La práctica era habitual desde enero de 2024, pero solo a principios de 2026 se pudo constatar que un grupo de empresarios ganaderos transportaba vacas “en estado agónico” y pésima situación general a un matadero de Burgos. El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha puesto a disposición judicial a ocho personas acusadas de delitos de maltrato animal por las condiciones en las que el ganado era trasladado al matadero burgalés. “Los ejemplares procedían de explotaciones lecheras y eran transportados para su sacrificio en estado agónico, caquéxicos [con desnutrición extrema], con movilidad reducida, con traumatismos en origen o en gestación avanzada”, expone el comunicado institucional, con múltiples detalles sobre la paupérrima salud de animales que se destinaban a consumo humano. Los veterinarios de la Junta de Castilla y León detectaron estos episodios y propiciaron la investigación.Los agentes burgaleses al mando de la Operación Leiteira han desmantelado una operativa que implicaba a ganaderos, transportistas, tratantes y empresarios de este sector, compinchados en esta trama. Los ocho acusados tienen entre 28 y 52 años y tres de ellos proceden de Lugo, dos de A Coruña, uno de Cantabria, otro de Bizkaia y otro de Portugal. Los ocho están acusados de delito de maltrato animal y están relacionados con “irregularidades constitutivas de infracción administrativa”. Los primeros indicios llegaron en enero de 2026 gracias a los veterinarios de la Junta, que llamaron al Seprona “al comprobar las pésimas condiciones de un transporte de ganado vacuno destinado a sacrificio”. Los uniformados constataron que en el vehículo había cuatro vacas que “no habían podido descender debido a su deplorable estado, una de ellas agonizando”. Al inspeccionar las instalaciones, vieron “animales extremadamente descarnados, moribundos y varias reses agrupadas con heridas en espina dorsal y cadera, ejemplares de raza frisona, procedentes de explotaciones de producción lechera en régimen intensivo”. También se registraron “el uso de métodos de manejo prohibidos, animales transportados sin compasión, con fracturas abiertas y partos distócicos [que se prolongan más de lo habitual], con fallos multiorgánicos y en estado de shock”. Esta situación era “irreversible” en varios casos y los animales tuvieron que ser sacrificados de urgencia ante su condición. El Seprona ha asegurado que estos hechos se producían al menos desde enero de 2024 y que existen siete casos similares.La mala praxis habitual se producía en el transporte de las vacas y en las operaciones de carga y descarga de los ejemplares, sin atender, “de forma flagrante”, los requisitos de las normativas de bienestar animal. Entre el conjunto de empresarios, ganaderos, tratantes y transportistas primaban sus intereses comerciales y económicos sobre unas mínimas condiciones dignas para las vacas, sin que puedan considerarse “incidentes aislados”, sino derivados de “una cadena de decisiones negligentes por parte de los ocho implicados identificados”.