El juez Santiago sostiene que las cloacas del PSOE intentaron "comprar" a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su declaración sobre la entrega de 90.000 euros en Ferraz. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, que investiga la existencia de una presunta trama dirigida a desestabilizar las causas judiciales que afectan al partido de Pedro Sánchez, mantiene que la organización liderada por Santos Cerdán ofreció 50.000 euros a la imputada en el caso hidrocarburos a cambio de su silencio. En un auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, se detalla cómo las cloacas vinculadas a Leire Díez pusieron en marcha un operativo para condicionar la declaración de Carmen Pano en sede judicial. Cabe recordar que la empresaria ya había asegurado ante la Guardia Civil haber efectuado dos entregas de dinero en efectivo, cada una de 45.000 euros, en la sede de los socialistas. Ante la publicación de esta información en los medios de comunicación, Díez organizó un operativo para tratar de "comprar" la voluntad de la empresaria. Según expone el juez en su escrito, unos días antes de su declaración, el antiguo abogado de Koldo García, Ismael Oliver, se puso en contacto con Leire Díez para informarle sobre la gravedad de las acusaciones de Pano y cómo estas podían afectar al PSOE. "Es importante y si queréis lo negocio yo", comentó el letrado. Tras el visto bueno de la fontanera, se acordó llevar a cabo lo que denominan como su "compra". "Esta se vende. Debemos saber comprar", dice uno de los mensajes incautados por la UCO. Según el juez, este ofrecimiento se hizo presuntamente a través de Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García. El magistrado señala que tanto para este ofrecimiento como para otros intentos de soborno la trama tenía a su disposición fondos del PSOE. En total, la investigación dirigida por la UCO apunta al pago de, al menos, 188.000 euros por parte del partido de Pedro Sánchez para tratar de frenar causas judiciales en curso. Cabe destacar la investigación del denominado 'caso Koldo', la imputación de su mujer, Begoña Gómez, o la causa contra su hermano, David Sánchez. El juez atribuye al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, "la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno". Una trama que contó presuntamente con Leire Díez como ejecutora y canal de comunicación con personajes de alto nivel e investigados en otras causas judiciales. A esta se le atribuyen el cobro de, al menos, 43.000 euros a través de sociedades interpuestas mediante la elaboración de facturas falsas. Es aquí donde entran en acción el histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías —que habría pagado 4.000 mensuales a la fontanera a través de su mercantil—, y el abogado Ismael Oliver, al que se le acusa de canalizar 27.225 euros procedentes del PSOE. La investigación dirigida por Pedraz también apunta al presunto pago de 125.000 al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, o el desembolso de 20.000 euros a la periodista fallecida Patricia López a través de una campaña de publicidad que contó con el visto bueno del director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín. Para articular estos pagos habría sido necesaria la colaboración de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, quien "emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez" y algunos de sus colaboradores. Desde Ferraz llegaron a pagarse, incluso, viajes para Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Estas gestiones se ejecutaron a través de varias empleadas con labores administrativas en el PSOE entre las que destaca Celia Rodríguez, señalada por la UCO por entregar sobres con fajos de billetes a Koldo García. A primera hora de este miércoles, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han personado en la sede de los socialistas para requerir información y documentación en el marco de una investigación abierta por la existencia de una presunta red dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE. También se ha procedido al requerimiento de información en la vivienda de Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías. El juez Santiago sostiene que las cloacas del PSOE intentaron "comprar" a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su declaración sobre la entrega de 90.000 euros en Ferraz. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, que investiga la existencia de una presunta trama dirigida a desestabilizar las causas judiciales que afectan al partido de Pedro Sánchez, mantiene que la organización liderada por Santos Cerdán ofreció 50.000 euros a la imputada en el caso hidrocarburos a cambio de su silencio.