Facundo Leal, funcionario de la empresa pública de telecomunicaciones ARSAT, se convirtió en una bomba de tiempo para el Gobierno. Lo que pueda declarar el mendocino en la Justicia, en el marco de una causa por posible malversación de fondos, inquieta a los hermanos Javier y Karina Milei. Mientras que el futuro de la compañía puede cambiar de manos siempre y cuando avance la Ley Hojarasca en el Senado, con actores de peso interesados en el control del directorio. El integrante de la administración pública, que hace 20 años se desempeña en la firma y tuvo un paso por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), tiene un panorama judicial complejo. Permanece detenido y es investigado por presunto pago de coimas, defraudación al Estado, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública y tenencia de drogas. Con el aliciente de que la causa, en manos del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, entrega novedades de manera constante. El hecho sólo alimentó la preocupación de la cúpula del Ejecutivo. El temor concreto es que hable y pueda comprometer a funcionarios libertarios con responsabilidades sobre el área. Y que la agenda pública quede eclipsada, una vez más como sucedió con la causa de presuntas coimas en el ANDIS o el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni, a quien se lo investiga por su evolución patrimonial.