El anuncio de poner en marcha una inversión de millonaria para rehabilitar carreteras en los 78 municipios, según destacó la gobernadora en su mensaje ante la Asamblea Legislativa esta semana, merece reconocimiento, pues se trata de una decisión que debe mejorar la calidad de vida de miles de puertorriqueños que deben desplazarse con dificultad por rutas averiadas, con abundancia de huecos que dificultan un desplazamiento seguro.Solo la interrupción por una rotura o un desvío intempestivo nos lleva a una realidad que, de otro modo, sería imperceptible en nuestros desplazamientos diarios. Al revisar las cifras que registra nuestra infraestructura vial, nos encontramos, por decirlo así, con números francamente abrumadores.Sobre nuestras calles y autopistas circulan más de 2.1 millones de vehículos registrados —una de las tasas más altas, si la comparamos con Estados Unidos—, con una proporción de un vehículo por cada 1.5 personas. Para comprender la magnitud del reto de nivelar esta infraestructura, hay que entender el tamaño de la red. Puerto Rico es una isla de 100 por 35 millas —3,435 millas cuadradas— y, sin embargo, sostiene una red vial de cerca de 15,000 millas: unos 8,000 kilómetros de carreteras estatales a cargo del DTOP y de la Autoridad de Carreteras, y otros 16,000 kilómetros de rutas municipales.Según la gobernadora, su administración invertirá $82.1 millones para mejoras permanentes en carreteras, suma que se añade a $94 millones anunciados en abril, para un total de $176 millones relacionados con mejoras a las vias públicas. La inversión representa un primer signo que pone en movimiento —al menos eso esperamos— un proyecto que cambie definitivamente el paisaje de nuestras vetustas vías de circulación.La infraestructura vial del país presentaba problemas antes de la devastación causada por los huracanes Irma y María. Y como ha ocurrido en diversas dimensiones de la catástrofe, los años han dejado hasta aquí una estela de ineficiencias crasas a la hora de hacer efectivos los multimillonarios fondos asignados, mediante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), para la reparación de los múltiples estragos.Puerto Rico estimó en $132,000 millones el costo total de reparar y reconstruir su infraestructura y servicios tras ambos ciclones. FEMA comprometió cerca de $4,000 millones en subvenciones de asistencia pública en los primeros meses tras los huracanes de 2017, de los cuales la mayor parte se destinó a obras de emergencia y solo alrededor de $151 millones a obras permanentes, incluidas las carreteras. Los compromisos federales han crecido sustancialmente, pero la ejecución ha sido pasmosamente lenta.Y como si fuera un mantra, volvemos a esta ecuación que nos duele repetir: cada millón perdido representa un tramo de carretera que seguirá deteriorándose, un puente que continuará endeble y una comunidad que avanzará a tropezones o permanecerá incomunicada.En este complejo escenario también hay luces que brillan. En nuestra isla late un compromiso de personas y organizaciones embarcadas en numerosas obras sociales. En este contexto, ha llamado la atención una nueva vertiente de compromiso social, como la de un grupo de jóvenes que sorprendió a los vecinos de una céntrica ruta en Hato Rey al reparar, manos a la obra, huecos peligrosos en una maltratada arteria metropolitana. Son gestos admirables, pero no deberían ser necesarios. A esta iniciativa se suma el compromiso de colaboración que los gobiernos municipales han expresado para garantizar la finalización de los proyectos en los términos y plazos acordados.La reparación es solo una arista del complejo escenario de nuestras carreteras y calles. El mantenimiento periódico de la red vial es otro asunto vital. Hablamos de luminarias adecuadas, semáforos que funcionen y una señalética correcta que oriente no solo a los locales, sino también a quienes visitan la isla. Quedamos a medio camino mientras circulamos en penumbras y hay una luz roja apagada.El mantenimiento de la infraestructura vial no puede seguir siendo una respuesta reactiva ante las emergencias. Debe ser una gestión constante y planificada del DTOP, en coordinación sistemática con los municipios. A no olvidar que por esas calles y carreteras también circula la economía de Puerto Rico.