*Texto suscrito también por Ernesto Cavassa, de Fe y Alegría, Marilú Martens, de CARE Perú, y María Amelia Palacios, de Foro Educativo. La segunda vuelta electoral representa una oportunidad para elevar el debate educativo. El país necesita escuchar propuestas concretas sobre cómo enfrentar problemas estructurales que continúan limitando el desarrollo y profundizando desigualdades. En este escenario, existen al menos tres temas que deberían ocupar un lugar central en la campaña: docentes, exclusión y gobernanza. Docentes La discusión pública suele reducirse a incrementos salariales, pero la revalorización docente es mucho más compleja. Implica fortalecer la formación profesional inicial, actualizar capacidades frente a desafíos contemporáneos como la inteligencia artificial, la ciudadanía democrática y la inclusión, además de mejorar las condiciones laborales y el bienestar de los maestros. Ninguna transformación educativa será sostenible si se sigue tratando a los docentes únicamente como ejecutores de políticas y no como profesionales con autonomía y capacidad de liderazgo pedagógico. Exclusión educativa La exclusión educativa es una realidad mucho más profunda que el simple acceso a la escuela. Millones de peruanos no concluyeron su educación básica y miles de estudiantes abandonan cada año el sistema por razones económicas, familiares o territoriales. A ello se suma una exclusión menos visible, pero igualmente grave: estudiantes que permanecen en las aulas sin alcanzar aprendizajes, desconectados digitalmente o sin condiciones mínimas para desarrollarse plenamente. Las mayores brechas siguen afectando a zonas rurales, pueblos indígenas, personas con discapacidad y mujeres. El país necesita saber no solo cómo se garantizará que nadie quede fuera del sistema, sino también cómo se evitará que millones permanezcan dentro de él sin oportunidades reales. Gobernanza y modernización del sistema educativo Sin capacidad de gestión, continuidad de políticas públicas y una mejor articulación entre niveles de gobierno, cualquier reforma termina diluyéndose en la implementación. La descentralización educativa necesita fortalecerse y también modernizar la gestión pública, reducir burocracia, aprovechar mejor la información y fortalecer la autonomía de las escuelas y el liderazgo directivo para responder a las necesidades específicas de cada territorio. En los planes de gobierno persiste, además, un vacío importante: cómo se implementarán las propuestas, con qué recursos y bajo qué metas verificables. La segunda vuelta no puede convertirse en una competencia de promesas inviables ni de anuncios sin sustento técnico. Porque seguir postergando decisiones en educación no es neutral: significa condenar a millones de peruanos a continuar atrapados en desigualdad, exclusión y falta de oportunidades.