El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, un texto que ajusta la legislación española a la europea y que fija multas millonarias (de hasta 35 millones de euros), trata de atajar los contenidos 'ultrafalsos' (deepfakes) —como los desnudos generados por asistentes virtuales—, y determina qué técnicas y sistemas están expresamente prohibidos.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley, que comenzará ahora su tramitación parlamentaria, un texto que va a dotar a España de un instrumento que asegurará la supervisión humana para todos aquellos sistemas considerados de 'alto riesgo' porque podrían afectar a los derechos fundamentales de las personas.
El texto fija los sistemas o las prácticas que están prohibidas, como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad o la situación socioeconómica de las personas (menores, mayores o discapacitados), la clasificación biométrica por raza u orientación política o religiosa, o la 'puntuación' de individuos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales para por ejemplo denegar subvenciones o préstamos.
