La magistrada que investiga las irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la Playa de San Juan, en Alacant, ha ordenado este viernes a la Policía Nacional personarse en el ayuntamiento para reclamar distinta documentación relacionada con la promoción de Les Naus.PublicidadSegún ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza Amparo Rubio ha dictado una providencia en la que ordena a la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía en los juzgados que identifique al responsable de los servicios jurídicos municipales y le requiera el envío "urgente" de distinta información relacionada con el proyecto.En esa misma resolución, la titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alacant insta además a los agentes a advertir al funcionario responsable de que, si vuelve a incumplir el requerimiento judicial en el plazo "improrrogable de cinco días naturales", podría incurrir en un delito de desobediencia recogido en el artículo 556 del Código Penal.La magistrada ha adoptado esta decisión después de que el consistorio no respondiera a dos requerimientos emitidos los pasados 12 y 21 de mayo para que remitiera la documentación solicitada.No ha sido la única resolución dictada este viernes en relación con el caso de Les Naus. En otra providencia, la jueza reclama al sindicato CGT una fianza de 3.000 euros para aceptar su personación como acusación popular en la causa, en la que ya participan el PSPV-PSOE y Ciudadanos.PublicidadAdemás, ha citado a declarar como testigos el próximo 17 de junio a representantes de seis constructoras a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Ese mismo día también volverán a comparecer la jefa y el secretario adjunto del Servicio Territorial de Vivienda de Alacant, que ya habían declarado anteriormente.La magistrada también ha solicitado a uno de los investigados, el gerente de la cooperativa promotora Fraorgi, diversa documentación sobre el proyecto y sobre trabajadores de dos empresas mercantiles.El denominado "escándalo" de Les Naus —expresión utilizada por el alcalde de Alacant, Luis Barcala— ha desencadenado una fuerte crisis política en la ciudad desde que salió a la luz a finales de enero. El caso ha provocado la dimisión de la concejala de Urbanismo del PP, de una directora general municipal y del funcionario autonómico encargado de supervisar los expedientes.Al margen de la investigación judicial, también se han constituido comisiones de investigación tanto en el Ayuntamiento de Alacant como en Les Corts Valencianes.