El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que precisó el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, denominado Línea Negra. La decisión levantó ampollas en las comunidades Wayuu y pidieron la intervención de los entes de control.Según el documento, “el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra comprende, de acuerdo con la tradición de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, un conjunto interconectado de sitios de significación cultural, espiritual y ambiental asociados a elementos del territorio, tales como montañas, cerros, ríos, lagunas, nacimientos de agua, zonas litorales y marinas, y otros elementos naturales”.Emberás en Bogotá: una bomba de tiempo que está a punto de estallarle en las manos al Gobierno de Gustavo PetroAl parecer, se atribuyeron espacios mediante una “consulta previa exprés atípica con pueblos indígenas de la Sierra Nevada, quienes no son titulares ni tienen competencia sobre los territorios Wayuu en La Guajira”, reclamaron en un documento conocido por SEMANA.Otro de los argumentos es que el decreto transferiría funciones y competencias de gobierno, territorio y recursos naturales a las autoridades indígenas de la Sierra Nevada sobre territorios que pertenecen al pueblo Wayuu, “así como sobre las playas públicas de Dibulla, Riohacha y Manaure, violando los principios de autodeterminación y autonomía reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política, que consagra a los resguardos y los bienes públicos como inalienables, imprescriptibles e inembargables, además de regulados por el Código Civil y otras normas de mayor jerarquía”.Además de frenar al decreto, las comunidades indígenas que están molestas con la determinación de la Casa de Nariño les solicitaron a los órganos de control tomar medidas sancionatorias y avanzar en las investigaciones para establecer eventuales responsabilidades, pues se cree que se incurrió en varios aspectos: “Desplegar acciones disciplinarias, fiscales y penales preventivas frente a los funcionarios del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República que están desconociendo los efectos de la nulidad judicial”.La nulidad a la que se refiere el comunicado tiene que ver con el Decreto 1500 de 2018, firmado por Juan Manuel Santos, que también intentó delimitar el territorio. ¿Qué pasó con Petro y la comunidad Misak?En su momento, el argumento del Consejo de Estado fue que ese texto se expidió sin cumplir el requisito de la consulta previa con las comunidades wayuu y afrodescendientes de La Guajira: “Dicho decreto había impuesto más de 180 sitios y espacios sagrados sobre territorios ancestrales, resguardos y cementerios del Pueblo Wayuu, mediante cartografía irregular elaborada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”. Al parecer, el Gobierno Petro habría incurrido en lo mismo.