Este lunes, 1 de junio, se cumplen ocho años de la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno y cambió el tablero político español. Aquel movimiento no solo desalojó al PP de Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel, sino que inauguró una etapa política en la que el PSOE convirtió la lucha contra la corrupción en argumento central de legitimidad. Ocho años después, Sánchez alcanza ese aniversario atrapado por el mismo argumento que le llevó al poder. Si en 2018 el PSOE defendió que el desgaste por corrupción tenía consecuencias políticas, hoy el presidente intenta contener el impacto de varios frentes que golpean al entorno socialista mientras apela a su partido resistir, pero sobre el Gobierno sobrevuela tanto el fantasma de la moción de censura como el de adelantar elecciones.La moción contra Mariano Rajoy no se construyó sobre una condena al presidente ni sobre una imputación personal, sino sobre el impacto institucional de la sentencia de Gürtel y la imposibilidad —según defendió entonces el PSOE— de sostener un Gobierno erosionado por la sombra de la corrupción. En aquellos días, los socialistas elevaron el listón político por encima del judicial. Fue, de hecho, el entonces secretario de Organización y ahora a la espera de sentencia por el caso mascarillas, José Luis Ábalos, el rostro visible de aquel debate en el Congreso, donde llegó a resumir el momento con una frase que se convirtió en lema: "Ya no hay suposiciones, sino certezas". Además, a Rajoy le acusó de haber "hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa".El PSOE defendía que la responsabilidad política no podía esperar al final de los procedimientos. Ocho años después, Sánchez llega a ese aniversario instalado exactamente en la lógica contraria y arrastrando a un partido cada vez más conmocionado por los casos de corrupción que cercan ahora al Gobierno y la falta de explicaciones de la dirección. Desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, el 'caso Leire' que señala a la propia organización socialista, junto con el propio caso Mascarillas que involucra a Ábalos. Todos son casos que tensionan al PSOE, pero que en Moncloa niegan que cuestionen su legitimidad, además de apelar la presunción de inocencia. El problema político para Sánchez es que ya no se enfrenta solo a la oposición, este lunes también se enfrenta a la comparación con su propio precedente. Porque en 2018 el argumento socialista era que la corrupción tenía efectos políticos incluso antes de las condenas firmes. Hoy el PSOE pide exactamente lo contrario: diferenciar entre responsabilidades judiciales e institucionales y evitar extraer consecuencias políticas anticipadas.Hay, además, un elemento especialmente incómodo. La moción nació como una denuncia contra la degradación institucional del poder. En cambio, el auto sobre el caso Leire eleva el coste reputacional porque el juez investiga si existió una estructura orientada a interferir o desacreditar procesos que afectaban al entorno socialista. Una causa que permanece abierta y bajo investigación judicial, junto con el caso Plus Ultra y el caso mascarillas, este último con la paradoja de que quien está ahora mismo en prisión preventiva fue el arquitecto de la moción de censura que desalojó a Rajoy por corrupción. Por eso el aniversario del lunes deja una imagen difícil de ignorar: Sánchez llega a los ocho años de la moción que convirtió la ejemplaridad en bandera defendiendo ahora que gobernar consiste, sobre todo, en resistir.Ocho años entre la moción y la "resistencia"Los primeros años de Sánchez en Moncloa estuvieron marcados por la narrativa que había dejado la moción de censura de Rajoy: ejemplaridad política e institucional para poder gobernar. El Gobierno impulsó medidas ligadas a transparencia, limitó aforamientos en el debate político, defendió códigos éticos más exigentes y trató de ocupar el espacio de la limpieza institucional. Pero con el paso del tiempo el foco empezó a desplazarse.En la primera legislatura y principios de la actual la principal fuente de desgaste fue otra: la dependencia parlamentaria de los partidos independentistas y nacionalistas. Desde la propia moción de censura, que salió adelante gracias al apoyo de ERC y del PDeCAT junto al resto de socios, el presidente entró en la dinámica de que prácticamente cada negociación pasaba por una cesión. Aquella presión alcanzó su punto más alto tras las elecciones de 2019 y especialmente con la legislatura iniciada en 2023. Los indultos a los condenados del procés, la reforma del delito de sedición, los cambios en malversación y, después, la ley de amnistía se convirtieron en el gran frente político de desgaste para Sánchez. El PSOE asumió el coste con una idea repetida durante años: que esas decisiones respondían a una estrategia de normalización institucional y convivencia en Cataluña y que el tiempo terminaría validándolas.Durante ese ciclo, Moncloa consiguió convertir el debate territorial en el principal eje de confrontación con la oposición y mantener relativamente a salvo el discurso de ejemplaridad con el que había llegado al poder. Pero todo cambió completamente con el estallido del caso Koldo, que afectaba de lleno al exministro y ex secretario de Organización, José Luis Ábalos. Su caída abrió una grieta porque obligó al PSOE a defender una posición mucho más incómoda que la que había sostenido años antes frente al PP: separar responsabilidades políticas y judiciales y evitar anticipar conclusiones.La presión volvió a aumentar con nuevos episodios y terminó escalando con la apertura de otros frentes que ya no afectan solo a nombres concretos, sino que proyectan desgaste sobre el partido. La imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra ha añadido una dimensión diferente: ya no se trata de una figura orgánica del actual Ejecutivo, sino de uno de los referentes políticos más relevantes del PSOE de Sánchez, quien le ha reivindicado de forma constante durante estos años.A eso se ha sumado la presunta implicación del PSOE en el caso Leire, que ha elevado el nivel de preocupación porque introduce otro elemento: el riesgo reputacional para la organización política y el efecto que eso tiene sobre la capacidad para mantener apoyos parlamentarios y sostener iniciativa política. La respuesta de Moncloa ha sido, hasta ahora, la contraria a la que defendía en 2018. Si entonces el argumento era que el desgaste exigía consecuencias políticas, hoy el Gobierno apela a la presunción de inocencia, a los tiempos judiciales y a la necesidad de no mezclar investigaciones con estabilidad institucional.Además, a estos frentes habrá que añadir los que están por venir en las próximas semanas y que afectan al entorno más próximo del presidente: continúa avanzando la investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, que ha sido convocada de forma presencial por el juez Juan Carlos Peinado el próximo 9 de junio. A ello se suma el juicio que afecta al hermano del presidente, David Sánchez, investigado por presuntas irregularidades relacionadas con su contratación en la Diputación de Badajoz, y que ya comenzó este jueves pasado en la Audiencia Provincial de Badajoz y cuya previsión es que finalice el 4 de junio.