Concluía el anterior artículo señalando que la elite cacocrática, aquella relacionada directamente con actividades ilícitas, era la que tenía mayor capacidad de mutación e influencia en la política colombiana. Un poder y una influencia derivada de sus ilimitados recursos económicos para financiar campañas políticas, pero también para intimidar y asesinar aquellos candidatos que amenazan su impunidad y prosperidad, afianzada con la complicidad de otros y numerosos candidatos que sacan provecho de ella, como los llamados “parapolíticos”. Por eso en nuestro pasado reciente abundan los magnicidios. Precisamente por esa combinación de “plata y plomo”, en palabras del profesor Álvaro Camacho Guizado, es que su influencia termina siendo decisoria sobre el entramado político institucional, tanto el partidista como el estatal. Razón por la cual tampoco esa elite cacocrática puede ser ignorada y todos aquellos que resultan electos presidentes, con o sin su apoyo, tienen que relacionarse con ella. Quizá el primero que lo comprendió fue el presidente López Michelsen con la apertura de la llamada “ventanilla siniestra”, que canalizó los cuantiosos recursos de la bonanza marimbera y los incorporó a la economía legal, realizando así una magistral transustanciación del delito y el crimen en prosperidad nacional. Así se ha ido consolidando el régimen político electofáctico, que en la realidad es la negación del democrático.Paradojas de los poderes de factoPero fue Ernesto Samper, como joven presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, quien advirtió premonitoriamente en 1980 las consecuencias políticas y sociales de esa elite cacocrática emergente: “Estamos, al fin de cuentas, entre reconocer a las mafias y reencaminarlas o ser desconocidos por ellas y desencaminarnos todos. Así como sugerimos hace exactamente un año la legalización de la marihuana, como única forma para legitimar estos ingresos, así también nos parece hoy conveniente proponer la necesidad de dar a los capitales subterráneos válvulas institucionales de escape; el establecimiento de amnistías patrimoniales para estas inmensas fortunas, la posibilidad de reinvertirlas en títulos de rentabilidad y no representativos de propiedad y la concesión de estímulos especiales para que se registren públicamente serían las tres fórmulas básicas para evitar que, por su mantenimiento en la clandestinidad, estos capitales y sus dueños acaben con nuestras instituciones y nosotros mismos o las compren y nos compren que, para el caso, es lo mismo“. Una advertencia que sufrió en carne propia durante su período presidencial (1994-1998) bajo la sombra del proceso 8.000, sin dejar de reconocerle que durante su gobierno no solo se capturó y encarceló a los jefes del llamado cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, sino que además se derogó el articulo 35 de la Constitución que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Claro está, todo lo anterior bajo el chantaje diplomático de Estados Unidos que no solo había descertificado a Colombia, sino que incluso lo despojó de su visa personal y presidencial para viajar a los Estados Unidos.Andrés y su patraña del CaguánSin embargo, fue Andrés Pastrana quien mayores réditos electorales obtuvo de su relación con otro poder de facto, el insurgente de las Farc-Ep, pues siguiendo el consejo de Álvaro Leyva Durán, logró que éstas vetarán para la segunda vuelta a su contrincante, Horacio Serpa, quien le había ganado en la primera, a cambio de prometerles la zona de distensión del Caguán. Fue un público intercambio de votos por territorio en el Caguán, anunciado en su célebre discurso del Hotel Tequendama. Semejante trueque electoral oportunista tenía que salir mal y fracasar estruendosamente, pues ambas partes se dedicaron a la acumulación de fuerzas para derrotar militarmente el contrario. Pastrana, con el Plan Colombia y su contemporización con el mayor número de masacres de las AUC contra supuestas bases de apoyo social de las Farc, como lo reportó el Informe Final de la Comisión de la Verdad.Por su parte, las Farc-Ep convirtieron al Caguán en una retaguardia para la formación militar, un campo de concentración para secuestrados, la planeación de ofensivas contra la Fuerza Pública y el control de la población civil. Pero solo con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe en el 2002 esta simbiosis de la política y la gobernabilidad con el crimen tendrá una formulación precisa, cuando señaló en el 2005 en una entrevista radial con RCN: “Es muy difícil trazar una línea divisoria entre quienes participan en delitos de rebelión y sedición y quienes cultivan, procesan y trafican con drogas ilícitas”, para así promover y legitimar la llamada ley de “Justicia y Paz”, la 975 de 2005, que en su proyecto inicial confería el tratamiento de delincuentes políticos a los miembros de las autodefensas, incursos supuestamente en el delito de sedición. Artículo que la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de procedimiento. Decisión que posteriormente utilizó el presidente Uribe en forma ladina para extraditarlos como narcotraficantes, cuando antes había intentado darles el carácter de delincuentes políticos, lo cual le hubiera impedido constitucional y legalmente su extradición, ya que sus delitos eran contra el Estado colombiano y no el norteamericano. Tal cambio drástico sucedió cuando Mancuso empezó a revelar con detalle por el noticiero de televisión de RCN, en emisión central, al periodista Juan Carlos Giraldo, sus relaciones con todos los políticos que promovieron la ley 975 de 2005, comenzando por el primo del presidente, Mario Uribe, quien posteriormente fuera condenado por parapolítico.Andrés Pastrana contra Álvaro UribeEste tipo de maniobras políticas preelectorales, no hay que olvidarlo, se dieron en la víspera de su reelección en el 2006, según lo advirtió el expresidente Andrés Pastrana en el Foro sobre “Sostenibilidad de la seguridad democrática”, cuando en su presencia le señaló a Uribe: “el paramilitarismo con sus dineros, sus armas y comodines políticos puede inclinar la balanza electoral” y a renglón seguido le preguntaba “si es lícito negociar con tal poder electoral mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si hay aquí una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad. Si aquí se pueden dar garantías plenas –más allá de un Estatuto—de igualdad para participar en elecciones”.Y toda la razón le asistía a Pastrana, pues según crónica de la revista Semana bajo el título “Revelaciones Explosivas”, el entonces Alto Comisionado para la Paz, el psiquiatra Luis Carlos Restrepo, le expresaba a los comandantes paramilitares lo siguiente: “Hay una oferta del presidente que dice: Yo no puedo modificar el tema de la extradición porque esto se convierte en un problema internacional inmanejable. Yo no puedo en medio de una campaña electoral o en medio de unas relaciones de cooperación con Estados Unidos pretender modificar este tema. Ante esa realidad dice el presidente: yo uso mi discrecionalidad como presidente. Para un buen entendedor, eso es lo que ofrece el presidente”. Y ahora, casi 20 años después, el presidente Petro se encuentra en una situación parecida frente al “Ejército Gaitanista de Colombia”, sucesor de las AUC. En su visita a Trump se comprometió a capturar o dejar de baja a su máximo comandante, “chiquito malo”, pero su delegado de Paz, Otty Patiño, solicitó recientemente a la Fiscalía la suspensión de su orden de captura, junto a otros 28 miembros, para adelantar conversaciones en una Zona de Ubicación Temporal con el fin de desmovilizar a sus aproximadamente diez mil hombres y someterlos a la justicia. Una “jugadita” que no está muy distante de las realizadas frecuentemente por la Fiscalía y la Justicia estadounidense, donde impera la negociación y rebaja de penas, hasta conceder la libertad a quienes delaten a sus cómplices y lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Pero las consecuencias en nuestra realidad política, donde nuestro Estado carece de la solidez coercitiva del norteamericano, el empleo de esa táctica negociadora resulta nefasta, como lo demuestra el informe de la MOE sobre violencia en estas elecciones.Comicios Electofácticos Según dicho informe, “en el 57 % de los municipios que cuentan con puestos de votación en zona rural (555 de 975) existe presencia de al menos un grupo armado“. De estos, en un 63 % (348 municipios) hay injerencia de un único grupo, mientras que en el 37 % restante (207 municipios) se registran disputas entre varias estructuras ilegales. Según Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “los partidos que más votos tienen en la ruralidad colombiana son, en general, el partido Liberal y el Partido Conservador. Y en las regiones con presencia de GAI, les siguen el Pacto histórico, el Partido de la U y el Centro Democrático. Es decir, la ruralidad colombiana sigue siendo un escenario de disputa política plural. Asimismo, la MOE actualizó la información de su Mapa de Riesgo Electoral por factores de violencia con corte a 30 de abril de 2026. La organización identificó un total de 386 municipios en riesgo, lo que corresponde al 34,4 % de los municipios del país. De estos, 139 están en riesgo extremo, 122 en alto y 125 en medio”. En semejantes condiciones no se puede hablar de libertad para votar, sino de coacción y constreñimiento electoral, que vicia de raíz la legitimidad democrática. Por eso resulta una enorme impostura política y ética hacer la apología a la democracia colombiana, pues lamentablemente mientras se continúen realizando las elecciones en dichas circunstancias, como ha sucedido desde tiempos remotos, estaremos perpetuando comicios electofácticos en medio de la violencia y la mayor catástrofe humanitaria del continente, como lo revela el reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): “El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados. Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %”. Entonces, más que preguntarnos de qué democracia hablamos y por la cual millones votarán el próximo 31 de mayo, la pregunta para todos los candidatos, pero especialmente para Abelardo, es ¿será posible salvar y defender esa tanática “democracia” a sangre y fuego? ¿cuál Patria Milagro sería esa? ¿será que ya olvidamos lo qué sucedió con la “defensa de la democracia” el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando fue decapitada la cúpula de la rama judicial por parte del Ejecutivo y la Fuerza Pública y desapareció el Estado de derecho? La respuesta obvia es NO, pues entonces además de la desaparición del mismo edificio del Palacio de Justicia, bombardeado e incinerado en medio del fuego cruzado, el resultado fue la muerte de 98 rehenes y un número todavía impreciso de civiles desaparecidos, por los cuales el Estado colombiano fue condenado en el 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que hasta la fecha haya cumplido plenamente lo exigido en dicha sentencia.