Por María Emilia Molina de la PuenteOtra vez pasó.Otra vez una reforma constitucional que cambia de fondo el equilibrio del poder en México fue tratada en la Cámara de Diputados como un simple trámite. Una sesión rápida. Reservas desechadas en automático. Discursos para cumplir la formalidad. Una mayoría votando sin escuchar. Y, para rematar, la aprobación en lo particular prácticamente sin la asistencia de buena parte de quienes debían estar ahí decidiendo el futuro institucional del país.Quizá eso sea lo más grave de todo: ya ni siquiera disimulan.La llamada “reforma de la reforma” judicial volvió a demostrar que el Congreso dejó de funcionar como espacio de deliberación democrática. Hoy opera más bien como ventanilla de validación política. Lo importante ya no es discutir, convencer o construir acuerdos. Lo importante es pasar la instrucción rápido y sin ruido.Porque cuando una mayoría sabe que nada la detiene, la deliberación estorba.Y quizá una de las cosas más peligrosas y más normalizadas de todo este proceso pasó casi desapercibida: desde la propia presentación de la iniciativa presidencial se habló de las modificaciones propuestas como si ya formaran parte de la Constitución y rigieran ya la vida pública del país. No como una propuesta sujeta a deliberación parlamentaria, análisis constitucional o discusión democrática. No. Como un hecho consumado.La propia Consejería Jurídica del Ejecutivo federal ha dado entrevistas hablando de estas reformas como algo que “ya es ley”, aun antes de concluir el proceso legislativo completo. Y eso revela algo realmente grave: desde el poder ya ni siquiera existe la expectativa de independencia del Congreso. Se da por hecho que el Legislativo aprobará automáticamente lo que le sea enviado desde Palacio Nacional.Ese quizá sea uno de los signos más claros de la destrucción de la división de poderes. El Ejecutivo ya no actúa como un poder que propone frente a otro que delibera y decide autónomamente. Actúa como quien instruye. Y el Legislativo, lamentablemente, como quien simplemente formaliza. Sobre todo cuando de destruir al tercer poder -el judicial- se trata.Eso tiene nombre. Y hay que empezar a decirlo sin eufemismos: cuando los poderes dejan de controlarse entre sí y comienzan a operar subordinadamente alrededor de una sola voluntad política, lo que se construye ya no es una democracia constitucional. Es un régimen de concentración autoritaria del poder.Durante horas vimos lo mismo que hemos visto desde 2024: reservas ignoradas, argumentos técnicos despreciados, estándares internacionales reducidos a estorbo y legisladores de oposición hablando frente a un muro que ya había decidido desde antes incluso de entrar al salón.Un momento especialmente revelador es el rechazo de Morena a la reserva presentada por la diputada y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, retomando la propuesta impulsada por la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC) para garantizar un régimen de transición y derechos laborales mínimos a las personas juzgadoras en funciones.Ni siquiera eso aceptaron. Ni siquiera una transición básica para quienes construyeron una carrera judicial durante décadas bajo las reglas que el propio Estado mexicano impuso.Ni siquiera una garantía mínima para personas que accedieron a los cargos más altos dentro del Poder Judicial de la Federación mediante concursos de oposición, que renunciaron al litigio privado, a la actividad política y a múltiples oportunidades profesionales precisamente porque el modelo judicial exigía independencia, carrera y exclusividad.Ni siquiera eso.Y ahí se cae otro discurso oficial. Porque si realmente estuviéramos frente a una reforma pensada para mejorar la justicia, habría por lo menos sensibilidad mínima frente a las consecuencias humanas de esta transformación. Habría disposición para construir esquemas transitorios razonables. Habría reconocimiento de derechos laborales, seguridad social, expectativas legítimas o impactos diferenciados.Pero no lo hubo.La propuesta ni siquiera provenía de alguien que pueda ser fácilmente caricaturizada como “enemiga” del oficialismo. Provenía de quien durante años fue ministra de la Suprema Corte, integrante del propio movimiento político hoy en el poder, haciendo suya una petición concreta de personas juzgadoras organizadas.Ni así.Porque el problema nunca ha sido técnico, presupuestal o jurídico. Es político.Las democracias constitucionales no se definen solamente porque haya elecciones o mayorías legislativas. También se definen por cómo tratan a las minorías, por cómo procesan los desacuerdos y por la existencia de límites frente al ejercicio del poder.Estamos hablando de reformas constitucionales que modifican la estructura del Poder Judicial, las reglas democráticas y el equilibrio institucional del país. No de ajustes administrativos menores.Sin embargo, todo ocurre a velocidad de trámite burocrático. Nuevamente.Como si hubiera prisa. Y probablemente la hay.Porque la rapidez también es estrategia política. Cuando las reformas se aprueban rápido, superficialmente y entre saturación informativa, disminuye la capacidad social de reacción. La ciudadanía apenas alcanza a entender qué está pasando cuando las decisiones ya quedaron consumadas.Eso ocurrió con la reforma judicial original. Y vuelve a ocurrir ahora.Socialmente, nos estamos acostumbrando demasiado rápido a que el Congreso no discuta. A que las reservas sean puro adorno parlamentario. A que las decisiones constitucionales se tomen desde otros espacios y el Poder Legislativo únicamente las formalice. Estamos normalizando el desmoronamiento democrático.Porque el Parlamento solo tiene sentido democrático si existe posibilidad real de persuadir, negociar, construir o corregir. Cuando las votaciones ya vienen decididas desde antes; cuando las reservas jamás serán escuchadas; cuando las mayorías funcionan únicamente bajo lógica de obediencia política, el Congreso deja de ser contrapeso y se convierte en maquinaria.Y lo ocurrido con la propuesta impulsada por AMJAC exhibe además algo más que resulta incómodo para el discurso oficial: detrás de esta reforma sí hay personas concretas afectadas. Desde hace años se ha intentado reducir toda crítica a una caricatura sobre “privilegios”. Pero detrás de esa narrativa hay vidas reales. Personas que construyeron carreras enteras bajo reglas definidas por el propio Estado mexicano. Mujeres y hombres que organizaron su vida profesional, familiar y económica alrededor de un modelo de carrera judicial que hoy simplemente decidieron destruir.Y sí, particularmente mujeres.Mujeres juzgadoras que rompieron techos de cristal dentro de estructuras históricamente masculinizadas. Mujeres que además enfrentan impactos diferenciados por esta reforma: pérdida de seguridad social, incertidumbre económica, obstáculos territoriales para ejercer profesionalmente, ruptura de redes de apoyo y afectaciones directas en contextos de cuidados familiares.Pero nada de eso pareció importar antes y ahora, que lo único que se pide es certeza respecto de derechos mínimos para una salida digna, ante un cese inconvencional, sigue sin importar. Más allá del discurso oficialista de que “se respetarán derechos laborales”, hemos visto que los órganos administrativos pasan por encima de todos esos derechos. Por eso la importancia de un texto que garantizara que a pesar de la reforma de la reforma, deben respetarse.La mayoría legislativa decidió que ni siquiera merecían una transición mínima.Y eso manda otro mensaje igual de peligroso: quien incomoda políticamente no merece protección institucional.La reforma judicial ya no es solamente un rediseño constitucional. También es un mecanismo de disciplinamiento.Porque mientras más agresiva y ejemplificadora sea la destrucción del modelo anterior, más claro resulta el mensaje para quienes permanecen dentro del sistema: no habrá espacios seguros para la disidencia institucional.Y aun frente a eso, todavía hay quienes siguen hablando de “acompañar”, “moderar”, “esperar” o “buscar espacios de negociación”.Francamente, cuesta entenderlo.Porque ya ni siquiera estamos discutiendo matices de una reforma. Estamos viendo la consolidación de un modelo de concentración de poder donde los contrapesos institucionales estorban y, por tanto, deben someterse, debilitarse o capturarse.Por eso el procedimiento legislativo importa tanto.Importa que las reservas no se escuchen. Importa que las votaciones se hagan con ausencias. Importa la rapidez. Importa el desprecio hacia cualquier argumento técnico. Importa la forma.Porque la forma también comunica.Y lo que hoy comunica el poder es devastador: ya no considera necesario convencer. Le basta imponer.La tragedia es que además comenzamos a normalizarlo.Como si fuera inevitable. Como si así funcionaran las democracias. Como si un Congreso reducido a oficialía de partes fuera algo menor.No lo es.Las democracias no suelen destruirse de golpe. Se erosionan poco a poco. A veces ni siquiera mediante grandes rupturas espectaculares, sino a través de procesos donde las instituciones siguen existiendo formalmente… pero dejan de cumplir su función.Eso estamos viendo: un Congreso que ya no delibera; un Poder Judicial cuya independencia se desmonta aceleradamente. Órganos disciplinarios fortalecidos políticamente. Reglas constitucionales cambiando según conveniencias coyunturales. Y una narrativa pública donde cualquier crítica es tratada como traición.No son hechos aislados. Es un proyecto.Por eso resulta tan grave que hoy todo pueda aprobarse en unas cuantas horas, entre ausencias, reservas ignoradas y mayorías automáticas.Porque así también mueren las democracias.No siempre con tanques en las calles.A veces, basta un Congreso que deje de discutir.. Doctora en Derecho y Magistrada de Circuito en retiro.