El Tribunal Supremo asegura que la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada en abril por el Gobierno "puede afectar" al censo y a la representación política en España. En el auto en el que analiza el recurso presentado por Vox a la medida del Ejecutivo de la que se prevé que se beneficien más de medio millón de inmigrantes 'sin papeles', el alto tribunal reconoce la legitimidad de los de Santiago Abascal para impugnar la norma, porque dice que puede repercutir en el "derecho de sufragio pasivo y activo". No obstante, rechaza suspenderla de forma cautelar, como pidió la formación, porque considera que no acredita un daño "irreparable" ni tampoco una ilegalidad evidente y porque prima el interés general en la aplicación inmediata del decreto mientras se resuelve el fondo del recurso.En el auto publicado este jueves, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo expone una serie de razones por las cuales sí que accede a valorar el recurso de Vox, a diferencia de los presentados por Hazte Oír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, a quienes niega que gocen de legitimidad para acudir a los tribunales a discutir una norma pública. En los otros autos, el Tribunal señala que no cualquier persona o entidad puede impugnar una norma del Gobierno, pues alega que debe existir una relación concreta entre quien demanda y el objeto del litigio que, en el caso de las asociaciones, no aprecia. Pero a Vox sí le reconoce esa legitimidad para recurrir el decreto, pues entiende que hay una "conexión" suficiente entre la norma y la función política del partido de ultraderecha. En concreto, el auto sostiene que el decreto de regularización de inmigrantes, "por su objeto y efectos, puede afectar directa e indirectamente a la configuración del censo y la representación política en España, y con ello al derecho de sufragio pasivo y activo". Esto, para el Supremo, configura una "conexión específica y concreta" con el perjuicio que señala Vox, pues la inmigración ilegal y las regularizaciones extraordinarias son un "pilar fundamental" de su actuación como partido político. Realmente, la regularización de personas inmigrantes no tendrá un impacto inmediato en el voto electoral, ya que obtener un permiso de residencia no implica adquirir el derecho al sufragio. En el sistema español, solo pueden votar en elecciones generales y autonómicas las personas con nacionalidad española (lo cual normalmente requiere entre dos y diez años de residencia legal en el país), por lo que quienes sean regularizados deberán seguir un proceso mucho más largo antes de poder acudir a las urnas. Esto hace que, en realidad, en el corto plazo, la medida no altere el censo electoral ni el comportamiento de voto.(Más información en breve)