el cento de la capital para reivindicar el derecho a la salud. “Nos la roban, nos la venden”, corean. “Recortar en sanidad es un acto criminal”, “no son muertes, son asesinatos”, gritan una y otra vez. Asisten a la marcha que ha convocado este domingo la plataforma Vecinas y vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid. Se distribuyen en cuatro columnas para demostrar que es un problema estructural. La sur parte de Atocha, pero hay tantas personas que, antes de ponerse en marcha, ya sobrepasa el Real Jardín Botánico. Sus cánticos se escuchan desde el Congreso de los Diputados. La oeste sale de Sevilla, la norte, de Colón y la este, de la plaza de Salvador Dalí. “La movilización se enmarca en una situación donde el estado de la sanidad pública madrileña es crítico”, expresan los organizadores de la convocatoria, respaldada por un centenar de entidades, tras cifrar una asistencia de más de 40.000 personas frente a un máximo de 10.000 que calcula la Delegación del Gobierno. Pretenden “acabar con el desmantelamiento planificado” del sistema asistencial. Alvar Chalmeta, vecino de Carabanchel, acude a la marcha. “Nuestra salud no puede ser el botín de ninguna empresa privada, no debe producir beneficios económicos, tiene que generar bienestar social”, insiste. Denuncia un retraso sistemático en pruebas, cirugías y citas con especialistas: “Es una forma silenciosa de expulsar a la ciudadanía hacia los seguros privados. Es una privatización encubierta que crea pacientes de primera y de segunda en función de la cuenta corriente”.La médica de familia Ana Encinas tampoco ha querido perderse esta protesta: “Estoy aquí para llenar de dignidad nuestras calles”. Trabaja desde hace 20 años en el centro de salud Nuestra Señora de Fátima. Reporta hartazgo y hastío. “Somos la comunidad más rica y estamos a la cola de inversión en sanidad. En Atención Primaria la situación empeora, ahí somos los últimos de los últimos. No llegamos al 11% cuando la Organización Mundial de la Salud aconseja un 25%”, recalca. Explica que con una buena dotación presupuestaria, los ambulatorios pueden atender el 85% de los requerimientos.“Hay más de un millón de personas en lista de espera para acudir a un hospital: 700.000 aguardando un especialista o una primera cita, 200.000, pruebas diagnósticas y más de 100.000, cirugías. Mientras tanto, hay gente que se muere”, lamenta Encinas. Asegura que en muchos centros con servicio de urgencias no hay doctores. “Faltan 500 médicos de familia y 200 pediatras”, comenta. Tarda una media de 10 días en atender a un paciente desde que pide la cita. “A veces, llegan a consulta y ya no tienen dolor, se han ido a Urgencias o a la privada, si se lo pueden permitir. Pero cuando la enfermedad es grave, nos los envían de vuelta”, cuenta.El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acordó pagar 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón y Ribera Salud en sus primeros seis años de Gobierno. La factura de los hospitales de Torrejón, Villalba, Móstoles, Valdemoro y la Jiménez Díaz suma 6.600 millones entre 2019 y 2024, recuerda Encinas. “Es una hemorragia salvaje y hay que cortarla”, insiste. Solo ve un torniquete posible: derogar la Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que permiten la integración y contratación de centros privados dentro del sistema público, a través de convenios y conciertos con la Administración. Pero recalca que el Gobierno autonómico es el que tiene las competencias para invertir, contratar personal y establecer sus condiciones laborales. “La Comunidad de Madrid es el buque insignia de la privatización”, resume. Mientras, los manifestantes siguen cantando: “Fuera las empresas de la sanidad”. Encabeza la protesta una marioneta gigante con la cara de Ayuso en cartón piedra. A su lado, una persona disfrazada de esqueleto sostiene una guadaña para evocar la muerte. “Soy el plan sanitario Madrid, os espero”, reza su pancarta.A su lado camina Lucía García, técnica en cuidados auxiliares de enfermería en el Hospital 12 de Octubre. “El personal sanitario más maltratado de toda España está en Madrid. Seguimos sin la jornada de 35 horas semanales. Mi sueldo base es de 749,58 euros. Siempre trabajamos bajo mínimos, tirando de días libres para cubrir incidencias. Parece mentira que seamos la autonomía más rica”, protesta. Asegura que sus compañeras huyen de esta región porque en Castilla-La Mancha encuentran mejores condiciones. “A los pacientes les dicen que en la pública los ven en dos meses, pero que pueden derivarlos a otro centro de gestión privada al día siguiente, no puede ser. El Gobierno de Ayuso ahoga la pública para engordar los seguros privados”, lamenta García. Día tras día convive con la frustración.Chalmeta acusa a Ayuso de aplicar “una política de tinta de calamar”. Cree que, para ocultar su actividad y “su responsabilidad directa en el abandono de la salud”, culpa a la población migrante. Recuerda cómo en septiembre de 2020, en plena pandemia, se quedó sin servicio en el centro de salud Abrantes. “Llegué y había un cartel que anunciaba que no había médicos, ni de mañana ni de tarde. Así, de un plumazo, a 30.000 personas nos dejaron tiradas”. Ya entonces, la plataforma convocante de esta marcha organizó una movilización. Más de 200 protestas por la sanidad han tenido lugar a lo largo de estos últimos seis años en Madrid.“Ahora estamos peor que nunca. El centro de salud General Ricardos tiene una media de espera de 20 días. Los recortes son brutales”, explica este vecino de Carabanchel. Dice que, si se atiende al reparto de dinero por habitante, Asturias, por ejemplo, le dedica casi ochocientos euros más que Madrid a la sanidad. Asegura que en el Hospital 12 de Octubre se privatizó la esterilización del material quirúrgico. “Según denuncian trabajadoras de los quirófanos, este llegó sucio o mal preparado, teniendo que suspender operaciones y recepcionando biberones con manchas para bebés con una salud delicada”, comenta. Traslada que la propia adjudicataria reconoció que esteriliza material de empresas en las instalaciones del centro público: “El objetivo es el negocio, no la salud. Dicen que no hay médicos en Madrid, sin embargo, hace unos meses abrió una clínica privada pediátrica en Carabanchel”. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha tildado de “ideologizada, sectaria y alejada de la realidad” la manifestación de este domingo. “A mí lo que me preocupa es gestionar el día a día y en lo que realmente estoy centrada es en esa huelga de médicos indefinida, que realmente es por lo que tenemos que luchar todos y es un problema que tiene que resolver el Ministerio de Sanidad”, ha expresado.Los cinco hospitales públicos con gestión privada son minoritarios dentro de la red pública, que suma alrededor de una treintena de centros. Sin embargo, concentraron de media el 58% de las citas que cambiaron de hospital en 2022 y 2023, según datos del Servicio Madrileño de Salud. Es decir, mientras los centros de gestión íntegramente pública perdían pacientes, los de gestión privada los ganaban, acumulando más de 200.000 citas anuales de usuarios procedentes de otros hospitales. “¿Qué hemos roto en la Comunidad de Madrid, ¿qué hemos hecho mal para merecer este maltrato?, ¿en qué momento hemos pasado de ser héroes a tener las peores condiciones de toda España“, se pregunta García. Mientras se manifiesta, sigue sin respuesta.