Durante buena parte de 2024 y, sobre todo, en la antesala de las elecciones legislativas de medio término de 2025, el principal riesgo que aparecía en casi cualquier conversación sobre inversión en la Argentina era la posibilidad de una vuelta del populismo. No se trataba sólo de una discusión ideológica. Era, sobre todo, una forma de ponerle nombre al temor de que el ajuste fracasara, la sociedad se cansara y el experimento quedara inconcluso antes de consolidar algún cambio durable. Por eso, aquellas elecciones eran vistas como una bisagra. Si el oficialismo lograba sortearlas con éxito, la lectura sería que, a pesar del fuerte ajuste, la sociedad seguía acompañando. En ese sentido, el resultado fue mejor de lo esperado para Javier Milei, su fuerza ganó con holgura y el mercado interpretó ese resultado como una ratificación política del rumbo. Incluso, vale la penar recordar, el inédito, y a la postre salvador, apoyo financiero de Washington había quedado atado, de manera explícita, a ese desenlace.

Sin embargo, pocos meses después, el horizonte vuelve a correrse. La promesa implícita de 2025 era que, despejado ese test electoral, las expectativas se destrabarían y las decisiones de inversión y consumo empezarían a reaccionar con más decisión. Pero ha vuelto a instalarse la idea de que hay que esperar; que ya no alcanza con haber ganado la elección que se suponía decisiva, o con demostrar que hay capacidad de aprobar leyes. Ahora la bisagra se ha desplazado a octubre 2027. Ese corrimiento no es inocuo y señala lo difícil que resulta disipar las dudas sobre la capacidad del Gobierno de estabilizar la economía y, sobre todo, de sostener políticamente esa estabilización.