Resume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00El 19 de mayo, el presidente Petro firmó un nuevo decreto sobre la Línea Negra rodeado de autoridades espirituales de la Sierra Nevada. Ese mismo día, las autoridades wayuu radicaban un pronunciamiento de rechazo. La simultaneidad expresaba un conflicto que los gobiernos de Santos y Petro han preferido no ver. El 12 de febrero de 2026, el Consejo de Estado declaró nulo el Decreto 1500 de 2018 de Santos por haberse expedido sin consulta con las comunidades wayuu y afrodescendientes de La Guajira, sobre cartografía irregular del IGAC que imponía más de 180 sitios sagrados sobre territorios ancestrales, resguardos y cementerios wayuu. No hubo consulta. Hubo imposición. Cuando Santos expidió aquel decreto hubo omisiones graves, pero no existía aún el fallo que las declararía contrarias a derecho. Hoy es distinto. La Presidencia actúa con pleno conocimiento del pronunciamiento y reproduce las conductas que el tribunal calificó como vicios. No es un error: es un desacato. Por ello, desde el 15 de mayo las autoridades wayuu solicitaron al Consejo de Estado, la Procuraduría y la Fiscalía verificar un presunto fraude a resolución judicial Petro construyó el instrumento sobre los mismos 348 sitios --181 en territorios wayuu- y usó la cartografía invalidada. Además, tramitó una «consulta exprés» con los pueblos de la Sierra Nevada, como si tuvieran competencia sobre territorios ajenos. En Buenavista y otras comunidades de Manaure no hubo consulta. En las reuniones que sí se realizaron, funcionarios del Ministerio del Interior sostuvieron que la Línea Negra no afectaba a los wayuu -entonces, ¿para qué les consultaban?-. Las autoridades wayuu carecían de información sobre los efectos del decreto; los funcionarios de Consulta Previa llegaron parcializados; tres vehículos cargados de indígenas de la Sierra ejercieron presión indebida. Cuando los wayuu expresaron su rechazo, se les dijo que era una orden presidencial, como si fuesen funcionarios del Ejecutivo y no un pueblo autónomo amparado por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. La indignación no es solo wayuu. Los Consejos Comunitarios afrodescendientes de La Guajira también han protestado por no haber sido consultados, pese a que la sentencia del Consejo de Estado los identificó nominalmente -Los Palenques de Juan y Medio, Los Moreneros, José Prudencio Padilla, entre otros- como titulares del derecho a consulta que el nuevo decreto vuelve a omitir. Hay algo más grave. Los wayuu son un pueblo indígena marítimo: navegan el Caribe, bucean, pescan, conocen sus ecosistemas marinos como praderas o pastos marinos y jardines coralinos. Tienen un conjunto de sitios sagrados en el mar, desde la boca de Camarones hasta los islotes de Los Monjes, geografía mítica que ningún gobierno ha protegido. El nuevo decreto ampara allí sitios sagrados de otros pueblos indígenas serranos cuya relación con el Caribe difiere en intensidad de la de un pueblo cuyo corazón está volcado hacia el mar y que ha hecho de este su hogar y su despensa. Lo que se produce, sin nombrarlo, es inédito: es jerarquizar a pueblos indígenas hermanos a través de la imposición de una ontología sobre otra. Es como imponer un sistema de parentesco por considerarlo superior. Un pueblo que durante siglos surcó el Caribe, gobernó su territorio y su mar, queda reducido a subalterno por un decreto que el poder judicial ya había enterrado. No hay justicia étnica donde eso ocurre: hay desplazamiento, menoscabo de la autonomía de un pueblo y la imposición de una visión del mundo sobre otra. Tristemente en su propio territorio. wilderguerra@gmail.com Conoce más