Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.El Comercio alertó en entregas anteriores las irregularidades detrás del proceso de compra directa. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anuló la buena pro de la millonaria compra directa de S/110.9 millones para implementar un sistema de videovigilancia en 8.000 buses de transporte público, luego de que el Órgano de Control Institucional (OCI) detectara “vicios sustanciales” e “información inexacta” en la propuesta técnica presentada por el Consorcio Perú-Bolivia. La decisión marca un giro frente a la posición que la propia entidad había sostenido semanas atrás, cuando defendió públicamente la legalidad y transparencia del proceso pese a las observaciones técnicas e impugnaciones formuladas durante la contratación.Conforme a los criterios deTipo de trabajo: AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.