La vista oral por las supuestas irregularidades en la contratación, en 2017, de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por la Diputación de Badajoz comienza este jueves, solo 24 horas después de conocerse que la Audiencia Nacional investiga una trama, en la que presuntamente están implicados varios miembros del PSOE, que supuestamente puso en marcha una campaña contra los jueces que llevaban causas contra el Gobierno, entre ellos Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó precisamente el sumario que ha sentado en el banquillo al familiar de Pedro Sánchez. Según ha revelado el auto por el que su compañero Santiago Pedraz ha ordenado este miércoles a la Guardia Civil acudir a la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid y registrar varios domicilios, la magistrada de Badajoz fue víctima de “sucesivas denuncias infundadas” orquestadas por esta trama. El objetivo, según un mensaje intervenido a la exmilitante socialista y epicentro de la trama, Leire Díez, era “destruir el procedimiento”.El hermano de Sánchez y el exdirigente socialista Miguel Ángel Gallardo, a los que no acusa la Fiscalía, se enfrentan en este juicio a una pena de tres años de cárcel cada uno por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Es lo que piden para ellos las acusaciones populares, que lidera el pseudosindicato Manos Limpias y entre las que también están PP, Vox y organizaciones del ámbito ultra. Los otros nueve encausados son ex altos cargos y trabajadores de la institución pacense y un exfuncionario del Palacio de La Moncloa, Luis Carrero, que terminó trabajando para la diputación y para el que la acusación pide un año y medio de prisión. Con el ruido de fondo de la operación de este miércoles de la Unidad Central Operativa (UCO, la que llevó precisamente las pesquisas sobre el hermano de Pedro Sánchez), las defensas de los 11 encausados ―entre ellos el propio David Sánchez y el exlíder del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo― lanzarán este jueves una ofensiva para intentar anular la causa. Durante las dos jornadas previstas por el tribunal para la fase de cuestiones previas, los letrados volverán a pedir, como ya hicieron sin éxito durante la instrucción de la causa, el sobreseimiento “por inexistencia de indicios” o, al menos, la nulidad de buena parte de la investigación por supuestos defectos de forma, según detallan fuentes jurídicas. El argumento de las defensas será una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los 11 acusados por dos hechos concretos: la intervención por parte de la Guardia Civil de decenas de miles de correos electrónicos de las cuentas oficiales en la Diputación de los encausados y otros trabajadores de la institución, que se han convertido en una de las piezas angulares de la causa, y el hecho de que las pesquisas tuvieron, en su opinión, un supuesto carácter prospectivo (iniciada sin hechos objetivos o pruebas comprobadas, algo prohibido por la ley). En este sentido, recordarán que la causa se inició a finales de mayo de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias sustentada en recortes de prensa en los que se acusaba a David Sánchez de múltiples hechos, buena parte de los cuales quedaron refutados posteriormente por la investigación. Fuentes jurídicas admiten que las posibilidades de que el tribunal acepte estas cuestiones previas “son prácticamente nulas” precisamente porque, cuando las defensas intentaron la misma estrategia durante la instrucción de la causa, la Audiencia Provincial las tumbó y respaldó la investigación de la jueza Biedma. De hecho, fuentes de una de las defensas admiten que el motivo para volver a plantearlas en el arranque de la vista es poder esgrimir estos argumentos en hipotéticos recursos futuros ante instancias judiciales superiores si finalmente se dicta una sentencia condenatoria. David Sánchez recusó también sin éxito en noviembre a los tres miembros del tribunal ―los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, presidente de la Audiencia Provincial; Emilio Francisco Serrano Molera, que será el ponente de la sentencia, y Dolores Fernández Gallardo― por falta de objetividad al considerar que mostraron un “sesgo incriminatorio” en el auto en el que resolvieron los recursos contra su procesamiento.El calendario fijado para la vista oral reserva dos días para las cuestiones previas y deja para el lunes de la semana que viene el comienzo de las declaraciones de los testigos. En sesiones de mañana y tarde, y hasta el miércoles, el tribunal espera poder interrogar a 43 testigos, entre ellos nueve agentes de la UCO que participaron en la investigación, incluido el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la unidad y contra el que también había orquestado una campaña de desprestigio la supuesta trama de Leire Díez. También deberán comparecer funcionarios, los directores de los dos conservatorios de la provincia y algunos de los candidatos al puesto que finalmente se adjudicó a David Sánchez. Una vez terminadas las testificales, nunca antes del 4 de junio, llegará el turno de las declaraciones de los 11 procesados, entre ellos David Sánchez y Gallardo. Fuentes jurídicas dan por seguro que con ellas se superará el calendario previsto y parte de estas se celebrarán en la segunda semana de junio.La vista debe dilucidar si el proceso de creación del puesto de coordinador de los conservatorios dependientes de la Diputación de Badajoz, un puesto de alta dirección, y su adjudicación a David Sánchez se ajustó a la legalidad o, como concluyó la jueza instructora, se realizó supuestamente “sin cumplir los requisitos constitucionales”. La magistrada apuntaba en el auto de procesamiento que existían “indicios” de que el hermano de Pedro Sánchez, “teniendo conocimiento previo” de que esta plaza “se había creado para él” y que por ello “se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”. David Sánchez ha insistido durante la investigación que encontró las bases de la convocatoria a través de un buscador de internet y niega que su hermano influyera, entre otros motivos, porque cuando la Diputación acordó crear el puesto, hacía escasas fechas que había dimitido como secretario general del PSOE.También debe aclarar si, como apuntaba la magistrada, el familiar de Pedro Sánchez utilizó posteriormente su “influencia” en el organismo público “para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera” y, posteriormente, para que un amigo suyo que trabajaba en el Palacio de la Moncloa, Luis Carrero, que también se sienta en el banquillo de los acusados, “fuera contratado [en diciembre de 2023] por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho”. En cuanto al papel de Gallardo, entonces presidente de la diputación y líder de los socialistas extremeños, que dimitió de sus cargos en el partido tras la debacle electoral en las autonómicas del pasado diciembre de la lista socialista que él encabezaba, la vista oral dilucidará si, como afirmaba la magistrada, estaba al corriente de que la creación del puesto en el organismo que entonces presidía “estaba destinado a ser adjudicado” al hermano de Pedro Sánchez o, como asegura su defensa, ni sabía que este se presentaba ni cometió ninguna irregularidad durante la tramitación. La jueza afirmaba que, una vez que David Sánchez se incorporó al puesto, Gallardo y él mantuvieron “una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana”.