José Javier Rodríguez, candidato demócrata a fiscal general de Florida, no quiere que se pase página sobre el infame centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz, al oeste de Miami, que se ha convertido en un símbolo de la “crueldad” de la Administración de Donald Trump. Si gana las elecciones de noviembre, el cubanoamericano de 47 años asegura que va a poner bajo investigación cómo el Gobierno del republicano Ron DeSantis levantó el sitio como un “teatro político para consumo en Washington”. “No vamos a dejar que se olviden de eso”, incluso si el centro cierra el mes que viene, como se ha anticipado, dice Rodríguez en su oficina en Coral Gables, una afluente ciudad de arquitectura mediterránea al suroeste de Miami. DeSantis, asegura, quería un espaldarazo de Trump y usó un argumento “absurdo” para firmar una orden ejecutiva de emergencia y “confiscar terrenos de gobiernos locales, burlar la legislatura y agarrar 500 millones de dólares que eran para prepararse para desastres” para construir el centro. “La crueldad era el punto, atraer la atención con un proyecto cruel que mostrara que no les importaba el trato básico humano ni la ley, que iban a hacer lo que les daba la gana”, agrega. Su rival republicano es James Uthmeier, exjefe de gabinete y de la campaña presidencial de DeSantis, que fue nombrado fiscal general por el gobernador el año pasado para reemplazar a Ashley Moody, ascendida al Senado para ocupar el escaño del ahora secretario de Estado Marco Rubio. En Florida, un Estado controlado por republicanos que se ha colocado a la vanguardia de la ofensiva antiinmigrante de Trump, la Fiscalía General se ha vuelto una extensión del brazo político del gobernador, señala Rodríguez. Él se ha propuesto rescatar el cargo para que vuelva a ser un contrapeso institucional que vela por los intereses del pueblo. Abogado de profesión, Rodríguez fue representante estatal de 2012 a 2016. Más tarde fue electo senador estatal (2018-2020) por el distrito 37, que comprende parte del condado Miami-Dade, y sirvió como subsecretario de Trabajo de la Administración de Joe Biden. La semana pasada recibió el respaldo de SAVE, una de las organizaciones LGBTQ+ más antiguas e influyentes del sur de Florida, y del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) Florida, uno de los sindicatos más grandes del país. El otro demócrata en la contienda es Jim Lewis, un abogado y exfiscal estatal, con quien se medirá en las primarias en agosto. El fiscal general estatal es el principal funcionario jurídico de un Estado, y es elegido por voto popular de manera independiente al gobernador. El cargo representa legalmente al Gobierno estatal, pero también tiene amplios poderes para investigar casos de corrupción, demandar a empresas y agencias públicas e impugnar políticas federales en los tribunales. El rol de las fiscalías estatales bajo TrumpLa contienda de Rodríguez gira alrededor del papel que debe jugar la Fiscalía General estatal bajo Trump. En los últimos meses, los fiscales generales de algunos Estados han jugado papeles clave en disputas legales contra la Administración Trump. “Grupos de fiscales generales estatales están frenando la agenda de Trump cuando ha ido más allá de la ley”, afirma Rodríguez, y cita como ejemplos los despliegues de la Guardia Nacional en ciudades controladas por demócratas, las redadas migratorias y los intentos por recortar los cupones de alimentos (SNAP) sin aprobación del Congreso. “[El fiscal general] no es el abogado del Gobierno, sino de la gente”, resume. Su campaña apunta directamente a Uthmeier, quien ha estado al frente de algunas de las iniciativas más agresivas del Estado contra los inmigrantes. El fiscal ha promovido proyectos de alto simbolismo para el trumpismo, como la biblioteca presidencial de Trump en Miami, ha ordenado retirar símbolos de la comunidad LGBTQ+ de edificios públicos y ha presionado a funcionarios locales para ampliar acuerdos 287(g), para colaborar con las agencias federales de inmigración. Uthmeier también fue uno de los principales artífices y promotores de Alligator Alcatraz. “Lo que tenemos es un fiscal general que quiere hacer teatro político con todo, en vez de enfocarse en la seguridad pública”, señala Rodríguez, y añade que muchos gobiernos locales de Florida han sido presionados para firmar los acuerdos 287(g). “Como fiscal general, se trata de aplicar la ley, no de aplicar el poder. Pero [en Florida] están aplicando el poder. Lo que quieren es crear conflicto y generar titulares”, agrega. El mensaje de Rodríguez también refleja un intento de algunos demócratas cubanoamericanos de proponer una alternativa al trumpismo sin abandonar el discurso de seguridad fronteriza. Si bien reconoce que muchos votaron por un mayor control en la frontera, insiste en que eso no justifica violaciones al debido proceso ni atacar indiscriminadamente a inmigrantes “que no representan peligro”. La política migratoria de Trump ha sido “terrible”, sostiene, “un descontrol” que viola derechos básicos. “Aplicar la ley incluye asegurar que los derechos de los individuos y el debido proceso se respeten. Eso también es la ley”, afirma. En política exterior, Rodríguez toma distancia tanto de la apertura impulsada por Barack Obama hacia Cuba como de la estrategia de Trump. Dice que la Administración demócrata priorizó los vínculos económicos sin garantizar avances políticos, pero asegura que el actual Gobierno tampoco tiene un plan claro hacia Cuba o Venezuela. Su campaña también gira en torno a la corrupción en Tallahassee, la capital estatal y sede del legislativo de Florida. Rodríguez fue uno de los políticos afectados en 2020 por lo que se conoció como el escándalo de los “candidatos fantasmas”, cuando candidatos independientes con campañas casi inexistentes fueron reclutados para restar votos a demócratas en el sur de la Florida. Rodríguez perdió su escaño en Miami-Dade por apenas 32 votos frente a la republicana Ileana García, mientras un candidato sin partido —también de apellido Rodríguez— obtuvo miles de votos. Más tarde, las investigaciones vincularon la operación a consultores republicanos, y un exsenador republicano, Frank Artiles, fue condenado por pagar a uno de los candidatos para participar. Rodríguez sostiene que el incidente es un ejemplo de cómo ciertos intereses operan en el Estado sin supervisión real. También critica la cercanía entre el Gobierno estatal y empresas privadas. El candidato vuelve al caso de Alligator Alcatraz, que fue levantado en apenas ocho días. “Era muy obvio que lo habían planeado en secreto por meses, porque no era posible en tres días hacer todos esos contratos” millonarios sin licitación. “En ese momento dije: ‘En los próximos meses vamos a saber que todos estos contratos tienen vínculos con el gobernador y con el fiscal general”. Pero no hubo que esperar meses, sino días, afirma, aludiendo a reportes del Miami Herald y otros medios que revelaron que varias de las compañías con contratos estaban vinculadas a donantes y aliados políticos de DeSantis.“Hay mucha corrupción. Y hace mucho tiempo Florida no tiene un fiscal general que realmente ejerza el cargo”, afirma. “Lo que le estoy pidiendo a la gente es imaginación”.