OpiniónTrabajar en modelos basados en la competitividad y la eficiencia técnica es la clave para que las soluciones estructurales sean permanentes.26.05.2026 22:01 Actualizado: 26.05.2026 22:01 En el marco del Día Mundial del Reciclaje, celebrado el 17 de mayo, los indicadores sectoriales invitan a un análisis técnico riguroso. Mientras la tasa de aprovechamiento nacional reportada en el Sistema Único de Información (SUI) del Servicio Público de Aseo (SPA) se sitúa de manera de persistente en el 17 por ciento, mediciones como la Cuenta Ambiental de Flujo de Materiales del Dane (60,68 por ciento) o los reportes de la Anla (38,31 por ciento) muestran dinámicas de reincorporación con porcentajes sustancialmente diferenciados. Esta asimetría plantea una oportunidad para reflexionar sobre la gobernanza e insistir en la necesidad de alinear los incentivos del sistema hacia la eficiencia macroeconómica.Históricamente, el diseño del SPA se ha estructurado bajo criterios de cobertura y disposición final. Esta aproximación responde a la salubridad urbana inmediata, pero separa el enfoque de la productividad de los materiales. Asimismo, los datos de separación en la fuente evidencian que la corresponsabilidad y el conocimiento del usuario sobre el funcionamiento del sistema siguen siendo un desafío. Al no integrarse la participación ciudadana desde el origen, se prolongan dinámicas lineales que limitan el mercado del reciclaje inclusivo y dificultan el cierre de brechas sociales.Frente a los recientes proyectos de reglamentación sectorial radicados para consulta pública, la evolución del marco regulatorio necesita certidumbre técnica. El diseño de una estructura tarifaria eficiente depende del reconocimiento preciso de los costos reales de recolección, transporte y clasificación del material aprovechable. Procesos con plazos que permitan un análisis predictivo robusto sobre los datos reportados, junto con la apertura completa de los modelos técnicos que sustentan las decisiones, son condiciones necesarias para garantizar la seguridad jurídica de la cadena.Adicionalmente, el fortalecimiento sectorial está naturalmente ligado a la flexibilidad del mercado. La introducción de requisitos que operen como barreras de entrada para nuevas organizaciones de recicladores de oficio (ORO) en proceso de formalización incide negativamente en la libre competencia. La gobernanza se potencia cuando la regulación promueve la asociatividad legítima y habilita un entorno que permita la entrada de nuevas soluciones en los territorios.Ha pasado una década desde la expedición del Decreto 596 de 2016, y a pesar de su actualización mediante el Decreto 1381 de 2024, la persistencia del enterramiento y la informalidad laboral invita a profundizar en variables netamente estructurales.Solo a través de un sistema económicamente viable y sostenible se logra una reducción real y medible de la pobreza en las bases de la cadena.En primer lugar, es clave entender que el servicio público debe ser financiado por la tarifa como una responsabilidad económica colectiva de los usuarios. El pago debe ser acorde al costo real del sistema, exigiendo a cambio un modelo eficiente que recolecte la totalidad de los residuos y aproveche los materiales al máximo; de hecho, las esquinas saturadas de basura o la insistencia en priorizar el enterramiento demuestran ineficiencias en la gobernanza. El que este servicio se regule bajo la competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y no de una cartera con objetivo social, fundamenta este principio: el servicio público tiene la función de resolver la eficiencia de lo público. El aspecto social no es el punto de partida del modelo operativo, sino el resultado directo de un sistema eficiente y competitivo que debe complementarse a través de programas específicos y reglamentaciones de acompañamiento social.Bajo esa misma línea microeconómica, se debe delimitar que el mercado opera sobre las dinámicas de los materiales, que actúan como commodities autorregulados, y no sobre el servicio público, que responde a un monopolio natural. Intentar controlar o alterar los precios de estos recursos dentro del SPA distorsiona las señales del mercado y destruye la competitividad industrial.Un cálculo variable de tarifas exige gestionar información técnica en tiempo real, pues resulta inviable e ineficiente indexar costos con rezagos estadísticos de uno o dos años previos frente a la volatilidad inmediata de las materias primas. Por ello, el residuo debe gestionarse como un activo estratégico para la productividad, reconociendo y motivando de manera activa la conexión entre el SPA y los modelos privados de economía circular, como las inversiones corporativas y los sistemas de responsabilidad extendida del productor (REP). Lejos de ser un conflicto sectorial, la integración de estos modelos y la defensa de la libre competencia constituyen la salud real del mercado.Trabajar en modelos basados en la competitividad y la eficiencia técnica es la clave para que las soluciones estructurales sean permanentes en el territorio. Solo a través de un sistema económicamente viable y sostenible se logra una reducción real y medible de la pobreza en las bases de la cadena; y garantizar equidad, estabilidad y desarrollo desde la eficiencia es, finalmente, construir la paz.*Directora de Cempre Colombia, miembro del Consejo Asesor de la ONU para Residuos Cero. 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Día del Reciclaje: una reflexión necesaria sobre la gobernanza
Trabajar en modelos basados en la competitividad y la eficiencia técnica es la clave para que las soluciones estructurales sean permanentes.












