Tras casi tres semanas de bloqueo de carreteras en todo el país, movilizaciones callejeras y las ciudades vecinas de La Paz y El Alto prácticamente sitiadas, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con apenas seis meses en el cargo, intenta iniciar un diálogo para restablecer el orden. La situación empeoró este jueves al confirmarse la primera muerte provocada por la represión policial en el municipio de San Carlos.Una mezcla de promesas incumplidas de Paz, de malestar ciudadano, sindicatos eficazmente organizados, Evo Morales como agente opositor que intenta recuperar la iniciativa, y los intereses del narcotráfico se han mezclado en las últimas semanas para acercar a Bolivia al borde del abismo, con manifestaciones en contra del Gobierno pero también concentraciones de ciudadanos que piden el fin de los bloqueos. Los disturbios están dañando aún más una economía fuertemente castigada por la inflación y la escasez de combustible y, según fuentes gubernamentales, al menos cuatro personas han fallecido al no poder recibir atención médica por culpa de los bloqueos.Uno de los bloqueos en la ciudad de El Alto.Juan Karita / Ap-LaPresseCuando los alimentos, el petróleo y los medicamentos empiezan a escasear, Paz ha prometido acometer una remodelación del gobierno para acercarlo a la población y crear un consejo económico y social capaz de escuchar las demandas y de abrir un diálogo con los sectores sociales, pero ha matizado que “nunca hablaré con vándalos”, una referencia al expresidente socialista Evo Morales, que pretende capitalizar una oleada de movilizaciones de diversos colectivos para salir del acorralamiento judicial en el que está inmerso.El gobierno boliviano acusa al líder cocalero de impulsar las protestas, pero lo cierto es que el primer mandatario indígena de Bolivia se encuentra muy aislado en el Trópico de Cochabamba, una de las grandes zonas de producción de hoja de coca, donde se ha pertrechado rodeado de una comitiva armada de seguidores fieles. Sobre Morales pesa una orden de captura por no presentarse a un juicio sobre una relación que mantuvo con una menor cuando era presidente.MedidasPaz ha prometido una remodelación del Gobierno para acercarlo a la población y un consejo económico y social para atender las reclamaciones de los descontentosMorales, que rechaza la acusación y la encuadra dentro de una campaña de lawfare, está intentando controlar las protestas masivas en el país, pero en realidad conserva poca capacidad de convocatoria, como quedó demostrado en las últimas presidenciales, en las que promovió el voto nulo sin lograr el protagonismo deseado ni siquiera en la primera vuelta. El político aymara pretende llenar el vacío de figuras carismáticas dentro de los movimientos sociales y ha lanzado una oferta a Rodrigo Paz para convocar nuevas elecciones en un plazo de 90 días a cambio de acabar con los disturbios.Rodrigo Paz, que asumió la presidencia hace menos de siete meses, el 8 de noviembre de 2025, ha descartado la propuesta de Morales pero sus iniciativas para apaciguar el descontento social están fracasando. Tras el anuncio de remodelación ministerial y de pedir a sus ministros que pongan sus cargo a disposición, los sindicatos mayoritarios que sustentan el bloqueo volvieron a convocar marchas y manifestaciones a partir de este jueves, en la que se produjo el tiroteo policial que acabó con la vida de un manfestante.El problema para el presidente es que se ha mostrado tibio desde su nominación y que, ante protestas anteriores, acabó retractándose en dos momentos cruciales de su mandato. El primero fue en enero, cuando dio marcha atrás en la retirada de los subsidios al combustible, lo que encareció los precios y provocó las primeras protestas callejeras masivas. El segundo, este mes de mayo, cuando derogó una reforma agraria parcial, pero ni aun así logró aplacar las quejas de los campesinos.El malestar tiene múltiples frentes. Los transportistas están indignados por la gasolina de baja calidad que Rodrigo Paz importó para romper con la escasez de carburante y que ha averiado muchos vehículos, mientras que los campesinos exigen más suministro de combustible. La Central Obrera Boliviana (COB) y el sector educativo piden un aumento salarial y los mineros reivindican tener la posibilidad de poder explotar más yacimientos. La postura del Gobierno es que algunas de estas peticiones son legítimas pero que existen “fuerzas oscuras” que quieren desestabilizar la democracia, como dijo el portavoz presidencial, José Luis Gálvez. Otra vez el fantasma de Evo Morales.Un coche quemado durante las protestas en La Paz este martes. Freddy Barragan / Ap-LaPresseLos más de cincuenta puntos de bloqueo en las carreteras del país latinoamericano -la cantidad exacta va variando cada día conforme se desmantelan unos y se montan otros- han dejado un saldo de más de 5.000 vehículos dañados o abandonados, han paralizado el transporte y han provocado un fuerte desabastecimiento de productos básicos, lo que ha disparado los precios. Las protestas han vaciado las calles de La Paz, donde un kilo de pollo puede costar seis veces más que hace un mes. Esta subida de precios coyuntural se suma a una inflación del 20% en el último año. Según organizaciones empresariales, cada día de bloqueo supone unas pérdidas de 50 millones de dólares.Las imágenes de vehículos quemados, humaredas, lanzamiento de piedras y peleas recuerdan a las de la guerra del gas del 2003, aunque con menos violencia. De momento los encontronazos han sido menores, eso sí con importantes destrozos en la vía pública. Por aquel entonces la movilización funcionó y los disturbios, en los que hubo una sesentena de muertos, provocaron la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y una transición con Carlos Mesa hasta los comicios que encumbraron Evo Morales y al Movimiento al Socialismo (MAS) por primera vez, en 2006.Orden de detenciónEl Gobierno acusa a Evo Morales de la revuelta y el expresidente, que no goza de mucha capacidad de convocatoria, quiere capitalizar las protestas para escapar del acorralamiento judicialLo que ha cambiado en medio año en Bolivia es que sectores que antes eran masistas y toleraron el cambio hacia Rodrigo Paz y su vicepresidente Edmand Lara, ahora han salido a las calles para mostrar su descontento de la forma que históricamente se han planteado los retos al Gobierno, bloqueando y cortando carreteras. La novedad más reciente es que la COB y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, los dos actores más poderosos de las marchas, ya no se conforman con que el Gobierno satisfaga sus demandas, sino que han anunciado que no pararán hasta que dimita el presidente. Por eso el Gobierno ha dictado una orden de detención contra el líder de la COB, Mario Argollo.“La ideología no da de comer”, justificaba Paz en su triunfal campaña electoral para explicar su opción centrista. Paz contentó a los antiguos sectores masistas y a la burguesía aymara que prosperó en la era de Evo Morales con su indefinido “capitalismo para todos” y fue ayudado decisivamente por el populismo y el carisma entre las clases más desfavorecidas de Edmand Lara, su opción electoral para la vicepresidencia y excapitán de policía que hizo de la lucha contra la corrupción su bandera.Lee tambiénPaz rompió con Lara rompió incluso antes de la toma de posesión y el vicepresidente está ahora apartado de la acción de gobierno y ejerce de principal opositor de Paz, valiéndose de vídeos en Tik Tok que suelen viralizarse. Diputados oficialistas solicitaron este jueves la detención de Lara, a quien el Gobierno ya acusa directamente de haberse aliado con Evo Morales para provocar las movilizaciones sociales.La tercera vía de Paz está tropezando apenas seis meses después de poner fin a los mandatos masistas de Evo Morales (2006-19) y Luis Arce (2020-25). Los bolivianos mandaron el mensaje en las elecciones de octubre de 2025 de querer dejar atrás las dos décadas de ‘evismo’ pero al mismo tiempo rechazaron una vuelta de las oligarquías que controlaban el poder antes de Morales, representadas por la derecha tradicional de Tuto Quiroga, el rival de Paz en la segunda vuelta en las urnas.Camiones cisterna esperan en la ciudad fronteriza de San Antonio (Paraguay) a la espera de que se restablezca el orden en Bolivia. Cesar Olmedo / ReutersA Paz se le acusa de haberse acercado a las élites y haberse olvidado de escuchar a la calle. También le pesan las promesas incumplidas, como la que hizo de no recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien está negociando un préstamo de hasta 3.000 millones de dólares. En su época de esplendor, Evo Morales convirtió la ruptura con el FMI en un motivo de orgullo de las clases populares bolivianas.Paz está sobreviviendo ahora gracias al apoyo de los que no le votaron, hasta el punto que son sus no votantes los que no quieren que dimita, reflexiona el analista económico Javier Paz García en el periódico El Deber, el de mayor circulación en el país. Esa contradicción se entiende porque la alternativa sería aún peor para los sectores tradicionales que apoyaron a Quiroga. Por mandato constitucional, si Rodrigo Paz renunciara a la presidencia sería remplazado automáticamente por el vicepresidente Edmand Lara.El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, este miércoles, cuando anunció una remodelación de su gabinete para intentar superar la crisis. Juan Karita / Ap-LaPresseLos disturbios han coincidido con la orden de aprehensión de Evo Morales y con el regreso de la DEA a Bolivia, ausente del país durante dos décadas desde que fue expulsada por el líder cocalero cuando asumió la presidencia en 2006, lo que da crédito a la visión de muchos analistas que aseguran que el narcotráfico está financiando las semanas de protestas para intentar frenar la implantación de la agencia antidrogas estadounidense.Precisamente Washington, a través de Christopher Landau, el número dos del secretario de Estado Marco Rubio, ha asegurado que el narcotráfico está promoviendo los disturbios, que ha definido como un intento de derrocar al presidente electo democráticamente.Estados Unidos ha reiterado su pleno apoyo al presidente Paz, que también se ha despertado la solidaridad de Chile y Argentina, dos países vecinos gobernados ahora por la ultraderecha, que han enviado aviones con materiales de necesidad básica. En cambio, a raíz de la crisis, Bolivia ha decidido expulsar a la embajadora de Colombia en La Paz tras las declaraciones de Gustavo Petro. “Bolivia está viviendo una insurrección popular”, escribió el mandatario colombiano.Periodista, reportero y viajero. Redactor jefe de Narrativas Visuales de ‘La Vanguardia’. Profesor asociado del máster de periodismo BCN-NY de la UB. Premio Unicef (2001), Premi del Consell de Benestar Social (2002) y Premio Tiflos (2010)