En el Gobierno saben que el caso Zapatero puede ser mucho más gravoso para La Moncloa que los escándalos de José Luis Ábalos o de Santos Cerdán, aunque solo sea por una hipótesis verosímil: el germen del auto que ha llevado a la imputación del expresidente del Gobierno está en una decisión adoptada de forma colegiada por el Consejo de Ministros, la concesión de un crédito de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana Plus Ultra el 9 de marzo de 2021. Aunque el Ejecutivo, incluido su presidente, ha defendido siempre la pulcritud de aquel procedimiento administrativo, en este momento nadie sabe hasta dónde puede llegar el juez instructor, José Luis Calama, para averiguar el alcance de las presuntas gestiones de Rodríguez Zapatero. O más que hasta dónde, hasta quién. Sí, como apunta el auto, aquel préstamo fue utilizado por la “organización criminal” liderada por Zapatero para lucrarse, ¿quién en el Consejo de Ministros estaba al tanto? ¿Hasta dónde llegaron esas supuestas presiones del expresidente? Oficialmente, la posición del Gobierno es clara, y es la que defendió el mismo Pedro Sánchez en la sesión de control del pasado miércoles: “Todo mi apoyo a la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo el apoyo al presidente Zapatero”. Pero la realidad es bien distinta, y vuelve a abrir una brecha entre las dos alas del Ejecutivo. En la parte socialista, férrea alineación con el presidente, aunque no sin dificultades. Elma Saiz se lió en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y propagó un bulo sobre Manos Limpias; Óscar Puente se dejó llevar y llamó “imbécil” en X al líder de la oposición. Más allá de la habilidad de unos y otros para trasladar a los medios de comunicación la estrategia marcada por Sánchez, hay pocas certezas sobre lo que vaya a hacer el presidente, que en estas circunstancias es de todo menos previsible. La inmensa mayoría de los ministros socialistas viven ajenos al núcleo más cerrado del presidente. Hace ya mucho tiempo que en Moncloa reina la desconfianza y las hipótesis se disparan mientras oficialmente se niega todo: ni pérdida de apoyos de los socios parlamentarios, ni adelanto electoral, ni crisis de Gobierno. En el partido, nada de suspender la militancia de quien fuera secretario general del PSOE entre 2000 y 2012, a pesar de ser el primer expresidente investigado por corrupción. La suma de todos estos ingredientes lleva a una conclusión: el presidente del Gobierno liga su futuro al de Zapatero, y de ahí nace la congoja sobre cómo pueda evolucionar la instrucción de un juez al que, de momento, no ha sido señalado ni atacado ningún ministro. Tampoco el presidente. Pero todo esto no quiere decir que el Gobierno esté paralizado. Un buen ejemplo fue la destitución de la actual magistrada de enlace ante las autoridades de Francia y Suiza, que se produjo en plena investigación sobre la presunta trama criminal liderada por Zapatero. Se trata de un cese expreso dictado por el Gobierno y justificado en una "pérdida de confianza". Es palmario que su labor ha sido clave en la tramitación judicial de las peticiones de ayuda dictadas por esos dos países en relación con estas investigaciones, lo que permitió reabrir una causa que España había sido cerrada por el Juzgado 15 de Plaza de Castilla, en Madrid. El despido se comunicó a la jueza afectada el pasado mes de abril, pocos días antes de que el departamento que dirige Félix Bolaños firmase una resolución para cubrir el puesto, cuya convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 7 de mayo. La estrategia de Sumar Pero en el ala de Sumar las cosas son distintas, porque saben que en el tramo final de la legislatura aparecer muy cerca del PSOE puede penalizarles, si es que no lo está haciendo ya: en las elecciones de Andalucía del domingo 17, dos días antes de la imputación de Zapatero, la coalición de IU, Sumar y Podemos liderada por Antonio Maíllo (Por Andalucía) se vio claramente superada por el andalucismo de Adelante Andalucía (5 escaños a 8). A esas dos sensibilidades se les puede poner nombre: de los cinco ministros, hay dos que entienden que la evolución del caso puede ser un riesgo grande, sobre todo si la instrucción del juez Calama va estrechando el cerco sobre el Gobierno y apunta a que Sánchez tenía conocimiento de esas supuestas presiones. En este sentido, no preocupa que hubiera ministros de Unidas Podemos (Pablo Iglesias y Alberto Garzón, principalmente): “Sí, es verdad que votas en el Consejo de Ministros, pero el paquete viene cerrado y yo no tengo por qué saber que hay mordida”, apuntan desde Sumar: “el problema es quién autorizó esto en última instancia. Están muy acojonados”. En esa tesis están Mónica García (Más Madrid) y Ernest Urtasun (Comuns), aunque por distintos motivos. La ministra de Sanidad no quiere ser quien rompa el Gobierno, pero hay preocupación sobre lo que pueda salir cuando se conozca el sumario en su totalidad, previsiblemente este lunes. Desde que se levantó el secreto, el goteo de informaciones en los medios de comunicación no hace más que incrementar esta inquietud. Por eso, según ha sabido este periódico, García está consultando a su entorno y está dando largas cambiadas para no mojarse. “Y tirar del comodín Ayuso”, afirman desde su entorno, poniendo como ejemplo el desayuno informativo protagonizado este viernes por su portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. En el caso de los Comunes, la cuestión está en si de este escándalo saca beneficio político Gabriel Rufián, que el pasado miércoles en la sesión de control por la mañana y en un acto en el Club Siglo XXI por la tarde supo rentabilizar como nadie mediáticamente su decepción: “Estoy jodido”, dijo, y añadió: “Si esto es verdad, es una mierda”. Si esto sigue así, Urtasun deberá actuar en consecuencia. En la posición de no cambiar la estrategia están la vicepresidenta Yolanda Díaz, ajena a cualquier debate de continuidad orgánica y, por lo tanto, muy cómoda como ministra, y Pablo Bustinduy, quien considera que todo forma parte de un ataque de las derechas. En el medio, la ministra Sira Rego (IU), cuyo partido está roto por la mitad en el debate sobre si se debe romper ya con el Gobierno, un asunto que se destapó tras el fracaso de Castilla y León y que sigue vivo.