México ha retocado su constitución para sellar a fuego una causa que permita la anulación de unas elecciones: la injerencia extranjera. La mayoría oficialista —Morena y sus aliados— en ambas cámaras aprobó este viernes por la vía rápida una reforma que hace apenas un par de años hubiera sido recibida como una extravagancia. Pero el mapa geopolítico está cambiando a golpes desde la llegada de Donald Trump al poder. El presidente de Estados Unidos ha desempolvado explícitamente una vieja doctrina de finales del siglo XIX que justifica el intervencionismo sobre el resto del continente americano. Una escalada política y militar, justificada en gran medida como una nueva y agresiva guerra contra las drogas, y que tiene a México, el vecino del sur, como una de sus dianas favoritas. Ese es el contexto defendido por el partido de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para un blindaje constitucional que, a falta de los detalles de las leyes aún por desarrollar, ha levantado suspicacias entre la oposición por el riesgo de que el nuevo criterio termine utilizándose de manera discrecional en estos tiempos de máxima polarización. La nueva redacción constitucional establece que una elección podrá anularse cuando se acrediten “actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”. Una redacción muy amplia que abre la puerta a múltiples interpretaciones y que ha recibido críticas incluso dentro de Morena. El portavoz del partido en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó que la iniciativa tenga fines de censura y detalló que “una nota informativa, un tuit, una entrevista o el uso de una red social no son suficientes para anular una elección”. La reforma llega además en uno de los momentos más delicados de la relación con Estados Unidos. Hace un mes, el Departamento de Justicia asestó un duro golpe al imputar por narcotráfico al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios del Estado. Un juez de Nueva York los acusa de facilitar los negocios de Los Chapitos, una de las facciones del cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios.La denuncia de la justicia estadounidense, la primera contra un gobernador en activo, ha tensado sobremanera la relación bilateral y amenaza con tratarse apenas del preludio de una campaña más agresiva de Estados Unidos contra los vínculos entre la política y el crimen organizado. La imputación tuvo además un precedente con la revelación de un operativo de la CIA en Chihuahua, cerca de la frontera, para desmantelar un narcolaboratorio. En clave interna, la crisis ha dado gasolina a una oposición muy mermada, que trata de capitalizar el escándalo explotando las acusaciones de narcopolítica. De hecho, uno de los acusados, Enrique Inzunza, tiene actualmente el cargo de senador y antes de la votación de la reforma formalizó su renuncia temporal. Una medida dirigida tanto a mandar señales a Estados Unidos como a aplacar el foco sobre el que estaba cargando la oposición. La presión de Trump sobre toda la región, a la que siguiendo los viejos patrones imperialistas ha vuelto a calificar como “su patio trasero”, ya cuenta con acciones muy concretas, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro; o la asfixia petrolera impuesta sobre Cuba. La estrategia avanzó un paso más en marzo con la cumbre llamada Escudo de las Américas, que reunió a 12 gobiernos latinoamericanos ideológicamente afines al trumpismo. Los objetivos: combatir el narcotráfico, la migración y reducir la influencia de China en la región.“El corazón del acuerdo”, dijo entonces Trump, “es un compromiso en usar la fuerza letal del Ejército para destruir a sus siniestros carteles y sus redes terroristas”. El mensaje apunta a profundizar la presencia estadounidense en la región, interviniendo con mayor o menor protagonismo en los operativos de cada país, una puerta abierta desde la declaración el año pasado de un puñado de grupos criminales como organizaciones terroristas. Los últimos en ser añadidos a esa lista, esta misma semana, han sido dos bandas brasileñas del crimen organizado.El anuncio llega a cuatro meses de las presidenciales brasileñas y sacude un proceso electoral que previsiblemente enfrentará al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva con el senador derechista Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La medida representa un revés para el Gobierno de Lula, que se oponía a ese tipo de medidas porque, precisamente, abren una vía a la intervención militar estadounidense o a aplicar sanciones a los bancos que, sin saberlo, hagan negocios con miembros de esos grupos. Lula es partidario de combatir al crimen organizado mediante la asfixia económica y la cooperación internacional.La inclusión de las dos bandas se anunció apenas dos días después de que Trump recibiera en un encuentro privado en el Despacho Oval a Flavio Bolsonaro. En esa conversación, según el propio senador, el aspirante presidencial le había pedido al republicano la inclusión de los dos grupos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. El apoyo explícito de la Administración a sus aliados, con derivadas también en Europa, como el respaldo al partido de extrema derecha alemana en las recientes elecciones, está estirando al máximo los límites. A finales del año pasado, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue indultado por Donald Trump de su condena de 45 años por narcotráfico en plena campaña electoral en el país centroamericano, donde el mangante republicano apoyaba al candidato conservador. Precisamente, Hernández, con apoyo del presidente argentino Javier Milei y del propio Gobierno de Trump son señalados en una investigación periodística de Diario Red en América Latina y la página Hondurasgate -cuestionados después por su difusión- en la que revelan planes para supuestamente financiar y organizar a la actual administración de Honduras en la creación de un canal de difusión de noticias falsas con la intención de desinformar y desestabilizar a los Gobiernos de Colombia y México.