Este sábado se cumplen dos años desde que el Congreso de los Diputados aprobó la amnistía, con los votos a favor de los socios de investidura y los votos en contra de PP y Vox, pero los casos aún se amontonan en los juzgados. Tanto en la esfera cercana de los manifestantes y activistas, como en la de los líderes políticos, la sensación es que hay un ánimo general para retrasar su aplicación, con trabas y complicaciones jurídicas, con mayor o menor medida dependiendo de los casos.PublicidadA nivel político, los retrasos en la aplicación afectan de forma directa a Junts y ERC, y de rebote, a la política catalana. En el caso del presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, mantiene su inhabilitación hasta 2031, por lo que sin la amnistía no podría presentarse a las próximas elecciones al Parlament, como pretende. Sobre Carles Puigdemont pesa una orden de detención que le impide poner un pie en Catalunya sin ser encarcelado. Un posible retorno del expresidente y la retirada de la inhabilitación de Junqueras tendría un impacto en el tablero político catalán y en las previsiones electorales de ambas formaciones.Los líderes políticos están pendientes de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), después de que el Tribunal de Cuentas enviara el caso de los líderes políticos al alto tribunal europeo y de que el Supremo se negara a aplicar la amnistía por considerar que había habido malversación. Este hecho obliga a esperar primero la resolución del TJUE y después la del Constitucional, antes de que el Supremo resuelva si aplica la amnistía a los líderes políticos."El [juez Manuel] Marchena monta todo este tinglado para que Puigdemont no pueda volver", afirma Jordi Pina, abogado de Jordi Turull. "Y lo está consiguiendo, quien día pasa año empuja. Ya han pasado dos años, que son dos años más en Waterloo", remacha.El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, no duda que el TJUE resolverá en la línea de lo que ya informó el abogado de la Unió Europea, Dean Spielmann, cuando abrió la puerta a avalar la aplicación de la amnistía a los líderes políticos del procés. "La incertidumbre está en cómo los otros tribunales del estado tomarán esta situación, y si renunciarán a ser ellos los que controlan lo que está pasando", reflexiona el abogado.PublicidadEn cuanto a las causas a militantes y activistas, un tercio de las personas que han presentado petición de amnistía no la han recibido, ya sea porque todavía está pendiente de resolver o porque se les haya denegado el perdón judicial. "Cuesta mucho que la amnistía avance. Se tienen que hacer requerimientos judiciales, recursos, escritos de impulso, etc", se queja Martí Mayoral, portavoz de Alerta Solidària. La entidad antirepresiva es una de las dos organizaciones que lleva un contador de los casos de activistas, y este jueves hicieron públicos sus datos. La entidad cuenta con un registro de 345 personas que pueden acogerse a la aplicación de la ley, a 181 la justicia les ha reconocido la amnistía, a 75 se les han denegado, para 25 personas está pendiente de resolver y en 64 casos aún está pendiente de instar. A estas cifras habría que añadir los datos de Òmnium, que los actualizará una vez haya finalizado el proceso para renovar su presidencia este mismo sábado. Sin embargo, Xavier Antich, presidente de la entidad, expresa a Público que "incluso en los casos en los que la amnistía se ha aplicado de manera diligente y rápida, el proceso judicial en sí mismo, que en algunos casos se ha alargado casi una década, es y será la verdadera condena para todos los implicados". Según informa Alerta Solidària, a 64 políticos se les habría amnistiado, mientras que a 25 se les habría denegado y elevado el caso a altos tribunales, y otros 68 políticos tendrían el caso pendiente de resolver en diferentes tribunales aún sin un posicionamiento inicial sobre la amnistía.Publicidad"Para los independentistas la aplicación de la amnistía es un camino tortuoso, mientras que para los policías ha sido una balsa de aceite", añade Mayoral. Según el recuento de Alerta Solidaria, a 158 policías encausados se les habría otorgado la amnistía. Por otra parte, según los datos de Alerta, sólo cuatro relacionados con el caso de la pérdida de ojo de Roger Español tienen pendiente un juicio que se llevará a cabo entre septiembre y octubre de este año. Irídia añade otro. La Audiencia de Barcelona denegó la amnistía a un Mosso d'Esquadra durante las protestas postsentencia de 2019. "La amnistía prevé expresamente que los tratos inhumanos y degradantes no son amnistiables", resalta Anaïs Franquesa, directora de Irídia, pero "esto la mayoría de juzgados no lo han tenido en cuenta y han aplicado la amnistía de forma acrítica". Desde Irídia afirman que para este supuesto, sólo tienen constancia de este caso, mientras que el caso de Roger Español estaría enmarcado en la otra excepción de la amnistía, que es cuando "se ha perdido un órgano o su integridad, o han producido lesiones muy graves", ya que perdió un ojo.¿En qué punto está la causa a los líderes políticos?Ahora mismo siguen inhabilitados tanto Oriol Junqueras, como Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados por sedición y malversación. Tras el indulto del Gobierno en 2021, solo les quedaba pendiente la malversación en el Supremo. Marchena consideró que de los gastos de la organización se derivaba un beneficio personal."Es un cachondeo de tesis, una tontería", considera Jordi Pina, abogado de Turull. "Se dice que no se han embolsado nada, pero como ha habido aportaciones de particulares y se han utilizado fondos de la Generalitat, entonces Marchena considera que ha habido un enriquecimiento personal y que ha afectado a los presupuestos de la Unión", relata el abogado. El abogado de la Unión Europea se pronunció diciendo que la organización del 1O no comportó una afectación a los presupuestos de la Unión Europea, lo que allana un veredicto del TJUE favorable a la amnistía. El caso de Puigdemont, Puig i Comín se encuentra en la misma situación en el Supremo respecto a la malversación, a manos del juez Pablo Llarena, pero con la diferencia de que estos no han pasado por prisión, y por tanto no han sido indultados. Esto condiciona su libertad de movimiento, porque todavía pesan sobre ellos las órdenes de detención en territorio español y no pueden entrar. En este caso, el Constitucional ha mantenido estas órdenes mientras no resuelve el TJUE. Jordi Pina informa de que probablemente el Constitucional resolverá antes los casos de Junqueras, Turull, Romeva y Bassa que los de Puigdemont, Comín y Puig, pero ya marcarán el camino para Llarena. "Si dentro de unos meses el Constitucional falla que Junqueras, Turull, Romeva y Bassa tienen derecho a que se les aplique la amnistía, el presidente [Puigdemont] entrará bajo palio por la Diagonal", afirma Pina. Hará algo menos de un año, a finales de junio de 2025, el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de la amnistía frente a los recursos presentados por el PP. Desde entonces, el tribunal ha ido resolviendo a favor de la ley todos los recursos de inconstitucionalidad que han llegado, hasta un total de 16, siendo la ley más recurrida de la historia. PublicidadSin embargo, el Constitucional está esperando a que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resuelva sobre el tema que rodea a la malversación para acabar de dictar sobre este ámbito. La resolución del Constitucional es el paso previo a que el Supremo acabe dictando sobre los casos de los líderes políticos.El calendario de aplicación para los líderes políticosSegún fuentes propias, la resolución del TJUE, que se preveía entre mayo o junio, podría alargarse más allá de junio. Además, el magistrado que lleva el caso al Constitucional, José María Macías, es contrario a la amnistía. "Cuando la ponencia es de alguien contrario a la mayoría, esto genera retrasos", prevé Van den Eynde, porque significa que "la ponencia se tiene que delegar y reformular" con el fin de que el resto de magistrados del Constitucional plasmen un hipotético criterio contrario y mayoritario. Una vez el Constitucional emita un criterio mayoritario, el tejado estará encima del Supremo, pero Van den Eynde también se mantiene cauteloso. "Por más que salga bien tanto en Luxemburgo como en el Constitucional, nadie tiene la certeza de que el Supremo querrá aplicar estas sentencias y que no se ingeniará alguna vía, que haga, de facto, alargar la discusión e impedir que se aplique la amnistía a los líderes políticos".PublicidadLos casos de militantes y activistasLa amnistía fue creada, como indica el propio nombre de la ley, para la normalización institucional, social y política, considera Martí Mayoral, portavoz de Alerta Solidaria, pero también para "enmendar los abusos represivos del estado", considera. "Desgraciadamente cuando los máximos stars de la judicatura española, incumplen la ley y no la aplican a los líderes políticos, también envían un mensaje a la justicia de que pueden hacer lo que les de la gana", critica.Mayoral afirma que la organización tiene dos casos "empantanados" de activistas y manifestantes, que no hay manera de que avancen en juzgados inferiores. Uno es por un corte de vías de tren en Sant Cugat "que está en instrucción y no hay manera de moverla", tras otro caso de un corte en la A-2 a la altura de Martorell. "En ambos casos hace muchos meses que hemos instado la amnistía y los juzgados no nos han respondido todavía", resalta Mayoral, que lo critica como retrasos excesivos.Algunos de los casos de manifestantes y activistas también se han visto paralizados hasta que no resuelva el TJUE. Dos ejemplos son los de los 12 miembros del Comitès de Defensa de la República (CDR) acusados durante la Operación Judas y el del vocal de una mesa electoral del 1-O en Vilanova i la Geltrú."En los casos de los CDR de la Operación Judas, la opinión del Abogado General del TJUE es muy clara: hay que aplicar la amnistía", destaca Xavier Antich. "Si el tribunal realmente quisiera aplicar el espíritu de la ley de amnistía, ya tiene suficientes elementos para hacerlo teniendo en cuenta que también cuenta con el aval del Tribunal Constitucional", considera el presidente de Òmnium.PublicidadLos 12 activistas de los CDR estaban acusados de terrorismo con peticiones de entre 8 y 27 años de cárcel. Además, siete de ellos pasaron por la prisión de Soto del Real de forma preventiva."El caso de Vilanova es más flagrante, se trata de una persona que no quiso quitarse un lazo amarillo de la solapa", considera Antich.A estos retrasos, Alerta Solidaria suma la problemática de que en 75 casos la justicia se ha negado a aceptarles la ley de amnistía. Algunos de ellos son 18 independentistas juzgados en mayo por protestar contra un acto de Societat Civil Catalana en la UB de 2018 y otros cuatro que protestaron contra una visita del monarca español a Caldes de Malavella.