El encausamiento federal contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, previsto para este miércoles, ha puesto en primer plano al fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones. El hijo de refugiados cubanos ahora supervisa una de las investigaciones más simbólicas para el exilio de Miami y, tal vez, la más consecuente en la historia turbulenta de las relaciones entre Washington y La Habana.Nacido y criado en Miami, Reding Quiñones, de 44 años, encarna una generación de funcionarios marcados por la política anticastrista y el auge del trumpismo en Florida, y su ascenso refleja la creciente alineación entre las prioridades políticas de Donald Trump y el aparato judicial. Exfiscales y antiguos funcionarios del Departamento de Justicia de EE UU citados por The Washington Post sostienen que su nombramiento forma parte del esfuerzo del presidente Trump por colocar aliados ideológicos dispuestos a impulsar investigaciones consideradas prioridad de la Casa Blanca en fiscalías clave alrededor del país.Graduado de Derecho en la Universidad Internacional de Florida (FIU), Reding Quiñones hizo carrera en el Ejército y la Fuerza Aérea —donde alcanzó el rango de coronel reservista— antes de entrar al sistema judicial. Comenzó a usar públicamente el apellido materno Quiñones cuando se postuló como juez estatal en 2023, para honrar a su madre, una refugiada política cubana, reportó en su momento la CNN. Y el año pasado, fue el primer fiscal federal nombrado por Trump, asignado al Distrito Sur de Florida, en el epicentro político del exilio cubano y una de las jurisdicciones más influyentes del país en temas vinculados a América Latina e inmigración. Antes de ser nombrado por el republicano, Reding Quiñones había trabajado como juez estatal en Miami y como fiscal federal de rango medio en la misma oficina que ahora dirige. Según reportes de la prensa nacional, su carrera dentro del Departamento de Justicia no había destacado particularmente y a priori no figuraba entre los favoritos para encabezar la fiscalía de Miami. Aun así, tras su nominación, en el verano de 2025 se convirtió en el primer fiscal federal confirmado por el Senado en el segundo mandato de Trump cuando tomó juramento del cargo en Washington junto a la entonces fiscal general Pam Bondi, en una ceremonia que algunos vieron como una señal de su cercanía política con la nueva Administración. Trump lo presentó como un fiscal que ayudaría a “restaurar la ley y el orden” y a “hacer a Estados Unidos seguro otra vez”. Por su parte, Reding Quiñones prometió impulsar las prioridades de la Administración, incluyendo el endurecimiento de la política migratoria.Su ascenso se produjo como parte de la reorganización más amplia impulsada por Trump, que ha colocado a aliados ideológicos en posiciones clave dentro del FBI y el Departamento de Justicia, incluyendo figuras cercanas al presidente como Kash Patel, Dan Bongino, Pam Bondi y Emil Bove. En esa misma línea, desde que asumió el cargo en agosto pasado, la oficina federal de Miami ha tenido un papel cada vez más visible en investigaciones que reflejan las prioridades políticas de la Administración Trump, incluyendo pesquisas contra antiguos funcionarios percibidos como adversarios del presidente.Uno de los casos más delicados y de alto perfil ha sido el del exdirector de la CIA John Brennan, uno de los críticos más prominentes de Trump y figura central en las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. El caso contra Brennan ha generado controversia dentro del propio Departamento de Justicia, donde se han registrado renuncias y salidas de fiscales de carrera en medio de presiones para avanzar dichas investigaciones alineadas con las prioridades de la Casa Blanca. En el Distrito Este de Virginia, por ejemplo, varios fiscales fueron apartados en enero tras presiones para procesar al exdirector del FBI James Comey. Desde entonces, se ha vuelto a abrir un proceso contra Comey, uno de los enemigos públicos más prominentes del presidente. Las acciones del Departamento de Justicia han coincidido con el endurecimiento de la retórica hacia Cuba por parte del Gobierno de Trump. En consonancia, desde Miami la oficina de Reding Quiñones ha estado explorando posibles cargos y otros mecanismos judiciales contra dirigentes cubanos y figuras vinculadas al régimen. El de más alto perfil es el de Raúl Castro, filtrado a la prensa el pasado jueves, tras la inédita reunión del director de la CIA, John Ratcliffe, en La Habana, con una comitiva cubana compuesta por Raúl Rodríguez Castro, El Cangrejo, el nieto y hombre de confianza de Raúl Castro, así como con el ministro del Interior cubano, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de los servicios de espionaje cubanos.El posible caso contra Castro, de 94 años, que se espera que sea anunciado este 20 de mayo, el día de la independencia de Cuba, se remonta a hechos ocurridos hace tres décadas. El 24 de febrero de 1996, cazas cubanos derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate que buscaban balseros en el estrecho de la Florida. El ataque, en el que murieron cuatro hombres —Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales—, es considerado uno de los episodios más traumáticos para la comunidad cubana del sur de Florida y elevó las tensiones entre Washington y La Habana, sirviendo como catalizador definitivo de la Ley Helms-Burton, aprobada semanas después. En febrero pasado, precisamente cuando se cumplieron 30 años del derribo, legisladores republicanos de Miami, activistas y figuras del exilio presionaron al Departamento de Justicia para que presentara cargos contra Raúl Castro. Los congresistas citaron nuevas evidencias, incluyendo grabaciones divulgadas originalmente por el periódico de Miami Nuevo Herald, que apuntan a que el entonces ministro de las Fuerzas Armadas cubanas habría participado directamente en la decisión de derribar las aeronaves. James Uthmeier, el fiscal general de Florida y aliado cercano del gobernador Ron DeSantis, adelantó en marzo que la investigación federal avanzaba. “Cuando hay agravios contra ciudadanos de Florida, tanto bajo leyes estatales como federales, los responsables tienen que rendir cuentas”, declaró en aquel momento. Aunque Uthmeier y Reding Quiñones ocupan cargos distintos —uno estatal y otro federal— sus trayectorias y agendas parecen cada vez más alineadas dentro del ecosistema conservador de Florida bajo Trump y DeSantis. En febrero, ambos fiscales participaron en Miami en el lanzamiento de una nueva Unidad de Integridad Pública, una división especial para investigar corrupción, abuso de poder y faltas éticas de funcionarios públicos, en una imagen poco común de coordinación entre el aparato judicial estatal y el Departamento de Justicia federal sobre prioridades compartidas. Aún más inusual cuando el objetivo es una figura histórica de un gobierno extranjero.