Los ayuntamientos de España están obligados a remitir al Ministerio de Hacienda algunos datos sobre su política fiscal con un doble objetivo. El primero, facilitar el seguimiento del cumplimiento de la Ley de Estabilidad. El segundo, dar transparencia a su gestión, con datos que posteriormente el Estado agrega y publica. Sin embargo, más de la mitad de los municipios ignora las comunicaciones del Ministerio de Hacienda. En el año 2025 un total de 4.127 municipios ignoraron algunas de las peticiones de información del Estado. Son más de la mitad de los ayuntamientos de España (el 51%). Esta exigencia de información surge a partir de la aprobación de la Ley de Estabilidad en el año 2012. En total, se exigen seis informes: la liquidación presupuestaria del año anterior y de dos años antes, el presupuesto del año anterior y el del año siguiente, el cálculo del coste de prestación de los servicios y los planes presupuestarios a tres años vista. Esta información es fundamental para el Ministerio de Hacienda, ya que facilita los cálculos sobre la evolución del gasto público, el coste de los servicios y calcular el superávit futuro del sector local. Sin embargo, Hacienda acepta que los municipios incumplan la normativa sobre la transparencia de los planes fiscales. No obstante, también el propio Gobierno está siendo opaco con la Comisión Europea. Suma ya dos años consecutivos sin cumplir la exigencia de remitir el plan presupuestario anual. El procedimiento de incumplimiento se inicia cuando el Ministerio de Hacienda reclama al municipio la información que no ha remitido. A partir de ese momento, tiene un plazo de 15 días naturales para dar la información. Si no lo hace, el ayuntamiento es incluido en la lista de incumplidores. Es comprensible que muchos de los municipios sean de pequeño tamaño, ya que son los que no tienen recursos humanos para recopilar y elaborar este tipo de información. El 70% de los municipios que no remiten toda la información tienen menos de 1.000 habitantes. Sin embargo, también hay grandes ayuntamientos que, directamente, han ignorado las peticiones del Ministerio de Hacienda. Entre ellos se encuentran ocho capitales de provincia: Palma de Mallorca, Bilbao, Vitoria, Pamplona, San Sebastián, Santander, León y Ourense. Además, hay otros tres municipios de más de 100.000 habitantes incumplidores en 2025: Parla, Telde y Barakaldo. Todos los municipios del País Vasco y Navarra incumplen al menos uno de los requisitos de información Hay un territorio de España en el que la falta de información es recurrente: las haciendas forales. Todos los municipios del País Vasco y Navarra incumplen al menos uno de los requisitos de información. Ningún municipio ofrece información sobre el coste de los servicios públicos que ofrecen, que es muy superior al del resto del país por su financiación privilegiada. Además, la gran mayoría tampoco envían el presupuesto del año en curso ni los planes presupuestarios a largo plazo. Esta falta de información confirma los problemas que tiene el Estado para conocer los datos fiscales de las haciendas forales. Y eso a pesar de que la Orden Ministerial que mandata este suministro de información contempla específicamente que los municipios del País Vasco y Navarra también están obligados por esta norma. Al margen de las haciendas forales, existen grandes diferencias en el resto de comunidades autónomas. En la provincia de Cuenca, el 94% de los ayuntamientos no enviaron la información completa. En una situación parecida están los municipios de Guadalajara, Valladolid o Soria. Esto es, la España vacía con municipios pequeños. Por el contrario, las provincias de Girona, Santa Cruz de Tenerife, Jaén, A Coruña, Almería y Valencia son las que tienen menos incumplidores, por debajo del 20%. Incumplimientos sistemáticos Buena parte de los municipios son ‘incumplidores reincidentes’. Hay 190 ayuntamientos que en estos seis años de aplicación de la normativa no han enviado al ministerio ni un solo documento. La mayor parte se sitúan nuevamente en las comunidades forales. Dos de ellos tienen un tamaño mediano, superando los 10.000 habitantes, por lo que cuentan con recursos humanos sobrados para elaborar esta documentación. Son Berriozar y Burlada, ambos situados en Navarra. En el primer año de aplicación de esta normativa, 2020, eran comprensibles los incumplimientos por dos motivos. El primero, por la propia novedad de la norma. Y el segundo, porque en el año de la pandemia todo fue más complicado. Sin embargo, el problema es que el número de municipios incumplidores se ha mantenido relativamente estable durante este periodo. Y en cifras muy elevadas. Si en 2020 fueron 4.333 los municipios que no remitieron alguno de los documentos requeridos, en 2025 fueron todavía 4.127. Esto significa que no se aprecia avance alguno en la transparencia municipal. Si ni siquiera ofrecen información al Ministerio de Hacienda, es mucho más complicado que la publiquen para sus ciudadanos. Otro frente más que muestra los problemas de transparencia de las distintas Administraciones en España. Los ayuntamientos de España están obligados a remitir al Ministerio de Hacienda algunos datos sobre su política fiscal con un doble objetivo. El primero, facilitar el seguimiento del cumplimiento de la Ley de Estabilidad. El segundo, dar transparencia a su gestión, con datos que posteriormente el Estado agrega y publica. Sin embargo, más de la mitad de los municipios ignora las comunicaciones del Ministerio de Hacienda.