El ministro de Economía, Luis Caputo, ejecutó una precisa ingeniería contable orientada a blindar el mandato de Javier Milei frente a la volatilidad de la deuda externa. A través de un programa financiero que será presentado en los próximos días, el Palacio de Hacienda detallará la cobertura de las obligaciones soberanas hasta el cierre de 2027, estructurando un argumento técnico para ratificar que la Argentina no buscará financiamiento en los mercados internacionales en el corto plazo. Para lograrlo, el plan oficial contempla consolidar una red de contención de USD 12.000 millones mediante un pool de diversas fuentes de financiamiento.
Fuentes con conocimiento directo de la hoja de ruta confiaron a PERFIL que el detalle definitivo está bajo estricto repaso. A grandes rasgos, el esquema se compondrá de cuatro vías de ingresos: USD 3.000 millones provenientes de los créditos REPO anunciados en enero de 2026; USD 4.000 millones obtenidos en el mercado local mediante licitaciones de bonos del Tesoro; cerca de USD 2.000 millones originados por el proceso de privatizaciones y otros USD 4.000 millones a través de préstamos bancarios respaldados por organismos multilaterales de crédito.
La letra chica de este último tramo quedó expuesta en el reciente Staff Report publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En las mesas técnicas de negociación, los funcionarios del Palacio de Hacienda confirmaron avances sustanciales en una línea de financiamiento con bancos internacionales que tendrá una duración de seis años y un plazo de gracia de tres años. En la práctica, se trata de un nuevo acuerdo extendido hasta 2032 que comenzará a cancelarse recién en 2029. Como particularidad, este préstamo comercial contará con la garantía explícita del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, replicando el esquema de avales sectoriales que el Ejecutivo negoció de manera individual durante el mes de abril.
