“Reafirmo mi posición: no al pacto mafioso que le ha dado la espalda al país y pretende gobernar pensando en sus intereses y privilegios”, afirmó el último sábado en un mitin en Chiclayo el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez Palomino. Fue una alusión a su competidora, Keiko Fujimori, a quien atribuye haber gobernado desde el Congreso por intermedio de la bancada de Fuerza Popular. Pero el registro de votaciones del periodo 2021-2026 indica que el congresista izquierdista, y ahora aspirante a la presidencia, votó varias veces a favor de polémicas leyes e iniciativas alentadas por el fujimorismo. Únete a nuestro canal de política y economía El 13 de marzo de 2024, Roberto Sánchez dio su voto a una de las normas más controvertidas, la Ley 31989, que elimina las causales que permitían excluir a los mineros del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). El efecto inmediato de esta disposición es restringir las acciones de la Policía Nacional contra personas con inscripción suspendida en el REINFO, intervenidas en posesión o haciendo uso ilegal de explosivos. De esta manera, se limita a las fuerzas del orden para actuar contra quienes se dedican sin autorización a la minería con dinamita, incluidos los que forman parte de organizaciones criminales. TE RECOMENDAMOS¡ADMITEN CONSPIRACIÓN CONTRA CASTILLO! MICKY TORRES LOS EXPONE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS Por esta razón, a la Ley 31989 se le considera una “ley procrimen”. El 4 de diciembre de 2025, Roberto Sánchez aprobó con su voto la ampliación del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta que entre en vigor la nueva Ley MAPE (de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) y su reglamento, lo que ocurra primero. Incluso el Ministerio de Energía y Minas (Minem) expresó su oposición a esta iniciativa, porque consideraba que la falta de formalización creaba un ambiente propicio para que la minería ilegal se expandiera. De hecho, Juntos por el Perú y Fuerza Popular no solo coincidieron en votaciones, sino que también los candidatos presidenciales Sánchez y Fujimori tienen posturas similares. Según el vocero del Observatorio de Minería Ilegal (OIM), César Ipenza Peralta: “Ninguno de los dos partidos (Juntos por el Perú y Fuerza Popular) propone medidas que eliminen el REINFO, lo que nos muestra de alguna manera una apuesta a seguir facilitando la impunidad lo que queda de este año y que seguramente podría ser ampliado, como ha venido sucediendo en los últimos veinte años”. Minería ilegal. Roberto Sánchez votó con el fujimorismo ley que reduce la acción de las fuerzas del orden. Foto: EP Quiénes son los que ganan Recientemente, el director de CooperAcción, el economista José de Echave, reportó el incremento de la exportación de oro de origen informal y/o ilegal. Esto tendría conexión con la flexibilización de las leyes que combaten el crimen (“leyes procrimen”). “En 2025 se han exportado más de 100 toneladas de oro de las que oficialmente se han producido en el país. Por lo tanto, la brecha entre el oro producido y el exportado se sigue ampliando en un contexto de precios internacionales récord y la sostenida expansión de la minería informal y la abiertamente ilegal”, señaló. Luego agregó que la minería ilegal exportaría US$15.000 millones, lo que da una idea de lo que en la actualidad puede estar moviendo la minería informal y la abiertamente ilegal en la economía peruana. Curiosamente, el 16 de mayo, en un mitin en Puente Piedra, Sánchez se refirió a la necesidad de derogar las “leyes procrimen”, sin mencionar si entre ellas se encuentra comprendida la que él aprobó, bajo el siguiente argumento: “La criminalidad se ha unido al pacto mafioso de la clase política”. Sánchez y la bancada de Juntos por el Perú también se sumaron a otras acciones del llamado “pacto mafioso”, de la mano de Fuerza Popular, destinadas a erosionar las prácticas democráticas. El 14 de diciembre de 2023, con el voto de Juntos por el Perú y Roberto Sánchez, se aprobó la norma que elimina las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), con lo que se restringe la participación ciudadana en la elección de precandidatos electorales. Las PASO contribuyen al fortalecimiento de la democracia y buscan evitar que las cúpulas dirigenciales designen candidatos a dedo, al permitir que los ciudadanos, con o sin militancia, elijan a los postulantes que deben presentar los partidos. En la elección del defensor del pueblo, el 18 de mayo de 2023, Juntos por el Perú facilitó la designación de Josué Gutiérrez Cóndor, según las actas del Congreso. Votaron a favor Jorge Coayla Juárez, Víctor Cutipa Ccama, Nieves Limachi Quispe, Wilson Quispe Mamani, Germán Tacuri Valdivia, Jhakeline Ugarte Mamani y Elías Varas Meléndez. Se atribuye a Fuerza Popular, con el respaldo de Perú Libre, integrantes del “pacto infame”, haber organizado el nombramiento de Gutiérrez para que actúe como “operador” de sus intereses políticos. El 10 de mayo de 2022, el Congreso designó a seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, en una votación concertada de los integrantes del “pacto corrupto”. Designados. Cuatro miembros del Tribunal Constitucional recibieron los votos de JP. Foto: JNJ TC a la medida A este proceso se le denominó “repartija” entre las bancadas. En esa ocasión, Juntos por el Perú, como parte de la bancada Cambio Democrático, dio su voto a favor de la elección de Francisco Morales Saravia (un voto), Gustavo Gutiérrez Ticse (un voto), Manuel Monteagudo Valdez (cuatro votos) y César Ochoa Cardich (cuatro votos). Este tribunal acogió una serie de iniciativas de los partidos que facilitaron su composición, como la excarcelación del condenado expresidente Alberto Fujimori y la restitución en sus cargos de los jueces y fiscales investigados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por su implicación en el caso de megacorrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Esta resolución luego dio paso a la anulación de la destitución del fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, actual fiscal de la Nación. Además de acceder a la suspensión de las investigaciones fiscales contra la expresidenta Dina Boluarte mientras ejerciera el cargo, el Tribunal Constitucional también ordenó invalidar el proceso judicial contra Keiko Fujimori y otros implicados por el caso de lavado de activos denominado “Cócteles” y desactivar la indagación fiscal por el financiamiento ilícito de las campañas presidenciales de Fuerza Popular en 2011 y 2016. Además, el TC también desestimó la demanda de inconstitucionalidad de la “ley procrimen” 32107, que decreta la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Juntos por el Perú y Fuerza Popular son aliados en el Congreso y ahora competidores en las urnas. Inhabilitando a magistrados de la JNJ El jueves 7 de marzo de 2024, en sesión del pleno, el Congreso sometió a votación la inhabilitación de los magistrados de la JNJ Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos. Sin embargo, no alcanzaron los votos suficientes. Acto seguido, se planteó la reconsideración de la votación del proyecto de resolución que inhabilita a Inés Tello y Aldo Vásquez, y en esta nueva votación sí se consiguió la aprobación. Ese mismo día, el Congreso publicó en su página web oficial la aprobación de la inhabilitación de ambos magistrados. Como parte del copamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Fuerza Popular respaldó decididamente la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez para buscar magistrados a su medida.