Facundo Leal, el detenido funcionario de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), golpeó al mentón la agenda del Gobierno. En momentos en los que el oficialismo intenta recobrar la iniciativa, el episodio abre preguntas, ofrece complicaciones y, fundamentalmente, un agujero negro ¿Cómo se sostuvo en la administración Javier Milei? Con otro dato sobresaliente: el tema no tuvo impacto en la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei con los primos Menem. A diferencia de otras ocasiones, en las que desde los entornos de ambos referentes del Gobierno se encargaron de echar responsabilidades sobre errores y hechos polémicos, hay silencio. Tal como pudo corroborar PERFIL, ningún sector le achaca al otro la responsabilidad de mantener en pie a un sospechado de, en principio, hechos de corrupción. Es más: ante la consulta de este medio, fuentes libertarias hacen esfuerzos al por mayor para despegarse del tema. Sobre todo, se sostuvo que el oriundo de Mendoza, que tiene un rol en la función pública desde hace 20 años en ARSAT, no responde ni al Presidente, ni a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, ni a Santiago Caputo. Ni siquiera tiene vínculo con los Menem.
Nadie se hace cargo del funcionario detenido, pero estuvo dos años y medio con los libertarios
Desde que Facundo Leal cayó preso en el barrio porteño de Palermo la Casa Rosada entró en alerta. Sus voceros buscaron despegarse del mendocino, pero suma 20 años como empleado de planta y un pasado poderoso durante la gestión de Alberto Fernández. Con la llegada de Javier Milei al poder no perdió influencia y fue sostenido por un coterráneo que ocupó la secretaría de Transporte: Luis Pierrini. Se abrió un agujero negro, porque en el Palacio de Hacienda no pueden explicar cómo convivieron con él desde 2023. Las sospechas de un lazo con Santiago Caputo. Sus antagonistas guardan silencio por la unidad ante el espanto.
Facundo Leal, funcionario de ARSAT, fue detenido con 2,5 M USD, drogas y documentos por presunto robo de equipamiento tecnológico estatal. El caso señala un déficit de governance en la empresa TIC estatal clave, con riesgo directo para contratos y licitaciones del sector.
