Después de un sermón a los postulantes, la comisión ciudadana se retiró a elaborar el informe de recalificación de méritos de 22 aspirantes a presidir la Fiscalía General de Estado. Este 27 de mayo de 2026, la comisión ciudadana encargada de realizar las fases del concurso público de méritos, oposición e impugnación para la selección del fiscal general, cerró una sesión de trabajo en la que se dedicó a resolver 22 pedidos de recalificación de los puntajes otorgados en méritos sobre 50 puntos. Aunque, al final de la cita no se informó en detalle cuántos postulantes fueron beneficiados con la revisión y subieron su nota del total de 28 aspirantes que están en la competencia.PublicidadUna de las últimas carpetas que se tramitó este miércoles fue la del postulante José de la Gasca, a quien no le subieron el puntaje y se quedó con 41/50. De la Gasca consideraba que debía sumar unos 48 puntos y solicitó a la comisión que se le recalifique su participación en audiencias de flagrancia y de vinculación en el libre ejercicio profesional, pero se negó su pedido.David Flores, funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano y delegado del Gobierno nacional ante la comisión, revisó la carpeta del aspirante De la Gasca y del actual fiscal subrogante, Carlos Alarcón Argudo. PublicidadPublicidadLucía abrumado y agudizaba la voz para leer los pedidos De la Gasca. Le llamó la atención porque hace una “mala interpretación y lectura” del reglamento para sustentar su pedido; además de que se repitió hasta la “saciedad” de los criterios que se aplicaron para puntuar los méritos. Finalmente, a de la Gasca —exministro de Gobierno del régimen de Daniel Noboa— no se le reconoció ningún punto de cinco actas de audiencias judiciales a las que asistió. PublicidadAl concursante Walter Macías, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se le subió un punto por su participación en un procedimiento de extradición, pero le negaron un punto por acción afirmativa. El exmagistrado se autoidentifica como montuvio por ser oriundo de Manabí y presentó un certificado de registro emitido semanas atrás por el Consejo de Pueblos y Nacionalidades.Sin embargo, el reglamento establece que el documento que acredita la autoidentificación debe ser, de al menos, dos años de antelación a la fecha de la convocatoria al concurso. La normativa reconoce nueve puntos como acción afirmativa, entre ellos, ser una “persona domiciliada durante los últimos cinco años en zona rural”. PublicidadEsto acreditó la aspirante Inés Romero, jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quien presentó un certificado de que vive en Cumbayá, una parroquia que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito. Al concluir la reunión de trabajo, la comisionada Cynthia Jacho, que preside esa instancia, amonestó a los 28 competidores porque después de revisar sus solicitudes concluyó que “no han leído” el reglamento de selección. Detalló varios aspectos que los concursantes no dieron cumplimiento porque no aplicaron lo que está escrito en la normativa.La comisión empezó con la revisión de los pedidos de recalificación el 20 de mayo pasado y ahora le quedan dos días para elaborar un informe final de la fase de calificación de méritos que se lo remitirá para conocimiento del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).Una vez que el informe de labores de esta comisión llegue al Consejo será conocido por el pleno de consejeros y se abrirá la etapa de impugnación y escrutinio. Lo previsto es que la segunda semana de junio arranque esta etapa en la que la sociedad civil puede objetar a los 28 participantes por falta de probidad, idoneidad, incumplimiento de requisitos o por estar incursos en inhabilidades. Después de la impugnación ciudadana continuará el concurso con la prueba escrita y oral que rendirán los 28 participantes. (I)