En abril del año pasado, el diputado José Chic expuso cómo la Policía Nacional Civil (PNC) tenía en su poder un tomógrafo abandonado. Esa compra fue auditada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), que dejó acciones civiles.
Eso según el informe de auditoría anual de la CGC del 2025, que dejó un expediente abierto contra la Subdirección General de Salud de la PNC, según documentos oficiales de la entidad fiscalizadora.
Este caso aparece dentro de las acciones con solicitudes de reintegro, que son acciones civiles que dejaron juicios de cuentas, y que podrían significar la devolución del recurso público mal invertido, según explicaron fuetes de la CGC.
El detalle de este informe da cuenta de que, en el 2020, cuando Guatemala enfrentó la crisis del covid-19, utilizando los estados de excepción las unidades a cargo de salud de la PNC hicieron una compra por excepción.
Ese reporte señala un gasto de Q2 millones que fue suscrito el 7 de octubre del 2020, según la auditoría, que además encontró aparentes irregularidades cuando se planificó la compra.
