“12 aparatos tipo S.81 [bombarderos]... tres aparatos modelo CR 32; tres aparatos modelo M41 [aviones de combate] 10.000 bombas pequeñas incendiarias; 2.571 bombas de profundidad; 29.164 kilogramos de gasolina de aviación; 90.000 cartuchos ordinarios...” Es parte del material de guerra incluido en los cuatro contratos de compra a la aeronáutica SIAI (Società Idrovolanti Alta Italia) que Pedro Sainz Rodríguez, uno de los monárquicos que participó en la conspiración que desembocó en la Guerra Civil, firmó en Roma 17 días antes del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Los documentos se reproducen por primera vez en Al servicio de la democracia, un libro que analiza el conflicto desde las embajadas y consulados españoles que, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, “se convirtieron también en un campo de batalla”. Allí, ha explicado este miércoles en la presentación del volumen, de 759 páginas, “no había trincheras ni fusiles”, pero se libró una disputa crucial “en la que estaba en juego el apoyo de otras naciones a la legitimidad y la supervivencia de la República, un factor que sería determinante para el curso de la guerra y desgraciadamente, para la historia posterior del país”. El libro muestra, por un lado, el papel de los monárquicos en la trama que llevó a la sublevación, y por otro, el apoyo decisivo y desde el inicio del fascismo italiano a Franco. También desmonta, según explica el historiador Ángel Viñas, que ha coordinado el volumen, algunos viejos mitos e interpretaciones “maniqueas” de la historia para intentar justificar el golpe de Estado: “No fue una conspiración prosoviética, sino profascista”.El estudio parte de una obra anterior, ahora ampliada con la incorporación de nuevos hallazgos y documentos. Además de Viñas, firman el trabajo otros 13 historiadores pertenecientes a tres generaciones diferentes. Dos de los autores, Julio Aróstegui y Ricardo Miralles, ya han fallecido, pero su investigación ha sido incluida en el volumen tras ser revisada por dos jóvenes especialistas. Al servicio de la democracia. Los diplomáticos de la República y la factura de la lealtad, editado por Crítica y financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, se nutre de archivos nacionales y foráneos, correspondencia, informes oficiales, telegramas y entrevistas para explicar la victoria franquista a través de la decisión de intervenir o no de otros países con intereses contrapuestos. También recupera la memoria de los diplomáticos españoles, “no muchos”, según admitió el ministro, que se mantuvieron leales al gobierno legítimo —y que desde 2025 cuentan con una placa en su honor en el Ministerio—; retrata a los que conspiraron con o se colocaron junto a los sublevados y a los que jugaron a dos bandas. El apoyo a Franco de Mussolini...La POLPOL, policía política de la dictadura mussoliniana, explica Viñas en el libro, ya hablaba en abril de 1936 de la posibilidad de un retorno del exrey Alfonso XIII al trono de España. Mientras el 1 de mayo de 1936 tomaba posesión el nuevo embajador español ante la Santa Sede, Luis de Zulueta, los conspiradores ya estaban dando los pasos necesarios para la firma de esos cuatro contratos de compra de aviones y armamento a Italia. “De los tres dictadores”, añade el historiador, “Mussolini se había adelantado a Hitler y a Stalin” a la hora de decidir su postura “al apoyar la conspiración monárquico-militar a lo largo de la mayoría de los años de paz de la República y finalmente comprometerse, el 1 de julio de 1936 a enviar el necesario apoyo material en forma de aviones. Quería que el régimen en formación, si ganaba, estuviera dispuesto a aceptar algunas de las características del propio, es decir, el color populista del fascismo”. Manuel Aguirre de Cárcer había sido nombrado embajador en Roma el 2 de mayo de 1936. Llegó a la capital italiana el 4 de julio; el 25 recibió un telegrama del Ministerio en el que el Gobierno republicano le pedía información sobre cuántos funcionarios podían considerarse “leales” y el 28 de julio dimitió, acosado por los conspiradores, entre ellos, el entonces agregado naval, Rafael Estrada, quien, en 1939 recibió la Gran Cruz de la Corona de Italia y fue invitado a los actos conmemorativos por el 50 cumpleaños de Hitler, como recuerda en el libro la historiadora Carolina Peña. Junto a Estrada fue clave, también, el agregado militar, Manuel Villegas Gardoqui, encargado de convencer a Mussolini en 1937 de que permitiera que sus tropas actuaran bajo órdenes españolas. Il Duce le concedió las medallas de Comendador de la Orden de la Corona de Italia y del mérito de Guerra. A su regreso a España, llegó a teniente general y vio cómo se restablecía la democracia, ya que murió en 1981, a los 87 años. Mola, al embajador español en Berlín: “Le felicito por su conducta de buen español”Viñas explica en el libro que “el Tercer Reich no estuvo relacionado directamente con la conspiración militar, aunque intentos no faltaron por parte monárquica española de conseguirlo. A diferencia de lo que pasó en Italia, la ayuda alemana fue una decisión súbita de Hitler”. En Madrid, explica, al principio no se dio por perdida a Alemania e incluso intentaron comprobar si los nazis estaban dispuestos a vender aviones. Para el historiador, que ha consultado archivos españoles y alemanes y se ha entrevistado con antiguos nazis, no pesaron tanto factores económicos o ideológicos, como geoestratégicos: “La información de que Mussolini ayudaba a Franco fue, sin duda, un estímulo. Para Hitler, ayudar a la rebelión, tal y como le solicitaba un general que le era desconocido, permitiría, si triunfaba, transformar la situación geoestratégica del Mediterráneo occidental. Un régimen proclive a Francia, a la cual los republicanos ya habían demandado apoyo, podría verse sustituido por otro de tendencia contraria. Pensó a largo plazo y actuó con mayor rapidez que sus diplomáticos y militares, mucho más cautelosos”.En el capítulo dedicado a la Embajada española en Berlín, el historiador analiza en profundidad el papel jugado por el embajador, Francisco Agramonte, y el libro incluye por primera vez la correspondencia que mantuvo con el general Mola, quien le felicita “por su conducta, la que corresponde a todo buen español”. “No tenga la menor preocupación, sabemos quién es usted y le utilizaremos como corresponde”, le escribe el 3 de agosto de 1936. El libro incluye un guion de Agramonte postulándose para impartir unas charlas en defensa de la necesidad de la guerra y de la victoria del bando sublevado: “Los soldados de Franco no se baten por frívolas ni malas razones. Se baten por los tres más elevados principios: por Dios, por la patria y por la justicia social”. La política de no intervención que desahució a la RepúblicaPara Viñas, “el embajador que resultó más dañino para la República” fue el de Londres, Julio López Oliván, que incitó al ministro de Asuntos Exteriores británico a seguir la línea de no involucrar a la Sociedad de Naciones". El historiador Enrique Moradiellos, encargado del capítulo dedicado a la embajada británica, recuerda que entre el 18 de julio y el 27 de agosto de 1936, casi todos los diplomáticos españoles presentaron su dimisión y “la gran mayoría pasaron a actuar abiertamente a favor de los insurgentes”, que en aquel momento estaba representada en Gran Bretaña “por dos notables exponentes del monarquismo alfonsino: el ingeniero aeronáutico Juan de la Cierva y Cordorníu y Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, duque de Alba”. “Ambos”, añade, “habían participado de manera activa en la trama civil de la conjura antirrepublicana puesta en marcha por el general Mola desde la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936″. Fueron Gran Bretaña y Francia quienes “patrocinaron tenazmente” el acuerdo de no intervención en España al que se adhirieron a finales de agosto de 1936 todos los gobiernos europeos, lo que sentenció la derrota diplomática de la República e impidió al Gobierno legítimo abastecerse de suministros bélicos en sus mercados tradicionales. Los partidarios de la sublevación habían convencido a las autoridades británicas de que España estaba inmersa, desde las elecciones de 1936, en una crisis similar a la de Rusia en 1917 y preferían la victoria de las fuerzas insurgentes, explica Moradiellos, “para salvaguardar las cuantiosas inversiones británicas en el país y la seguridad de la base naval de Gibraltar”. Cuando el nuevo embajador enviado por la República para tratar de deshacer aquel relato, Pablo de Azcárate, vio que con los ingleses no había nada que hacer, se volcó en Francia y llegó a ofrecer “la posibilidad de aceptar determinados cambios territoriales en el norte de África en favor de Francia, a fin de que esta pudiera hacer concesiones territoriales a Alemania en alguna de sus colonias”, pero el 27 de febrero de 1939, Gran Bretaña y Francia reconocieron formalmente a la España de Franco. La infatigable labor propagandística del embajador y de su equipo, contribuyó, no obstante, a que todas las encuestas realizadas entonces por el Instituto Británico de Opinión Pública mostraran un amplio predominio de las simpatías republicanas entre la población del Reino Unido durante toda la guerra y especialmente, tras el bombardeo de Guernica. Hasta 2.500 voluntarios británicos viajaron a España para combatir en las Brigadas Internacionales y de ellos, una cuarta parte perdió la vida. Diplomático y traficante de diamantesEl libro define a José Antonio Sangróniz como “el más importante de los diplomáticos que participaron activamente en la conspiración” para el golpe de 1936. Pese a que su nombre, escriben los historiadores Viñas y Pilar Sánchez Millas, “no suele identificarse en la preparación de la sublevación, se las arregló para participar en momentos claves que aseguraron el éxito de la militarada”. El capítulo detalla que “estuvo en conversaciones exploratorias de los monárquicos con José Antonio Primo de Rivera” y prestó un piso que tenía en Madrid para “reuniones conspirativas con militares”. Se presentó a sí mismo como “uno de los organizadores, aunque modesto, del Movimiento Nacional”. En agosto de 1938, Sangróniz fue nombrado representante nacional en Caracas. Durante la segunda guerra mundial, los británicos contaron con un servicio secreto, aparte del M16, la British Security Coordination (BSC), cuya actividad consistió, fundamentalmente, “en investigar actividades del adversario en las Américas”. Un informante en la embajada les comunicó que Sangróniz estaba en contacto con un diamantero, Ángel Arpon Gándara, uno los falangistas más importantes en Venezuela. Siguiendo el hilo, se descubrió que cuando llegó a Caracas el embajador había abierto una cuenta en el Banco Central de dicho país con cinco mil dólares y cuando salió, su saldo ascendía a 103.000, que no le permitieron llevarse porque se había acordado con las autoridades bloquear sus cuentas. “En circunstancias normales”, escriben los autores del capítulo, “ello hubiese dado lugar a la denuncia a las autoridades policiales y judiciales del régimen sin excluir alguno de los tribunales de honor que tan frecuentemente tomaban decisiones drásticas”. Pero no ocurrió nada de eso. El aparato represivo franquista, añaden, se orientaba entonces “hacia los ‘traidores a la patria’, es decir, republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, masones, librepensadores... ¿Cómo castigar a un veterano de la conspiración, íntimo colaborador de Franco durante el primer año y medio de guerra? No extrañará que lo que se hiciera en el Ministerio de Asuntos Exteriores consistiera en velar en todo lo posible el episodio". El sacrificio de las primeras mujeres diplomáticasEspaña fue uno de los primeros países del mundo en admitir a mujeres en la diplomacia, muy por delante de naciones como Francia y Reino Unido. El decreto republicano del 30 de agosto de 1932 permitió el ingreso por oposición de la primera, Margarita Salaverría y Galarraga, con funciones en el Ministerio de Estado. La historiadora Matilde Eiroa recopila el periplo de estas mujeres tras estallar la guerra civil. Isabel de Palencia, embajadora en Suecia, calculó que, al finalizar 1937, se habían recolectado en el país a través de donaciones y cuotas más de cinco millones de coronas, una cantidad que situaba a Suecia como el Estado que más dinero per cápita envió a España después de la URSS. Enviada a Francia, Victoria Kent se ocupó de las adopciones de huérfanos. Eiroa explica que el criterio inicial del gobierno republicano era no autorizar esas adopciones por parte de familias francesas, pero la situación empeoraba, y tras la guerra, Kent se ocupó del alojamiento de unos 400 niños huérfanos procedentes de Cataluña, así como de un grupo amplio llegado de otras zonas republicanas. En los meses finales de la Guerra Civil, el embajador Ángel Osorio y Gallardo apoyo a Kent en las gestiones para sacar de los campos de concentración del sur de Francia a exiliados. La invasión alemana obligó a cancelar las salidas y ella misma no pudo embarcar hacia México. “Su nombre quedó incluido en las listas entregadas por el gobierno de Franco al alemán, viéndose obligada a permanecer en la Francia ocupada escondida y con nombre falso”. Falleció en Nueva York en 1987. El capítulo recuerda también a Matilde Huici, que fue secretaria en el Ministerio de Estado. Su intervención en la evacuación de niños de la zona republicana , recuerda Eiroa, le valió ser condenada a muerte e impidió su regreso a España. Tras la victoria franquista, recuerda la historiadora, “estas mujeres tuvieron que optar por el exilio para salvar sus vidas. En sus lugares de destino — México o Suiza—, continuaron aportando lo mejor de su formación y profesión a las sociedades de acogida. España, en cambio, se vio privada de su presencia en un marco sociocultural empobrecido y homogeneizado en torno al planteamiento nacionalcatólico y dictatorial del franquismo".