Alicante (EFE).- La magistrada que investiga el escándalo en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan de Alicante ha encargado este viernes a la Policía Nacional que acuda al ayuntamiento para requerir diversa documentación.
Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), en una providencia la magistrada Amparo Rubio ha pedido al Cuerpo Nacional de Policía a que requiera a los servicios jurídicos municipal el envío «urgente» de diversa documentación relativa a la promoción de Les Naus.
En la misma providencia la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha trasladado que los agentes aperciban al funcionario a que «en caso de nuevo incumplimiento» en el plazo «improrrogable de cinco días naturales» incurriría en un delito de desobediencia, previsto en el artículo 556 del Código Penal.
Esta medida ha sido adoptada al no haber recibido respuesta del consistorio a dos requerimientos judiciales realizados los días 12 y 21 del presente mayo para que se remitieran esos documentos.
No ha sido la única providencia de la magistrada en torno al caso de Les Naus de la Playa de San Juan ya que en otra ha pedido al sindicato CGT que preste una fianza de 3.000 euros para admitir su personación en la causa como acusación popular, con lo que se uniría a las que ya ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos (Cs).
