ATU intensifica controles en transporte para garantizar medio pasaje a estudiantes. (Foto: Andina) La compra directa de S/110.9 millones impulsada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para instalar 40.000 cámaras de videovigilancia en 8.000 buses de transporte público no solo enfrenta cuestionamientos administrativos y técnicos, sino que ahora también ha escalado al terreno judicial. Una denuncia penal interpuesta recientemente por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, acompañada por un recurso de nulidad, apunta contra los funcionarios que otorgaron la buena pro al Consorcio Perú-Bolivia.Conforme a los criterios deTipo de trabajo: AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.