El Ayuntamiento de Castro fue famoso durante los años del ladrillo por un nivel de polémicas urbanísticas que lo llevó a ser bautizado como 'La Marbella del norte'. Ese mismo municipio se convierte, veinte años después, en el primero de Cantabria que pone coto a la urbanización en suelo rústico ordinario y echa el freno a la Ley del Suelo autonómica que ha favorecido así la construcción de viviendas en este tipo de suelo, provocando un aumento de las segundas residencias de uso turístico.
La Ley del Suelo, impulsada por el PP con apoyo del PRC en 2022 y modificada en 2024, liberalizó la construcción en suelo rústico ordinario. La medida fue vendida como una fórmula contra la despoblación, para fijar habitantes mediante “áreas de desarrollo rural”. Pero el efecto, en parte, está siendo la tramitación de vivienda de segundo uso, los alojamientos turísticos y las piscinas. Y aunque el PRC avanzó recientemente una propuesta para frenar este uso en zonas rurales, el PP ha rechazado la idea.
El Ayuntamiento de Castro, una coalición del PSOE y la formación local CastroVerde, se ha amparado en un resquicio de autonomía que deja la Ley del Suelo, que permite a los consistorios para limitar la construcción total o parcial en suelo rústico ordinario, mediante la aprobación definitiva de una ordenanza municipal, que entra ahora en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
